Las democracias no suelen morir de un solo golpe. Rara vez desaparecen de un día para otro mediante tanques en las calles o cuarteles tomando los edificios públicos. Lo más común es que se deterioren lentamente cuando quienes deberían ser los primeros en respetar las reglas comienzan a cuestionarlas, desacreditarlas o condicionarlas a su conveniencia.
Eso es precisamente lo que hoy preocupa en Colombia.
A unos días de la segunda vuelta presidencial, el ambiente político colombiano se encuentra cargado de tensión. La contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha dejado de ser únicamente una disputa entre proyectos ideológicos para convertirse en una batalla por la legitimidad de las instituciones y por la estabilidad democrática de una nación que durante décadas ha tenido que convivir con profundas fracturas políticas y sociales.
En ese contexto, las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro han generado enorme controversia. El mandatario ha advertido que, si la derecha llega al poder, él mismo estaría en las calles junto a su pueblo defendiendo lo que considera la justicia social. Sus expresiones han sido interpretadas por amplios sectores como una amenaza de desconocer una eventual derrota del proyecto político que encabeza.
Más allá de simpatías o antipatías hacia Petro, Cepeda o De la Espriella, el fondo del asunto es mucho más delicado.
En una democracia auténtica, el respeto a los resultados electorales constituye una obligación moral y política. No es opcional. No depende de si el ganador nos agrada o nos desagrada. No se puede aceptar únicamente cuando triunfan los nuestros y rechazar cuando vence el adversario.
Esa regla elemental es la que permite la convivencia democrática.
Por supuesto, cualquier irregularidad debe investigarse. Toda denuncia merece ser revisada. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta sembrar sospechas generalizadas sobre el proceso electoral antes de que existan pruebas concluyentes. Diversos observadores internacionales han señalado que no encontraron evidencias que permitan sostener la existencia de un fraude sistemático en la elección colombiana.
Lo preocupante es que las acusaciones y advertencias no provienen de un dirigente opositor cualquiera, sino del propio jefe del Estado.
Cuando un presidente sugiere que la voluntad popular podría no ser válida si favorece al adversario, se abre una peligrosa puerta. Porque entonces la discusión deja de ser quién ganó y pasa a ser quién está dispuesto a reconocer la derrota.
La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de líderes que terminaron confundiendo el respaldo popular con una especie de licencia permanente para permanecer en el poder o para actuar por encima de las instituciones.
La tentación suele ser la misma: presentarse como la voz exclusiva del pueblo y descalificar cualquier resultado que contradiga esa narrativa.
En los últimos días, Petro también ha cuestionado diversos aspectos del proceso electoral y ha expresado dudas sobre los resultados preliminares de la primera vuelta. Sus declaraciones han provocado una fuerte reacción de sus adversarios políticos, quienes lo acusan de preparar el terreno para desconocer una eventual derrota de Iván Cepeda.
Naturalmente, desde el oficialismo se sostiene una versión distinta. Los seguidores del presidente afirman que sus advertencias buscan prevenir riesgos para la democracia y alertar sobre lo que consideran una amenaza representada por sectores de extrema derecha. El propio Cepeda ha descrito a De la Espriella como un riesgo para las instituciones democráticas.
Y ahí aparece otro fenómeno igualmente preocupante.
Cada bando parece convencido de que el otro representa el fin de la democracia.
La izquierda asegura que una victoria de la derecha significaría un retroceso histórico en derechos sociales y libertades políticas. La derecha sostiene que un triunfo del oficialismo consolidaría un modelo autoritario disfrazado de transformación social.
Cuando ambas partes llegan a ese punto de polarización extrema, el adversario deja de ser un competidor legítimo y se convierte en un enemigo al que hay que derrotar a cualquier costo.
Ese es el terreno más fértil para las crisis institucionales.
La democracia exige exactamente lo contrario. Exige aceptar que pueden existir proyectos distintos para un mismo país. Exige reconocer que ninguna fuerza política tiene el monopolio de la verdad ni de la representación popular. Exige entender que las elecciones son mecanismos para resolver diferencias, no para profundizarlas.
Colombia enfrenta una decisión trascendental. Los ciudadanos elegirán entre dos visiones claramente opuestas sobre el futuro nacional. Esa es la esencia misma de la democracia.
Pero independientemente de quién resulte vencedor, lo verdaderamente importante será la actitud de quienes pierdan.
La grandeza democrática no se demuestra únicamente al ganar. Se demuestra, sobre todo, al saber perder.
Porque una derrota electoral no constituye una tragedia nacional. Forma parte de las reglas del juego. Lo que sí puede convertirse en una tragedia es intentar desconocer la voluntad ciudadana cuando ésta no coincide con nuestros deseos.
Ningún proyecto político, por noble que se considere, justifica poner en riesgo la estabilidad institucional de un país.
Ningún líder, por popular que sea, está por encima de las urnas.
Y ningún gobernante debería insinuar que la calle puede sustituir a los mecanismos democráticos cuando los resultados no le favorecen.
La Colombia de hoy necesita serenidad, responsabilidad y respeto a las instituciones. Necesita candidatos que compitan con firmeza, pero también con madurez. Necesita ciudadanos que voten libremente y autoridades que garanticen la legalidad del proceso.
Sobre todo, necesita que quienes hoy ostentan el poder comprendan que la democracia no consiste en imponer una causa, sino en respetar las reglas que permiten que todas las causas puedan expresarse.
Porque cuando un gobernante comienza a condicionar su compromiso democrático al resultado de una elección, la verdadera amenaza deja de estar en las urnas y empieza a aparecer en el discurso mismo del poder.
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