Hay decisiones que parecen administrativas, pero terminan teniendo consecuencias políticas. La cancelación de más de 175 mil visas por parte del gobierno de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es una de ellas.
Washington sostiene que se trata de una política dirigida a hacer cumplir sus leyes y proteger la seguridad de su territorio. Entre las razones señaladas para revocar visas aparecen delitos, violaciones migratorias, fraude, amenazas a la seguridad y otras conductas consideradas incompatibles con el ingreso o permanencia en Estados Unidos.
Hasta ahí, nadie puede cuestionar que un país tiene derecho a decidir quién entra a su territorio.
El problema comienza cuando una herramienta migratoria de semejante magnitud adquiere una dimensión que rebasa lo estrictamente migratorio.
Porque 175 mil visas no son solamente 175 mil documentos cancelados. Detrás de cada visa hay una persona, una familia, un estudiante, un empresario, un trabajador, un turista o alguien que durante años construyó una relación con Estados Unidos.
Y ahí es donde conviene detenerse.
Donald Trump ha hecho de la migración uno de los pilares de su agenda política. Desde su primera campaña presidencial convirtió el control de la frontera en una bandera y, en su segundo mandato, ha llevado esa política mucho más lejos. La lógica es sencilla: endurecer las condiciones de entrada, aumentar las deportaciones y utilizar todos los mecanismos disponibles para impedir que Estados Unidos se convierta, desde la perspectiva de su gobierno, en un territorio de acceso sencillo.
Pero una política puede ser legal y, al mismo tiempo, generar preguntas legítimas.
La primera es muy sencilla: ¿hasta dónde debe llegar el poder de un gobierno para decidir quién es bienvenido?
La segunda es todavía más importante: ¿cómo garantizar que las decisiones sean individuales, justificadas y transparentes, y que no terminen convirtiéndose en una forma de castigo político?
Estados Unidos tiene instituciones, leyes y procedimientos para determinar quién puede ingresar a su territorio. Eso debe respetarse. Lo mismo ocurre con la facultad soberana de cualquier nación para proteger sus fronteras.
Pero precisamente porque Estados Unidos es una potencia mundial, sus decisiones tienen un peso distinto.
Cuando Washington revoca una visa, el mensaje puede quedarse en un expediente migratorio. Pero cuando la persona afectada es un personaje público, un político, un empresario reconocido o alguien vinculado con una disputa internacional, la lectura inevitablemente cambia.
Y eso ya ha ocurrido con ciudadanos mexicanos.
La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, provocó una fuerte reacción pública y abrió una discusión que va mucho más allá de su caso particular.
No se trata de defenderlo ni de cuestionar la facultad de Estados Unidos para tomar decisiones migratorias. Se trata de observar un fenómeno más amplio.
Porque cuando una potencia utiliza sus mecanismos de entrada para enviar señales a determinados actores, el resto del mundo toma nota.
Y México también.
Nuestro país tiene una relación extraordinariamente estrecha con Estados Unidos. Millones de mexicanos cruzan todos los años la frontera por razones familiares, laborales, comerciales, educativas o turísticas. Nuestras economías están profundamente vinculadas y nuestra relación bilateral es demasiado importante como para reducirla a una sucesión de confrontaciones.
Por eso resulta positivo que, frente a este tipo de situaciones, México mantenga una posición institucional y prudente.
No todo desacuerdo tiene que convertirse en pleito.
No toda decisión de Washington necesita una respuesta estridente.
Y tampoco toda diferencia significa una crisis diplomática.
La relación entre México y Estados Unidos tiene suficientes intereses compartidos como para entender que la responsabilidad también consiste en mantener abiertos los canales de comunicación.
Pero eso no significa dejar de observar.
Porque la política migratoria de Trump está cambiando algo que durante décadas parecía relativamente estable: la idea de que obtener una visa significaba, aunque con condiciones, tener una puerta relativamente predecible hacia Estados Unidos.
Hoy esa puerta parece mucho más estrecha.
Y no solamente para quienes pretenden quedarse ilegalmente.
También para quienes viajan por negocios, estudian, visitan familiares o simplemente quieren conocer el país.
La administración estadounidense ha comenzado además a explorar mecanismos como el cobro de fianzas de hasta 20 mil dólares a determinados solicitantes de visa provenientes de algunos países. El argumento es reducir el riesgo de que visitantes incumplan las condiciones de su estancia.
Pero también existe un riesgo para Estados Unidos.
Una frontera demasiado cerrada puede terminar afectando precisamente a la economía que se pretende proteger.
El turismo genera empleos. Los estudiantes extranjeros aportan recursos a universidades. Los empresarios generan negocios. Los visitantes consumen hoteles, restaurantes, transporte y servicios.
Cerrar puertas indiscriminadamente puede producir una sensación de seguridad, pero también puede significar perder oportunidades económicas.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la política de Trump.
El presidente quiere un Estados Unidos más seguro, más fuerte y más protegido frente al exterior.
Pero Estados Unidos también construyó buena parte de su poder precisamente porque durante décadas fue un país atractivo para el talento, la inversión, el turismo y los intercambios internacionales.
La fortaleza de una nación no depende solamente de cuántas personas puede impedir que entren.
También depende de cuántas personas quieren entrar.
Por eso la cifra de 175 mil visas canceladas debería provocar algo más que sorpresa.
Debería provocar una reflexión.
¿Qué clase de relación quiere Estados Unidos tener con el resto del mundo?
Una relación basada fundamentalmente en la sospecha, la vigilancia y la restricción, o una en la que la seguridad pueda convivir con la apertura?
No hay duda de que Estados Unidos enfrenta problemas reales. La migración irregular, el tráfico de drogas, la delincuencia transnacional y el fraude migratorio son asuntos que ningún gobierno responsable puede ignorar.
Pero precisamente por eso las políticas deben ser inteligentes.
Una cosa es perseguir a quien viola la ley y otra muy distinta generar la percepción de que cualquier extranjero puede perder de un día para otro una autorización que durante años consideró estable.
La visa, finalmente, es mucho más que una calcomanía en un pasaporte.
Es una expresión de confianza.
Cuando un país concede una visa está diciendo: usted puede entrar bajo determinadas condiciones.
Cuando la cancela, está diciendo lo contrario.
Y cuando cancela 175 mil, está enviando un mensaje al mundo.
Ese mensaje merece ser escuchado con atención.
México debe mantener la calma, defender los intereses de sus ciudadanos y fortalecer los canales diplomáticos. No necesitamos entrar en una guerra de declaraciones con Washington para hacer valer nuestra posición.
Pero tampoco debemos ser ingenuos.
La política migratoria estadounidense está cambiando y sus efectos se sentirán durante mucho tiempo.
La pregunta ya no es solamente quién perdió su visa.
La pregunta verdaderamente importante es quiénes serán los próximos y bajo qué criterios.
Porque si la visa termina convertida en un instrumento de presión, la frontera dejará de ser solamente una línea geográfica.
Se convertirá también en una herramienta de poder.
Y cuando la puerta de entrada a la mayor potencia económica del continente comienza a abrirse y cerrarse con criterios cada vez más políticos, todos deberíamos poner atención.
No para confrontar.
Para entender.
Porque en la nueva relación internacional que está construyendo Donald Trump, tener una visa estadounidense podría dejar de ser solamente un permiso para entrar a un país.
Podría convertirse, cada vez más, en un privilegio condicionado por el clima político de Washington.
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