Existe una virtud de la que se habla poco en política porque suele confundirse con debilidad. No genera aplausos multitudinarios, no produce discursos encendidos ni llena plazas públicas. Sin embargo, es uno de los pilares invisibles sobre los que descansan las sociedades libres: la humildad. La humildad para reconocer errores, para escuchar críticas, para aceptar límites y, sobre todo, para admitir que nadie posee el monopolio de la verdad. Cuando esa virtud desaparece del ejercicio del poder, las democracias comienzan a enfrentar uno de sus mayores riesgos.
Muchos crecimos escuchando aquella vieja cancioncilla infantil: “No oigo, no oigo, soy de palo; tengo orejas de pescado”. Era la fórmula perfecta para ignorar cualquier argumento incómodo. Bastaba repetirla para fingir que el mundo exterior dejaba de existir. Era una travesura propia de la infancia, una forma ingenua de creer que la realidad podía modificarse simplemente negándola. Con el tiempo entendimos que las cosas no funcionan así. O al menos eso suponíamos.
La vida pública debería partir de esa misma enseñanza elemental. Ninguna persona está exenta de equivocarse. Ningún gobernante posee conocimiento absoluto. Ningún partido político tiene siempre la razón. Precisamente por eso existen las elecciones, los congresos, los tribunales, los organismos autónomos, los medios de comunicación y los distintos mecanismos de vigilancia institucional. Todos responden a una misma lógica: la necesidad de establecer límites porque los seres humanos son falibles.
La democracia no se construyó sobre la idea de líderes perfectos, sino sobre la certeza de que la perfección no existe. Su fortaleza radica justamente en la posibilidad de corregir errores, rectificar decisiones y someter el poder al escrutinio permanente. Por eso resulta preocupante cuando algunos dirigentes dejan de contemplar siquiera la posibilidad de estar equivocados.
El problema no aparece cuando un gobernante defiende con firmeza sus convicciones. Tampoco cuando sostiene una posición política clara. Eso forma parte natural de la competencia democrática. El riesgo surge cuando desaparece la duda. Cuando cualquier crítica es considerada un ataque. Cuando toda discrepancia se interpreta como traición. Cuando los hechos dejan de ser elementos de análisis y se convierten en obstáculos para una narrativa previamente construida.
Es entonces cuando empiezan a manifestarse patrones que la historia conoce demasiado bien. Una elección es impecable si se gana, pero fraudulenta si se pierde. Una encuesta es confiable cuando favorece y manipulada cuando contradice. Un juez es honorable si coincide y corrupto si discrepa. La prensa es libre cuando aplaude y enemiga cuando cuestiona. Los aliados son valiosos mientras obedecen y se convierten en adversarios cuando expresan reservas.
Lo preocupante es que este fenómeno no pertenece a una sola ideología ni a una sola región del mundo. Aparece en gobiernos de izquierda y de derecha, en democracias consolidadas y en regímenes autoritarios. Miguel Díaz-Canel insiste en presentar como modelo de participación popular un sistema donde la competencia política efectiva es prácticamente inexistente. Daniel Ortega transformó una revolución que prometía pluralidad en un régimen donde la disidencia enfrenta persecución. Vladimir Putin ha construido durante años una narrativa donde Rusia rara vez reconoce errores propios y siempre actúa como respuesta a amenazas externas. Donald Trump ha sostenido reiteradamente que las elecciones son legítimas cuando lo favorecen y sospechosas cuando los resultados le resultan adversos.
Los nombres cambian. Las ideologías cambian. Los discursos cambian. Lo que permanece es la misma tentación: la de sustituir la realidad por una verdad personal.
Tal vez por eso resultan tan reveladoras ciertas escenas que se repiten con frecuencia en distintas latitudes. Periodistas convertidos en enemigos por formular preguntas incómodas. Medios acusados de conspirar contra el país. Jueces cuestionados por no complacer al poder. Instituciones desacreditadas cuando funcionan con independencia. Ciudadanos etiquetados como adversarios simplemente por disentir.
Existe una paradoja particularmente interesante. Nunca tantos líderes han insistido en afirmar que cuentan con un respaldo absoluto mientras dedican tanto tiempo a combatir a quienes supuestamente representan una minoría irrelevante. Si todos los apoyan, resulta difícil entender la necesidad permanente de confrontar críticos, periodistas, académicos, organizaciones civiles o voces independientes. Si la verdad es tan evidente, la obsesión por imponerla parecería innecesaria.
La historia ofrece innumerables ejemplos sobre los peligros de esa actitud. Napoleón terminó convencido de que Europa podía acomodarse indefinidamente a sus ambiciones. Hitler llegó a creer que la realidad militar acabaría obedeciendo sus deseos. Stalin convirtió la discrepancia en traición. Mao transformó errores evidentes en dogmas incuestionables. Ninguno comenzó rechazando la realidad de manera abierta. Todos iniciaron creyéndose excepcionalmente capaces de interpretarla. El problema apareció cuando dejaron de distinguir entre interpretar los hechos y sustituirlos.
Los hechos tienen una característica profundamente incómoda para cualquier forma de autoritarismo: existen independientemente de nuestra voluntad. La inflación no desaparece porque alguien la niegue. Los problemas de seguridad no se resuelven porque se minimicen. Las derrotas no se convierten en victorias por decreto. Las crisis no desaparecen porque se les cambie de nombre. La realidad puede retrasarse, ocultarse o maquillarse temporalmente, pero termina imponiéndose.
Por eso la humildad no es una virtud menor dentro de la vida democrática. Es una condición indispensable para su supervivencia. La humildad permite escuchar antes de responder. Permite corregir antes de agravar los errores. Permite aceptar que incluso los adversarios pueden tener razón en algún punto. Permite comprender que el desacuerdo no constituye una amenaza, sino una herramienta de mejora colectiva.
Cuando esa humildad desaparece, las instituciones se convierten en obstáculos, la prensa en enemiga, los tribunales en estorbos y los hechos en una molestia. El gobernante deja de considerarse un servidor público sujeto a reglas y comienza a verse como la encarnación misma de la voluntad popular. Es ahí donde la democracia empieza a debilitarse.
La gran lección de la historia es que los problemas más graves no comienzan cuando alguien cree tener razón. Todos creemos tener razón alguna vez. Comienzan cuando alguien deja de admitir la posibilidad de estar equivocado. Comienzan cuando desaparece la duda. Comienzan cuando la crítica deja de verse como un contrapeso necesario y se convierte en un acto de hostilidad.
La democracia exige algo que los autoritarismos detestan: humildad. La humildad para reconocer errores, aceptar derrotas, escuchar críticas y comprender que ninguna persona está por encima de los hechos. Porque cuando la humildad desaparece, la verdad deja de buscarse y comienza a imponerse. Y cuando eso ocurre, la realidad termina recordando, tarde o temprano, una lección que ningún gobernante ha conseguido derrotar: ningún poder es más fuerte que los hechos.
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