Durante mucho tiempo creímos que las grandes disputas por el poder mundial se libraban en los campos de batalla, los mercados financieros, las rutas comerciales o los territorios ricos en petróleo. Después llegó la pandemia y descubrimos que también podían desarrollarse dentro de un laboratorio, alrededor de una vacuna o en las oficinas de una organización internacional encargada de proteger la salud de millones de personas.
China acaba de recordárselo al mundo.
El gobierno de Pekín anunció este jueves la candidatura de Song Li para dirigir la Organización Mundial de la Salud, en sustitución de Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuyo segundo y último mandato concluirá en agosto de 2027. La aspirante china es una funcionaria con más de veinte años de experiencia en políticas de salud maternoinfantil y cooperación internacional. Participó en las respuestas sanitarias de su país frente al SARS, la influenza aviar y el COVID-19.
Su candidatura podría parecer una decisión administrativa más dentro del complejo sistema de Naciones Unidas. No lo es. Llega en un momento en que Estados Unidos se distancia de los organismos multilaterales, China busca ampliar su presencia en ellos y la OMS enfrenta dificultades financieras, cuestionamientos sobre su independencia y una crisis de confianza que comenzó mucho antes de que terminara la emergencia sanitaria.
La elección será hasta mayo de 2027, pero la disputa política ya comenzó.
Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, decidió retirarse de la Organización Mundial de la Salud después de acusarla reiteradamente de haber manejado de manera inadecuada la pandemia y de mostrar una cercanía excesiva con China. La OMS ha rechazado esas acusaciones. Sin embargo, las consecuencias de la ruptura van mucho más allá de una discusión diplomática.
Estados Unidos era su principal contribuyente. La pérdida de esos recursos obligó al organismo a emprender ajustes presupuestales, reducir actividades y modificar parte de su estructura. China anunció mayores aportaciones, aunque insuficientes para compensar por completo el vacío financiero estadounidense.
Y en política internacional los vacíos rara vez permanecen vacíos.
Cuando una potencia decide abandonar espacios de influencia, otras encuentran oportunidades para ocuparlos. No necesariamente porque exista una conspiración cuidadosamente diseñada, sino porque así funciona el poder. Los organismos internacionales necesitan recursos, respaldo político, capacidad de negociación y gobiernos dispuestos a sostener sus decisiones.
Pekín parece haber entendido esa realidad con bastante claridad.
La candidatura de Song Li forma parte de una competencia en la que también participan aspirantes de España, Bélgica, Qatar, Arabia Saudita, Indonesia y Botsuana. No existe todavía un resultado definido ni puede darse por hecho que China conseguirá la dirección de la OMS. Pero su participación obliga a examinar algo que suele quedar fuera de las conversaciones sobre salud pública: quién influye en las instituciones que deciden cómo debe responder el mundo cuando aparece una amenaza sanitaria.
Porque la Organización Mundial de la Salud no es un hospital internacional ni un gobierno con autoridad absoluta sobre los sistemas sanitarios nacionales. Sus facultades tienen límites. Sin embargo, establece orientaciones técnicas, coordina respuestas frente a emergencias, promueve acuerdos y desempeña un papel fundamental en la vigilancia de enfermedades.
Durante una epidemia, sus recomendaciones pueden influir en decisiones que afectan a economías enteras.
Lo vimos con el COVID.
En aquellos meses, millones de personas esperaban cada conferencia de prensa, cada evaluación sobre la propagación del virus y cada recomendación relacionada con vacunas, restricciones o medidas preventivas. Los gobiernos tomaban decisiones propias, pero la información científica y las orientaciones internacionales adquirieron una relevancia extraordinaria.
También aparecieron errores, contradicciones, cambios de criterio y cuestionamientos que terminaron debilitando la confianza pública. Algunas recomendaciones evolucionaron porque cambió la evidencia científica. Otras decisiones fueron criticadas por su oportunidad, comunicación o fundamento. Confundir ambas situaciones contribuyó a deteriorar la credibilidad de las instituciones sanitarias.
El problema no fue únicamente médico.
Fue político.
La pandemia demostró que una emergencia de salud puede convertirse en una disputa entre gobiernos, empresas farmacéuticas, organismos internacionales y ciudadanos que exigen respuestas inmediatas. Las vacunas fueron instrumentos indispensables para reducir los daños de la enfermedad, pero también se transformaron en herramientas de diplomacia, influencia y negociación.
Los países con mayores recursos consiguieron asegurar suministros antes que muchos otros. Las naciones pobres tuvieron que esperar, negociar o depender de mecanismos de cooperación internacional que no siempre respondieron con la rapidez necesaria.
La desigualdad también se manifestó en la posibilidad de proteger la vida.
Por eso resulta insuficiente discutir la próxima dirección de la OMS únicamente en términos de nacionalidades. El asunto verdaderamente importante es qué independencia tendrá quien ocupe el cargo y cómo podrá ejercerla frente a los intereses de las potencias que respaldaron su elección.
