La Organización de las Naciones Unidas enfrenta una nueva disputa por el poder. Esta vez no ocurre en los campos de batalla de Ucrania ni en Medio Oriente, sino dentro de la propia institución, alrededor de una decisión que debería representar una oportunidad para renovar su liderazgo: la elección de quien sucederá a António Guterres como secretario general.
Este viernes 20 de noviembre se conoció que dos de las cinco potencias con derecho de veto en el Consejo de Seguridad rechazaron, durante una votación informal y secreta, la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan, una de las principales aspirantes al cargo. El resultado complicó las negociaciones diplomáticas cuando el mandato de Guterres se aproxima a su conclusión y todavía no existe un acuerdo sobre quién conducirá a la organización.
El episodio revela una contradicción que acompaña a Naciones Unidas desde su nacimiento: la institución creada para promover la cooperación internacional y evitar nuevas guerras depende, para sus decisiones fundamentales, de un reducido grupo de países que conserva privilegios heredados del orden mundial surgido después de la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen capacidad para bloquear resoluciones sustantivas del Consejo de Seguridad. Esa prerrogativa también condiciona la selección del secretario general, porque cualquier candidatura necesita superar el proceso de recomendación del organismo antes de llegar a la Asamblea General.
En otras palabras, los 193 Estados miembros participan en una organización que proclama la igualdad soberana de las naciones, pero cinco conservan una influencia decisiva sobre quién podrá dirigirla.
Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y economista con amplia trayectoria internacional, había encabezado siete de las ocho rondas anteriores de consultas informales. En la votación más reciente obtuvo diez apoyos y cuatro votos contrarios, dos de ellos procedentes de miembros permanentes del Consejo.
El carácter secreto del procedimiento impide identificar a los gobiernos que se opusieron. Por ello, atribuir el bloqueo a Washington, Moscú o Pekín sin pruebas sería especular. Lo que sí puede afirmarse es que la resistencia de dos potencias con capacidad de veto complica considerablemente sus posibilidades de alcanzar el consenso necesario.
La candidatura costarricense tiene además un significado regional. América Latina aspira a ocupar un espacio de mayor relevancia en la conducción de los organismos internacionales. Cuenta con diplomáticos experimentados y una larga tradición de participación multilateral. Sin embargo, el origen latinoamericano de una candidatura no garantiza su aceptación ni debería sustituir la evaluación de sus capacidades.
También permanecen en la competencia otras figuras, entre ellas la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Cada aspirante representa trayectorias distintas, pero todos enfrentan la misma realidad: conseguir apoyos suficientes no basta si alguna potencia decide impedir su nombramiento.
Y eso conduce a una pregunta inevitable: ¿qué clase de secretario general necesitan realmente las Naciones Unidas?
El secretario general no gobierna el mundo, no dispone de un ejército propio capaz de imponer soluciones y tampoco puede obligar a las grandes potencias a cumplir acuerdos que no desean respetar. Su autoridad depende de la Carta de las Naciones Unidas, de los instrumentos diplomáticos disponibles y de la confianza que consiga construir entre gobiernos frecuentemente enfrentados.
Pero esa función limitada no significa que carezca de importancia. La Secretaría General puede desempeñar un papel decisivo en la mediación de conflictos, la coordinación de ayuda humanitaria, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la defensa de principios internacionales que algunos gobiernos preferirían ignorar.
Precisamente por eso, el perfil de quien ocupe el cargo importa tanto.
Una persona excesivamente subordinada a los intereses de las potencias podría encontrar menos obstáculos para ser elegida, pero también tendría mayores dificultades para ejercer una autoridad independiente. Por el contrario, una figura dispuesta a cuestionar públicamente a los gobiernos más influyentes podría enfrentar resistencias desde el inicio.
Desde su creación en 1945, Naciones Unidas ha servido como escenario de acuerdos diplomáticos, operaciones humanitarias y esfuerzos de cooperación. También ha sido testigo de guerras que no consiguió impedir, resoluciones bloqueadas y conflictos en los que las rivalidades entre potencias terminaron paralizando al Consejo de Seguridad.
