La confesión de Daniel Ortega no tardó en recorrer el mundo. Lo que el dictador presentó como una decisión para preservar la estabilidad de Nicaragua fue recibido, dentro y fuera de sus fronteras, como la confirmación definitiva de que el régimen sandinista ha dejado atrás cualquier vestigio de democracia. Nadie con un mínimo compromiso con las libertades pudo interpretar de otra manera la frase con la que anunció que en su país no volverá a haber elecciones.
Las reacciones internacionales fueron inmediatas y, en esta ocasión, mucho más severas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que Nicaragua atraviesa un deterioro extremo de las libertades civiles y políticas, advirtió que el espacio cívico se encuentra prácticamente clausurado y sostuvo que impedir la participación de cualquier oposición en las urnas constituye un paso más hacia la supresión absoluta de los derechos fundamentales. Además, exigió la liberación de decenas de presos políticos que permanecen encarcelados de manera arbitraria.
Desde Washington también llegó una condena contundente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la decisión como un nuevo atropello contra la democracia y una prueba más de que el régimen de Ortega ha decidido gobernar únicamente mediante la represión y el control absoluto del poder. La crítica se sumó a una larga lista de cuestionamientos que desde hace años acompañan al gobierno nicaragüense, aunque ahora con un elemento distinto: ya no se denuncia una deriva autoritaria, sino la declaración pública de una dictadura que decidió abolir la alternancia política.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, completamente subordinada al matrimonio Ortega-Murillo, tampoco perdió tiempo. Apenas horas después del discurso presidencial comenzó a preparar las modificaciones legales para convertir aquella declaración política en una realidad constitucional. El mensaje es inequívoco: cuando el Poder Legislativo deja de representar a la sociedad y se convierte en una oficina de trámites del Ejecutivo, las leyes dejan de proteger a los ciudadanos y comienzan a blindar al gobernante.
Mientras tanto, la oposición nicaragüense, dispersa por el exilio, reaccionó con una mezcla de indignación y certeza. Félix Maradiaga, uno de los principales dirigentes opositores encarcelados antes de los comicios de 2021 y posteriormente expulsado del país, resumió el momento con una frase demoledora: las palabras de Ortega “no constituyen una demostración de fuerza, sino una confesión de miedo”. Difícil encontrar una definición más precisa. Ningún gobernante cancela las elecciones porque se siente invencible; lo hace porque sabe que el respaldo popular ya no le alcanza para sostenerse mediante el voto libre.
Paradójicamente, Ortega terminó otorgándole a la oposición el argumento más sólido que jamás pudo construir por sí sola. Durante años denunció fraude electoral, persecución política y captura institucional. El régimen siempre respondió negándolo todo. Ahora fue el propio Ortega quien confirmó que nunca existió la intención de permitir una competencia democrática. Su declaración equivale a una confesión judicial pronunciada desde la tribuna del poder.
El silencio de algunos gobiernos latinoamericanos también merece atención. Mientras las democracias consolidadas condenan sin matices la decisión del régimen, otros prefieren refugiarse en la vieja doctrina de la no intervención.
También resulta preocupante la tibieza con la que algunos organismos regionales han reaccionado frente a una declaración de semejante gravedad. La democracia no puede defenderse con comunicados ambiguos ni con llamados genéricos al diálogo cuando un gobernante anuncia, sin el menor rubor, que los ciudadanos perderán el derecho a elegir a sus autoridades. En estos casos no caben las medias tintas. La neutralidad frente al autoritarismo termina favoreciendo al autoritarismo. Cuando las instituciones internacionales dudan en llamar dictadura a una dictadura, envían un mensaje de impunidad que otros gobernantes con vocación autocrática observan con atención.
Porque cuando un gobierno anuncia que eliminará las elecciones, ya no estamos frente a un asunto interno. Estamos frente a la negación de uno de los principios fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático interamericano. Guardar silencio frente a ello equivale a aceptar que los derechos políticos pueden convertirse en una concesión del gobernante y no en una garantía de los ciudadanos.
El problema trasciende las fronteras de Nicaragua. Las dictaduras rara vez permanecen aisladas. Buscan legitimarse unas a otras, intercambian apoyo político, cooperación económica y respaldo diplomático. El autoritarismo también construye alianzas. Por eso cada retroceso democrático en un país termina debilitando a toda la región.
La experiencia latinoamericana debería haber dejado una lección suficiente. Ninguna dictadura comenzó prohibiendo elecciones desde el primer día. Primero capturó las instituciones, después silenció a la prensa, más tarde encarceló a la oposición y, finalmente, concluyó que las urnas eran un trámite innecesario. Ortega simplemente decidió ahorrar el último acto de esa representación.
Lo más inquietante es que el régimen ya ni siquiera considera necesario justificar sus decisiones ante la comunidad internacional. Actúa con la certeza de que las condenas diplomáticas tendrán un costo limitado y de que el paso del tiempo terminará desplazando el tema de la agenda global. Esa ha sido, lamentablemente, la historia reciente de muchas dictaduras: sobreviven porque el mundo se acostumbra a ellas.
Sin embargo, existe una diferencia entre tolerar una simulación democrática y aceptar abiertamente la desaparición del voto. Daniel Ortega cruzó esa línea. Ya no gobierna ocultando sus intenciones; gobierna proclamándolas.
La historia juzgará con dureza esa confesión. Pero también juzgará a quienes, pudiendo alzar la voz, optaron por el silencio, la tibieza o el cálculo político. Porque las dictaduras no solo sobreviven gracias a quienes las construyen. También se fortalecen con la indiferencia de quienes prefieren mirar hacia otro lado mientras la libertad desaparece. Y esa indiferencia, tantas veces disfrazada de prudencia, suele ser el mejor aliado de los tiranos.
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