Hay momentos en que la economía deja de comportarse como una ciencia de cifras y comienza a funcionar como un espejo de los temores políticos. Las decisiones de los bancos centrales, el precio del petróleo, los conflictos armados y las declaraciones de los gobiernos terminan conectándose en una misma cadena de incertidumbre. Lo ocurrido este 16 de septiembre confirma que la estabilidad económica mundial depende cada vez más de acontecimientos que suceden lejos de los mercados financieros, pero que terminan afectando el bolsillo de millones de personas.
La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta un rango de entre 3.75 y 4 por ciento. Se trata del primer incremento en más de tres años y ocurre en un contexto de inflación persistente, precios elevados de la energía y tensiones geopolíticas relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. La decisión muestra que el combate contra la inflación vuelve a ocupar un lugar prioritario, incluso cuando el aumento del costo del dinero puede frenar el consumo, la inversión y el crecimiento.
La medida también exhibe una tensión política que no debería pasar inadvertida. Mientras el presidente Donald Trump ha defendido públicamente la necesidad de reducir las tasas para estimular la economía, la Reserva Federal sostiene que su responsabilidad consiste en atender las condiciones económicas y preservar la estabilidad de precios. Esa diferencia no es un simple desacuerdo administrativo. Cuando un gobierno intenta presionar a la autoridad monetaria, se pone en juego la confianza de los inversionistas y la credibilidad de las instituciones encargadas de conducir la política económica.
Una economía no se estabiliza mediante órdenes ni discursos. Tampoco puede sostenerse indefinidamente sobre la expectativa de que el crédito barato resolverá todos sus problemas. Reducir las tasas puede estimular la actividad, pero hacerlo cuando la inflación continúa elevada puede terminar agravando el problema. Aumentarlas, por otra parte, puede contener los precios a costa de encarecer los préstamos y reducir las oportunidades para empresas y familias. La dificultad consiste en encontrar un equilibrio que no sacrifique el crecimiento ni traslade el costo de los errores a quienes tienen menos margen de maniobra.
El escenario internacional complica todavía más esa tarea. Los ataques contra infraestructura energética y las interrupciones en las rutas de suministro han presionado los precios del petróleo y los costos del transporte. Cuando la energía se encarece, sus efectos no se limitan a las gasolineras. Se trasladan a la producción de alimentos, la industria, la logística, los servicios y los productos de consumo cotidiano. La inflación energética termina siendo una especie de impuesto indirecto que golpea con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos.
La paradoja es evidente: los gobiernos buscan proteger sus economías mediante medidas nacionales, pero las causas de buena parte de sus problemas son internacionales. Ningún banco central puede controlar por sí solo el precio del petróleo provocado por una crisis militar. Ningún ministerio de economía puede garantizar cadenas de suministro estables cuando los corredores comerciales están amenazados. Y ningún país puede aislarse completamente de una economía mundial en la que el dinero, la energía, las mercancías y la información cruzan fronteras a una velocidad extraordinaria.
Por eso resulta preocupante que la respuesta dominante siga siendo la competencia entre bloques, la imposición de barreras y la utilización de la economía como instrumento de presión. Las disputas comerciales y las tensiones geopolíticas no solamente modifican las estadísticas de exportación. También encarecen la inversión, obligan a las empresas a reorganizar sus cadenas productivas y generan incertidumbre para quienes necesitan planear a mediano y largo plazo.
México no está al margen de esa realidad. La relación económica con Estados Unidos representa una oportunidad importante, pero también expone al país a decisiones monetarias, comerciales y políticas tomadas fuera de su territorio. Una tasa de interés más alta en Estados Unidos puede influir en los flujos de capital, el tipo de cambio y las condiciones financieras mexicanas. El encarecimiento de los energéticos puede elevar los costos de producción y transporte. Y la incertidumbre comercial puede retrasar proyectos de inversión que requieren reglas claras y horizontes previsibles.
Frente a ese panorama, la respuesta no puede reducirse a esperar que el entorno internacional se vuelva favorable. México necesita fortalecer sus capacidades internas: infraestructura, energía confiable, formación laboral, innovación, seguridad jurídica y diversificación comercial. La atracción de inversiones no se garantiza únicamente por la cercanía con el mercado estadounidense. También depende de que existan condiciones para producir, transportar, capacitar trabajadores y desarrollar proveedores nacionales.
La formación para el trabajo adquiere, en este contexto, una importancia que con frecuencia se subestima. En un entorno de transformación tecnológica, reubicación de cadenas productivas y presión sobre la productividad, la capacitación deja de ser un complemento y se convierte en una herramienta de adaptación económica. Los trabajadores necesitan actualizar sus conocimientos; las empresas requieren personal capaz de responder a nuevos procesos; y las regiones deben desarrollar habilidades vinculadas con sus propias oportunidades productivas.
Pero tampoco sería suficiente con pedirle a la población que se adapte individualmente a cada crisis. La responsabilidad debe distribuirse entre gobiernos, empresas e instituciones educativas. No es razonable exigir mayor productividad sin ofrecer acceso a capacitación. No es coherente reclamar competitividad mientras se mantienen rezagos en infraestructura. Y no es sostenible hablar de crecimiento cuando amplios sectores de la población permanecen excluidos de las oportunidades que generan las nuevas inversiones.
El mundo enfrenta una etapa en la que las decisiones económicas se toman bajo presión permanente. Los bancos centrales responden a la inflación; los gobiernos reaccionan ante conflictos; las empresas intentan proteger sus suministros; y las familias ajustan sus gastos para resistir el encarecimiento de la vida. En ese escenario, la incertidumbre se convierte en un costo adicional que pocas veces aparece en los presupuestos oficiales, pero que afecta directamente la confianza y las expectativas.
El desafío no consiste en prometer que las crisis desaparecerán. Eso sería poco realista. Consiste en construir instituciones capaces de responder con responsabilidad, transparencia y coordinación. La autonomía de los bancos centrales, la cooperación internacional, la diversificación productiva y las políticas de protección social no son lujos para tiempos tranquilos. Son instrumentos indispensables cuando las condiciones externas se deterioran.
La economía mundial no necesita más decisiones improvisadas ni dirigentes convencidos de que la presión política puede sustituir a la planeación. Necesita reglas confiables, cooperación y capacidad para reconocer que los costos de una crisis nunca se distribuyen de manera uniforme.
Mientras las grandes potencias discuten tasas, aranceles, energía y zonas de influencia, millones de personas enfrentan una preocupación mucho más concreta: cuánto costará llenar el tanque, pagar una hipoteca, mantener un negocio o comprar alimentos la próxima semana.
Ese es el verdadero precio de la incertidumbre. Y también la medida con la que deberían evaluarse las decisiones económicas de nuestro tiempo.
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