La invasión rusa de Ucrania constituye uno de los ejemplos más evidentes. Rusia es simultáneamente una de las partes involucradas en la guerra y uno de los cinco integrantes permanentes con capacidad de veto.
En otros conflictos, Estados Unidos y otras potencias también han utilizado sus prerrogativas para proteger posiciones diplomáticas o impedir resoluciones que consideran contrarias a sus intereses.
Las justificaciones cambian de acuerdo con el gobierno y el escenario. El resultado institucional, sin embargo, suele ser semejante: decisiones fundamentales quedan condicionadas por la voluntad de quienes poseen mayor poder.
La crisis actual también tiene una dimensión financiera.
La reducción de contribuciones estadounidenses y las dificultades presupuestales de Naciones Unidas amenazan programas y operaciones que dependen de recursos internacionales. La organización necesita sostener tareas humanitarias, misiones de paz, asistencia a refugiados y proyectos de desarrollo en un contexto de crecientes necesidades y limitaciones económicas.
El próximo secretario general tendrá que administrar esa presión mientras intenta conservar la relevancia política de una institución cuya influencia es cuestionada cada vez con mayor frecuencia.
A las guerras se suman la competencia tecnológica, las tensiones comerciales, el cambio climático, las migraciones y las disputas por recursos estratégicos. Son problemas que difícilmente pueden resolverse mediante decisiones aisladas de cada gobierno.
Sin embargo, cuanto más necesaria resulta la cooperación internacional, mayores parecen ser las dificultades para construirla.
Los países reclaman instituciones internacionales eficaces cuando necesitan ayuda, mediación o respaldo diplomático. Pero algunos de esos mismos gobiernos se resisten a aceptar decisiones colectivas cuando consideran que pueden limitar sus intereses particulares.
México tampoco debería permanecer indiferente.
Nuestro país ha construido una tradición diplomática alrededor de principios como la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional. La discusión sobre el futuro de Naciones Unidas representa una oportunidad para examinar cómo fortalecer esos principios en un escenario donde la competencia entre potencias amenaza con reducir el espacio de negociación de los países de menor influencia.
Una reforma del Consejo de Seguridad se ha discutido durante décadas. Existen propuestas para ampliar su composición, modificar la representación regional y limitar el uso del veto en determinadas circunstancias.
Pero cualquier transformación sustancial enfrenta un obstáculo evidente: quienes tendrían que aceptar la reducción de sus privilegios son precisamente quienes poseen capacidad para bloquear los cambios.
La elección del próximo secretario general no resolverá por sí sola esa contradicción.
Tampoco sería justo atribuir todos los problemas de Naciones Unidas a sus cinco miembros permanentes. Los demás Estados tienen responsabilidades, intereses y diferencias que también dificultan alcanzar acuerdos.
Lo que sí muestra el episodio de Grynspan es que el proceso de selección continúa condicionado por una estructura de poder diseñada hace más de ocho décadas.
La organización que pretende representar a toda la comunidad internacional sigue dependiendo de negociaciones reservadas entre unos cuantos gobiernos para determinar quién podrá encabezarla.
En las próximas semanas deberá encontrarse una candidatura capaz de superar esas resistencias. De lo contrario, Naciones Unidas podría llegar al final del mandato de Guterres sin haber completado oportunamente la elección de su sucesor.
Pero el problema de fondo no desaparecerá con un nombramiento.
La verdadera discusión consiste en determinar si la organización podrá adaptarse a un mundo muy distinto del que existía en 1945 o si continuará administrando sus crisis mediante reglas que conceden una influencia extraordinaria a las potencias vencedoras de una guerra terminada hace más de ochenta años.
La ONU necesita legitimidad, recursos y capacidad de acción. También requiere un liderazgo que pueda dialogar con los gobiernos más poderosos sin olvidar que su responsabilidad corresponde al conjunto de los Estados miembros.
Una organización internacional puede sobrevivir durante décadas gracias a sus estructuras y procedimientos. Pero conservar su autoridad exige algo mucho más difícil: demostrar que los principios que proclama también pueden aplicarse cuando resultan incómodos para quienes tienen el poder de impedirlo.
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