El mundo se reúne para salvar al planeta, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, el petróleo vuelve a imponerse en las negociaciones. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Antalya, Turquía, donde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP31, se aproxima a su conclusión entre desacuerdos que exhiben algo mucho más profundo que las dificultades para combatir el calentamiento global: la enorme influencia que todavía ejercen los intereses energéticos, económicos y geopolíticos sobre las decisiones de los gobiernos.
Este jueves 19 de noviembre ocurrió algo revelador. Australia, encargada de conducir las negociaciones, presentó una nueva versión del acuerdo que deberán discutir cerca de 200 países. El documento eliminó las referencias explícitas al abandono de los combustibles fósiles, que sí aparecían en propuestas anteriores. Desaparecieron las menciones al petróleo, al gas y al carbón, precisamente las fuentes de energía cuya utilización constituye una de las principales causas del calentamiento global.
La contradicción resulta difícil de ignorar. Los gobiernos llevan casi dos semanas reunidos para enfrentar una crisis ambiental y, cuando se aproxima el momento de alcanzar compromisos, encuentran dificultades incluso para nombrar aquello que necesitan transformar.
No es un asunto de palabras. Detrás de cada expresión que aparece o desaparece de estos documentos existen intereses económicos, inversiones multimillonarias, compromisos comerciales y decisiones que pueden modificar el futuro de industrias enteras.
Por eso, la discusión de Antalya es profundamente política.
Los países productores de petróleo tienen razones económicas para resistirse a compromisos que impliquen acelerar la reducción de su principal fuente de ingresos. Las grandes economías industrializadas, por su parte, necesitan garantizar energía suficiente para mantener funcionando sus fábricas, sistemas de transporte y cadenas de suministro. Las naciones en desarrollo reclaman recursos para financiar una transición que difícilmente pueden costear por sí solas.
Todos hablan de proteger el planeta, pero sus prioridades no son las mismas.
El resultado es una negociación en la que los compromisos ambientales terminan condicionados por las necesidades económicas y los cálculos estratégicos de cada gobierno.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha defendido reiteradamente la importancia de los hidrocarburos para el abastecimiento energético mundial. Desde su perspectiva, una transición acelerada y mal planificada podría afectar la seguridad energética y el desarrollo económico.
En el extremo contrario se encuentran gobiernos y organizaciones que consideran indispensable establecer calendarios claros para reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
Ambas posiciones reflejan una disputa que no puede resolverse mediante declaraciones de buena voluntad.
El petróleo sigue siendo un instrumento de poder.
Quienes producen grandes cantidades de crudo poseen capacidad para influir en los mercados internacionales. Quienes dependen de sus importaciones enfrentan vulnerabilidades que pueden convertirse en problemas de seguridad nacional. Y quienes controlan rutas comerciales, infraestructura energética o tecnologías indispensables para la transición disponen de ventajas estratégicas que trascienden el ámbito económico.
Las guerras y las tensiones internacionales han vuelto todavía más evidente esa realidad.
Rusia mantiene una posición importante como productor de petróleo y gas, mientras el conflicto en Ucrania ha obligado a numerosos países europeos a modificar sus fuentes de abastecimiento. Estados Unidos combina su enorme capacidad energética con una política exterior en la que los intereses comerciales y estratégicos ocupan un lugar central. China, por su parte, ha construido una poderosa industria vinculada con las energías renovables, los vehículos eléctricos y las tecnologías necesarias para reducir emisiones, aunque continúa utilizando cantidades considerables de carbón.
Ninguna de estas potencias actúa exclusivamente por razones ambientales.
Washington, Moscú y Pekín también compiten por mercados, inversiones, tecnología y capacidad de influencia internacional. La transición energética representa para ellos un desafío, pero igualmente una oportunidad para fortalecer posiciones económicas.
La cuestión es quién controlará las fuentes de energía del futuro y quién asumirá los costos de abandonar las del pasado.
En este escenario, la ausencia de un liderazgo estadounidense comprometido con las negociaciones climáticas internacionales adquiere relevancia. Donald Trump ha mantenido una posición favorable a ampliar la producción de combustibles fósiles y ha cuestionado los compromisos multilaterales que, a su juicio, perjudican la competitividad de Estados Unidos.
Su postura contrasta con la de gobiernos europeos que defienden una reducción más acelerada de las emisiones, aunque también enfrentan presiones de sus industrias y consumidores por los costos de la energía.
Europa tampoco está libre de contradicciones.
La Unión Europea ha establecido objetivos ambientales ambiciosos, pero sus integrantes necesitan mantener precios energéticos competitivos, proteger empleos y evitar que la transición provoque una pérdida de capacidad industrial frente a otras regiones.
Las decisiones ambientales, por tanto, están estrechamente vinculadas con la política económica.
Y ahí aparece otro de los grandes conflictos de la COP31: el dinero.
Los países más vulnerables al calentamiento global reclaman financiamiento para construir infraestructura resistente a inundaciones, enfrentar sequías, proteger sus sistemas agrícolas y garantizar el suministro de agua. Muchos de ellos han contribuido relativamente poco a las emisiones históricas, pero enfrentan consecuencias especialmente graves.