Una directora general china no significaría automáticamente que Pekín controlaría la organización. De hecho, Margaret Chan, nacida en Hong Kong, ya dirigió la OMS entre 2007 y 2017. Tampoco puede suponerse que un funcionario europeo, africano o estadounidense estaría libre de presiones políticas.
La nacionalidad de un dirigente no demuestra por sí sola su independencia ni su falta de ella.
Pero tampoco sería razonable ignorar el peso de los gobiernos en estos nombramientos.
Los organismos multilaterales están integrados por Estados y sus principales cargos se eligen mediante procedimientos en los que inevitablemente intervienen negociaciones diplomáticas. Los candidatos presentan experiencia técnica, pero también necesitan apoyos políticos. Es una realidad que no desaparece por tratarse de una institución científica.
La pregunta es qué ocurre después de la elección.
¿Puede un director general exigir información completa a un país poderoso que respaldó su candidatura? ¿Está en condiciones de cuestionar decisiones sanitarias de un gobierno del que depende una parte importante del financiamiento? ¿Puede mantener criterios científicos cuando éstos resultan incómodos para sus aliados?
Esas preguntas deberían formularse a todos los aspirantes, no solamente a la candidata china.
Pekín sostiene que su propuesta representa un compromiso con el multilateralismo y con una comunidad internacional capaz de cooperar en materia sanitaria. Estados Unidos, por su parte, ha defendido su distanciamiento argumentando problemas de funcionamiento, rendición de cuentas e independencia de la OMS.
Ambas posiciones merecen examinarse por sus consecuencias y no solamente por sus discursos.
China tiene derecho a presentar una candidatura y a buscar mayor participación en las instituciones internacionales. Estados Unidos también tiene derecho a cuestionar su funcionamiento. Pero cuando las diferencias entre potencias terminan debilitando los mecanismos de cooperación, quienes pueden pagar las consecuencias son países que no tienen capacidad suficiente para enfrentar solos una emergencia sanitaria.
Una epidemia no distingue entre gobiernos conservadores y progresistas. Tampoco pregunta si una nación pertenece a los BRICS, a la OTAN o a cualquier otro bloque político.
Los microorganismos no respetan fronteras diplomáticas.
Y precisamente por eso la cooperación sanitaria debería ser uno de los pocos terrenos donde las grandes potencias consiguieran establecer compromisos relativamente estables, incluso cuando mantienen enfrentamientos en otros ámbitos.
No parece que estemos avanzando en esa dirección.
La rivalidad entre Washington y Pekín se extiende cada vez a más espacios: comercio, semiconductores, inteligencia artificial, seguridad, infraestructura, recursos estratégicos y ahora también la conducción de organismos internacionales. Cada decisión comienza a interpretarse como una victoria de uno o una derrota del otro.
El riesgo es que terminemos midiendo la eficacia de las instituciones por la nacionalidad de sus dirigentes y no por su capacidad para cumplir las responsabilidades que les fueron encomendadas.
Mientras tanto, el mundo sigue enfrentando enfermedades emergentes, brotes de padecimientos conocidos, resistencia a los antibióticos, desigualdad en el acceso a medicamentos y sistemas sanitarios que todavía arrastran las consecuencias económicas y humanas de la pandemia.
Esos problemas no esperan a que las potencias resuelvan sus diferencias.
La reciente preocupación internacional por una muerte investigada en un instituto especializado en enfermedades peligrosas de Siberia volvió a demostrar hasta qué punto cualquier alerta sanitaria puede despertar temores globales. No porque exista necesariamente una epidemia, sino porque después del COVID sabemos que la vigilancia, la información oportuna y la confianza institucional pueden resultar decisivas.
Y la confianza es precisamente uno de los recursos que más se han deteriorado.
La próxima persona que dirija la OMS tendrá que administrar presupuestos limitados, reconstruir relaciones políticas y demostrar que la organización puede actuar con independencia técnica. Necesitará convencer a los gobiernos de cooperar y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de cuestionarlos cuando sea necesario.
No será una tarea sencilla para Song Li ni para cualquiera de sus competidores.
La disputa por la dirección de la Organización Mundial de la Salud revela algo más profundo que las aspiraciones internacionales de China. Muestra hasta qué punto la salud se ha convertido en otro territorio de competencia geopolítica, justo cuando el mundo necesita mecanismos de colaboración capaces de sobrevivir a sus enfrentamientos.
Las grandes potencias seguirán disputando influencia. Es parte de la realidad internacional y difícilmente cambiará.
Pero hay una diferencia fundamental entre competir por controlar mercados, recursos o rutas comerciales y trasladar esa misma confrontación a las instituciones encargadas de enfrentar enfermedades.
La próxima emergencia sanitaria no preguntará qué país dirige la Organización Mundial de la Salud. Pero el mundo sí tendrá que preguntarse si confía en quienes toman sus decisiones.
Y cuando se trata de proteger millones de vidas, perder esa confianza puede resultar mucho más peligroso que perder una disputa diplomática.
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