Hay una señal que suele anunciar el deterioro de una democracia mucho antes de que desaparezcan las elecciones o se clausuren los congresos. Es el momento en que quienes gobiernan dejan de preocuparse por guardar las apariencias. Ya no sienten la necesidad de justificar sus excesos, de ocultar los conflictos de interés o de responder con argumentos a las denuncias. Actúan convencidos de que el poder les pertenece y de que una parte importante de la sociedad defenderá cualquier decisión, por cuestionable que sea. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un accidente del sistema para convertirse en una característica del propio ejercicio del poder.
La corrupción rara vez comienza con un soborno o con un contrato amañado. Su origen suele ser más sutil: nace cuando un gobernante pierde la noción de los límites entre lo público y lo privado, cuando considera que el cargo le concede privilegios personales y cuando empieza a creer que la legitimidad obtenida en las urnas equivale a una licencia para actuar sin controles.
El proceso es casi siempre el mismo. Primero aparece una irregularidad presentada como un hecho aislado. Después llegan las descalificaciones contra quienes la denuncian. Más tarde se acusa a jueces, periodistas y organismos de control de formar parte de una conspiración. Finalmente, el abuso deja de ocultarse porque ya no genera costo político. Al contrario, se presume como demostración de fuerza.
En ese punto la corrupción deja de ser únicamente un problema jurídico. Se transforma en una cultura política.
Durante décadas, un escándalo podía obligar a un funcionario a ofrecer explicaciones, renunciar o al menos fingir respeto por las instituciones. Hoy proliferan gobernantes que responden con insultos, propaganda o ataques personales. No buscan convencer mediante pruebas; pretenden desacreditar a quien pregunta. El objetivo ya no consiste en demostrar inocencia, sino en lograr que la sociedad deje de distinguir entre verdad y mentira.
Donald Trump representa uno de los casos más visibles de esta nueva lógica política. Ha convertido la confrontación permanente en método de gobierno y la provocación en herramienta de comunicación. Sus constantes conflictos con jueces, fiscales, medios de comunicación y organismos de supervisión forman parte de una estrategia donde cada polémica sustituye rápidamente a la anterior.
Las recientes controversias relacionadas con su empresa de medios y con mecanismos que podrían permitir a determinados inversionistas acceder anticipadamente a información con potencial impacto financiero reabrieron un debate de fondo: ¿hasta dónde puede mezclarse el poder presidencial con intereses empresariales privados sin comprometer la ética pública? Incluso cuando determinadas conductas no concluyan en responsabilidades penales, subsiste una obligación mucho más amplia: preservar la confianza ciudadana evitando cualquier apariencia de beneficio personal derivado del cargo.
Trump parece haber entendido que la mejor manera de neutralizar el escándalo consiste en producir uno nuevo antes de que el anterior alcance consecuencias políticas. La saturación informativa termina agotando la capacidad de indignación de la opinión pública.
Sin embargo, la corrupción no siempre adopta el mismo rostro. En algunos países se expresa mediante elecciones aparentemente competitivas; en otros, mediante dictaduras abiertas.
Venezuela constituye un ejemplo de cómo las estructuras de poder sobreviven incluso cuando cambian algunos de sus protagonistas. Organismos internacionales continúan documentando restricciones a las libertades, detenciones por motivos políticos y permanencia de aparatos represivos construidos durante el gobierno de Nicolás Maduro. La continuidad institucional de esas prácticas demuestra que sustituir nombres no basta cuando permanecen intactos los mecanismos que garantizan la impunidad.
El mismo fenómeno puede observarse en Irán. Mientras el régimen mantiene su confrontación con Occidente y utiliza los conflictos internacionales para fortalecer el discurso nacionalista, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones y represión sistemática contra quienes cuestionan al gobierno. El enemigo externo termina convirtiéndose en el argumento perfecto para justificar la persecución interna.
Corea del Norte representa la expresión más extrema de esa apropiación del Estado. Allí el poder dejó hace mucho de pertenecer a las instituciones para convertirse prácticamente en patrimonio familiar. La corrupción ya no consiste únicamente en el desvío de recursos públicos, sino en la apropiación absoluta del país por una dinastía que identifica sus propios intereses con los de toda la nación.
Cuba ofrece otra variante del mismo problema. La permanencia de un sistema cerrado, la ausencia de pluralismo político, la falta de transparencia y la persecución de la disidencia se siguen justificando en nombre de una revolución ocurrida hace más de seis décadas. Incluso cuando un gobierno presume austeridad, puede incurrir en una profunda corrupción política si impide el escrutinio ciudadano y concentra privilegios fuera de cualquier mecanismo de rendición de cuentas.
En Rusia, Vladimir Putin ha consolidado un modelo donde el poder político, los organismos de seguridad, los intereses económicos estratégicos y las grandes fortunas forman parte de una misma estructura. La lealtad garantiza protección; la discrepancia suele conducir al aislamiento, la persecución o el exilio. La corrupción deja entonces de ser únicamente un mecanismo de enriquecimiento para convertirse también en instrumento de control político.
No todos estos casos son idénticos. Sería irresponsable equiparar una democracia imperfecta con una dictadura cerrada. Sin embargo, todos comparten señales de alarma que deberían preocupar a cualquier sociedad: concentración excesiva del poder, debilitamiento de los órganos autónomos, hostilidad contra la prensa, utilización política de la justicia, protección de los allegados y desprecio por la transparencia.
Incluso gobiernos que llegaron prometiendo combatir la corrupción enfrentan pronto el riesgo de reproducir las mismas prácticas que criticaban. Javier Milei construyó buena parte de su legitimidad denunciando a la denominada “casta” política. No obstante, investigaciones y cuestionamientos dirigidos contra integrantes de su administración demostraron que ningún proyecto está exento del deber de rendir cuentas. Precisamente quien hace de la honestidad su principal bandera adquiere una responsabilidad aún mayor de explicar cualquier sospecha.
La corrupción más dañina no siempre es la que vacía las arcas públicas. Es la que vacía de contenido moral a las instituciones. Es aquella que enseña a los funcionarios que la obediencia vale más que la capacidad; a los jueces, que resulta más seguro complacer al poder; a los empresarios, que conviene invertir en relaciones políticas antes que en productividad; a los periodistas, que investigar puede costarles su libertad; y a los ciudadanos, que denunciar no sirve para nada.
La corrupción no distingue entre izquierdas y derechas, entre gobiernos conservadores o progresistas, entre proyectos nacionalistas o liberales. El nepotismo, el conflicto de interés, la represión, la mentira y el abuso de autoridad conservan la misma gravedad sin importar quién los cometa.
Combatirla exige fiscalías autónomas, tribunales independientes, órganos de control eficaces, transparencia, prensa libre y protección para quienes denuncian. Pero también requiere ciudadanos capaces de aplicar el mismo criterio a quienes apoyan y a quienes rechazan. Sin esa coherencia, la exigencia ética se convierte en simple herramienta de confrontación política.
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