Durante las negociaciones se planteó establecer una referencia de al menos 120 mil millones de dólares anuales para financiar medidas de adaptación. Sin embargo, esa cifra desapareció del borrador presentado este jueves.
El nuevo documento conserva el propósito de ampliar el financiamiento, pero evita fijar aquella cantidad concreta.
La diferencia es sustancial.
No es lo mismo expresar solidaridad con los países afectados que comprometer recursos verificables para ayudarlos.
Los gobiernos industrializados argumentan que ya enfrentan importantes obligaciones financieras y que es necesario distribuir responsabilidades entre más participantes. Las naciones en desarrollo responden que no pueden asumir nuevas exigencias sin contar con recursos suficientes.
El desacuerdo revela una de las tensiones fundamentales de la política internacional: quienes poseen mayores capacidades económicas no siempre están dispuestos a financiar las soluciones que otros consideran indispensables.
La discusión tampoco puede reducirse a una confrontación entre países ricos y pobres. Existen economías emergentes con necesidades energéticas crecientes, productores de hidrocarburos con diferentes niveles de desarrollo y naciones industrializadas cuyas prioridades internas dificultan adoptar compromisos adicionales.
En Antalya también se negocia una propuesta para incrementar la participación de la electricidad en el consumo energético mundial hasta alcanzar 35 por ciento en 2035. La iniciativa busca acelerar la electrificación del transporte, la industria y otras actividades.
Puede representar un avance, pero su eficacia ambiental dependerá en buena medida de cómo se genere esa electricidad.
Sustituir combustibles utilizados directamente por electricidad producida mediante fuentes altamente contaminantes no ofrece los mismos beneficios que hacerlo con energías renovables u otras tecnologías de bajas emisiones.
También existen diferencias sobre el papel de los mecanismos de captura de carbono. Sus defensores consideran que pueden contribuir a reducir emisiones en determinadas industrias. Sus críticos advierten que podrían utilizarse como argumento para prolongar el consumo de combustibles fósiles sin transformaciones suficientes.
Otra vez, la tecnología aparece mezclada con intereses económicos.
¿Y México?
Nuestro país no puede observar estas negociaciones como si fueran un asunto exclusivo de las grandes potencias.
México mantiene una dependencia importante de los hidrocarburos, cuenta con una empresa petrolera estatal que enfrenta desafíos financieros y operativos, y al mismo tiempo posee un considerable potencial para desarrollar energía solar, eólica y otras fuentes de generación.
La discusión no debería plantearse como una elección simplista entre defender el petróleo o abandonarlo inmediatamente.
Se necesita una política energética capaz de garantizar suministro, atraer inversiones, modernizar infraestructura, reducir emisiones y ofrecer condiciones competitivas para la industria.
Además, México enfrenta directamente las consecuencias del cambio climático. Las sequías, los fenómenos meteorológicos extremos, la presión sobre los recursos hídricos y los daños a la agricultura representan problemas que afectan a millones de personas.
La transición energética no puede separarse de esas realidades.
Tampoco debería convertirse en una bandera ideológica utilizada para descalificar cualquier propuesta distinta. Lo que se necesita son decisiones sustentadas en información, viabilidad económica y resultados verificables.
La COP31 tiene previsto concluir este viernes 20 de noviembre, aunque las negociaciones podrían prolongarse. Todavía no existe un acuerdo definitivo y sería prematuro afirmar que la conferencia ha fracasado o que los gobiernos han renunciado por completo a sus compromisos.
Pero el documento presentado en la recta final constituye una señal política significativa.
Cuando una cumbre dedicada al cambio climático encuentra dificultades para establecer compromisos explícitos sobre los combustibles fósiles, queda de manifiesto la complejidad de transformar un sistema económico construido durante generaciones alrededor de esas fuentes de energía.
No basta con exigir cambios. También hay que definir quién los financiará, cómo se protegerá a los trabajadores de las industrias afectadas y de qué manera se garantizará que la transición no profundice las desigualdades entre países.
La política climática necesita acuerdos capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno, a las crisis económicas y a las disputas internacionales.
Mientras eso no ocurra, cada conferencia corre el riesgo de convertirse en una nueva negociación sobre compromisos que se anuncian con solemnidad y después se debilitan cuando llega el momento de aplicarlos.
El mundo necesita energía para desarrollarse, pero también necesita condiciones ambientales que hagan posible su futuro.
Conciliar ambas exigencias constituye uno de los mayores desafíos políticos de nuestro tiempo.
Antalya está mostrando que la batalla no se libra solamente entre quienes creen o no en el cambio climático. También enfrenta a gobiernos que reconocen el problema, pero discrepan profundamente sobre quién debe pagar para resolverlo.
Y mientras esas diferencias continúan dominando las negociaciones, el petróleo conserva una influencia decisiva sobre la economía y la política mundial.
Porque cambiar las fuentes de energía es una tarea tecnológica y económica. Cambiar los intereses que sostienen el poder alrededor de ellas resulta mucho más complicado.
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