Hay frases que retratan a un gobernante mucho mejor que cualquier discurso preparado. Daniel Ortega acaba de pronunciar una de ellas. Al asegurar que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para impedir que la oposición “atrape el gobierno”, dejó al descubierto lo que durante años intentó disfrazar bajo el argumento de la estabilidad, la soberanía y la voluntad popular. Ya no hay máscaras. Ya no hay simulación. Lo que existe es la confesión abierta de un régimen que decidió prescindir incluso de las apariencias democráticas.
No es una declaración cualquiera. Es el reconocimiento de que el poder dejó de pertenecer a los ciudadanos para convertirse en patrimonio de una familia. Ortega ya no habla como un presidente sujeto a la ley. Habla como quien se considera dueño del Estado, de las instituciones y del destino de millones de personas.
La historia latinoamericana está llena de líderes que llegaron al poder prometiendo justicia social, igualdad y transformación. Muchos de ellos terminaron convencidos de que eran indispensables para sus pueblos y que, por esa razón, cualquier mecanismo democrático podía convertirse en un obstáculo. Ortega es quizá uno de los ejemplos más dramáticos de esa metamorfosis.
Resulta paradójico que quien alguna vez encabezó una revolución contra una dictadura termine reproduciendo los mismos métodos que combatió. La revolución sandinista nació bajo la bandera de la libertad y la lucha contra el autoritarismo de Anastasio Somoza. Décadas después, Nicaragua vuelve a estar sometida a un esquema de concentración absoluta del poder, con un apellido distinto, pero con prácticas sorprendentemente parecidas.
El problema no es únicamente que Ortega permanezca en la Presidencia desde hace tantos años. Existen países donde los mandatarios pueden reelegirse bajo reglas democráticas y con elecciones auténticamente competitivas. La diferencia radica en que allí existe la posibilidad real de perder. En Nicaragua, esa posibilidad desapareció hace mucho tiempo.
Los principales líderes opositores fueron encarcelados antes de las elecciones de 2021. Otros tuvieron que exiliarse. Medios de comunicación independientes fueron cerrados. Organizaciones civiles perdieron su registro legal. Universidades fueron intervenidas. La Iglesia católica sufrió persecución. Cualquier voz crítica comenzó a ser considerada enemiga del Estado.
En ese contexto, hablar de elecciones ya era una ficción. Lo novedoso ahora es que Ortega decidió eliminar incluso esa ficción. Ya no pretende convencer al mundo de que existe competencia política. Simplemente afirma que no habrá más.
Esa sinceridad brutal debería preocupar mucho más de lo que parece. Cuando un gobernante deja de sentir la necesidad de justificar sus abusos es porque considera que ya no existen contrapesos capaces de limitarlo.
Más inquietante aún resulta la consolidación del poder compartido con su esposa, Rosario Murillo. Nicaragua ha evolucionado hacia un modelo donde las decisiones fundamentales se concentran en un núcleo familiar que controla prácticamente todos los resortes institucionales. Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, órganos electorales y buena parte de los medios oficiales responden a una misma lógica de subordinación.
Eso ya no es simplemente un gobierno fuerte. Es la captura total del Estado.
Las dictaduras del siglo XXI ya no necesariamente recurren a los golpes militares clásicos. Aprendieron que resulta mucho más eficaz apropiarse gradualmente de las instituciones utilizando las propias reglas democráticas hasta vaciarlas de contenido. Se mantienen congresos, tribunales y organismos electorales, pero dejan de funcionar como contrapesos para convertirse en oficinas de trámite del gobernante en turno.
Es un modelo mucho más sofisticado y, por ello mismo, más peligroso.
La comunidad internacional lleva años condenando las acciones del régimen nicaragüense. Estados Unidos, la Unión Europea y diversos organismos multilaterales han impuesto sanciones y denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, los resultados han sido limitados.
Las sanciones afectan, pero no necesariamente modifican el comportamiento de quienes concentran el poder absoluto. Al contrario, muchas veces terminan alimentando el discurso victimista de los gobiernos autoritarios, que presentan cualquier crítica como parte de una conspiración extranjera.
Mientras tanto, quienes pagan el costo son los ciudadanos comunes. Miles de nicaragüenses han abandonado su país buscando oportunidades y libertad. Otros permanecen dentro enfrentando restricciones crecientes para expresar sus ideas, organizarse políticamente o simplemente disentir.
Lo verdaderamente alarmante es que el caso de Nicaragua no debe analizarse como una excepción aislada. Es una advertencia para toda la región.
La democracia nunca desaparece de un día para otro. Se erosiona lentamente. Primero se desacredita a la oposición. Después se debilitan los organismos autónomos. Más tarde se somete al Poder Judicial. Luego se intimida a la prensa. Finalmente, cuando ya no quedan contrapesos, el gobernante concluye que las elecciones resultan innecesarias.
La ruta suele ser la misma. Cambian los nombres, cambian los discursos ideológicos, pero el destino es idéntico.
Por eso resulta tan peligroso normalizar cualquier intento de concentración excesiva del poder. No importa si proviene de gobiernos de izquierda, de derecha o de cualquier otra etiqueta política. El autoritarismo no tiene ideología permanente; tiene intereses. Su único objetivo consiste en perpetuarse.
También conviene recordar que ningún gobernante llega diciendo que pretende convertirse en dictador. Todos hablan inicialmente de combatir la corrupción, acabar con los privilegios o rescatar al pueblo. El problema comienza cuando concluyen que únicamente ellos representan esa voluntad popular y que cualquier oposición constituye una amenaza que debe eliminarse.
Es exactamente el razonamiento que Ortega acaba de expresar con absoluta claridad. Según su lógica, las elecciones representan un riesgo porque podrían permitir que otros lleguen al gobierno. Es decir, considera que la alternancia, esencia misma de cualquier democracia, debe desaparecer.
Esa confesión elimina cualquier margen para las interpretaciones. Ya no estamos frente a un gobierno que enfrenta cuestionamientos democráticos. Estamos frente a un régimen que anuncia públicamente el fin del voto como instrumento para decidir quién gobierna.
La mayor tragedia es que generaciones enteras de nicaragüenses crecieron creyendo que la lucha contra la dictadura había valido la pena. Hoy descubren que la historia puede repetirse cuando quienes prometieron liberar a un pueblo terminan encarcelándolo nuevamente.
El poder absoluto suele convencerse de que será eterno. La historia demuestra exactamente lo contrario. Ningún régimen autoritario ha logrado derrotar para siempre el deseo de libertad. Tarde o temprano las sociedades encuentran caminos para recuperar sus derechos, aunque el costo humano sea enorme.
Sin embargo, ese desenlace nunca llega sin sufrimiento. Antes aparecen la persecución, el miedo, el exilio, la censura y la resignación. Nicaragua atraviesa precisamente esa etapa.
Las palabras de Daniel Ortega no representan una muestra de fortaleza. Son la evidencia de un gobierno que ya no confía ni siquiera en la posibilidad de ganar una elección auténtica. Cuando un mandatario necesita cancelar el derecho de los ciudadanos a elegir, reconoce implícitamente que perdió algo mucho más importante que una votación: perdió la legitimidad.
Y cuando un gobernante le teme al voto, no está defendiendo al país. Está defendiendo únicamente su permanencia en el poder. Ese es el sello inequívoco de toda dictadura, sin importar el nombre que decida ponerse.
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