Pedro Sánchez perdió este viernes mucho más que dos decretos sobre vivienda. Perdió una votación que vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la mayoría que lo mantiene en La Moncloa y, sobre todo, una pregunta que empieza a resultar incómoda: ¿se puede gobernar durante años cuando cada decisión importante depende de convencer, una y otra vez, a partidos que apenas tienen algo en común?
Los dos decretos fueron rechazados. El primero cayó por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166. En el primero, PP, Vox y Junts coincidieron en el rechazo; en el segundo se sumaron también otras fuerzas. No fue una derrota menor ni un tropiezo legislativo cualquiera. Se trataba de la respuesta del Gobierno a uno de los problemas que más irritación está provocando en España: el acceso a la vivienda, los alquileres, los desahucios y una sensación cada vez más extendida de que tener un empleo ya no garantiza siquiera poder pagar un lugar donde vivir.
Sánchez lo sabía. Por eso hizo algo poco habitual y tomó la palabra antes de la votación para pedir respaldo a unas medidas que calificó como necesarias y equilibradas. El paquete incluía protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, prórrogas de alquileres, cambios para los arrendamientos de temporada y habitaciones, medidas fiscales y limitaciones a ciertas operaciones inmobiliarias. El segundo decreto abordaba las renovaciones de los contratos de alquiler. Nada de eso bastó. Junts, cuyos siete diputados fueron indispensables para la investidura de Sánchez, terminó inclinando la balanza en contra.
Y ahí está el verdadero problema.
Sánchez ha demostrado durante años una extraordinaria capacidad para sobrevivir políticamente. Ha resistido elecciones complicadas, crisis internas, confrontaciones territoriales, escándalos que han alcanzado a personas de su entorno político y una oposición que prácticamente desde el inicio de la legislatura ha cuestionado la viabilidad de su Gobierno. Pero sobrevivir no es exactamente lo mismo que gobernar.
Para ser investido presidente consiguió reunir los votos de una constelación de fuerzas con intereses muy diferentes. Socialistas, izquierda, independentistas y nacionalistas encontraron suficientes razones para impedir una alternativa encabezada por el Partido Popular. Aquella aritmética sirvió para la investidura, pero nunca significó que existiera una mayoría política homogénea.
Ese matiz hoy resulta fundamental.
Una cosa es reunir votos una tarde para elegir presidente y otra muy distinta conseguirlos durante cuatro años para aprobar presupuestos, reformas, decretos y leyes. La política parlamentaria obliga a negociar, desde luego, y los gobiernos minoritarios no son ninguna anomalía democrática. El problema aparece cuando cada votación importante se transforma en una negociación de supervivencia.
Entonces los socios dejan de ser socios y empiezan a convertirse en aduanas.
Junts es el ejemplo perfecto. Sus siete diputados representan una fracción relativamente pequeña del Congreso, pero la fragmentación parlamentaria les ha otorgado un poder extraordinario. Cuando los dos grandes bloques se encuentran enfrentados, siete votos pueden valer mucho más que siete votos. Pueden decidir una ley, un presupuesto e incluso la estabilidad de una legislatura.
No hay nada ilegal ni antidemocrático en ello. Así funciona la aritmética parlamentaria. Pero tampoco puede ignorarse la consecuencia política: un gobierno puede terminar dependiendo de una fuerza cuyos objetivos no necesariamente coinciden con los suyos y que, además, tiene incentivos propios para demostrar periódicamente que nadie debe dar por sentado su respaldo.
Eso es precisamente lo que Sánchez acaba de comprobar.
Junts argumentó que las medidas propuestas podían reducir la oferta de alquiler y terminar agravando el problema que pretendían resolver. El Gobierno defendió exactamente lo contrario: que eran necesarias para proteger a familias vulnerables y responder a una emergencia habitacional que ya ha llevado nuevamente las protestas a las calles españolas. Tras la votación, los manifestantes anunciaron que mantendrían las movilizaciones.
La discusión sobre vivienda merece bastante más que consignas. Regular alquileres puede proteger a quienes ya ocupan una vivienda, pero una mala regulación también puede desincentivar oferta. Construir más viviendas requiere tiempo, suelo, inversión e infraestructura. Proteger a una familia vulnerable frente a un desahucio es una obligación social razonable, pero trasladar indefinidamente toda la responsabilidad al propietario particular tampoco constituye una política de vivienda completa.
España lleva años acumulando el problema y ahora pretende resolverlo cuando ya está políticamente incendiado.
Ahí existe una responsabilidad que va mucho más allá de Sánchez. Durante demasiado tiempo buena parte de Europa permitió que la vivienda dejara de ser entendida principalmente como el lugar donde vive una familia para convertirse también en un activo financiero extraordinariamente atractivo. Fondos de inversión, alquiler turístico, escasez de oferta en las grandes ciudades, salarios que no crecieron al mismo ritmo y una generación joven que observa cómo independizarse se convierte en una carrera de obstáculos hicieron el resto.
La economía puede crecer y el empleo mejorar, pero si una persona necesita destinar una parte desproporcionada de su salario a pagar alquiler, difícilmente sentirá que vive dentro de una historia de éxito económico. El ciudadano no habita en el PIB. Habita en una casa y tiene que pagarla todos los meses.
Por eso la derrota resulta especialmente dolorosa para el Gobierno. No perdió una iniciativa administrativa que interesaba únicamente a especialistas. Perdió una batalla sobre un asunto que está en la calle, y la perdió además después de convertir la votación en una prueba política.
Ahora aparece inevitablemente la pregunta electoral.
Tras el rechazo, Sánchez abrió un periodo de análisis sobre los siguientes pasos. Fuentes del Ejecutivo admitieron que entre las opciones está un adelanto electoral, aunque subrayaron que no existe todavía una decisión tomada y que el Gobierno considera posible continuar gobernando y legislando con la actual composición parlamentaria. Por tanto, afirmar que España se encamina ya hacia elecciones sería adelantarse a los hechos.
Pero que esa posibilidad se discuta dentro del propio entorno socialista revela la dimensión del golpe.
La pregunta para Sánchez no es únicamente si puede permanecer hasta 2027. Constitucionalmente puede intentarlo. La pregunta es qué puede hacer durante ese tiempo. Si cada iniciativa relevante exige una negociación agónica y si los Presupuestos se convierten en otra montaña difícil de escalar, prolongar una legislatura puede terminar pareciéndose demasiado a administrar un bloqueo.
Y ahí cualquier gobernante enfrenta una decisión incómoda: resistir o volver a preguntar a los ciudadanos.
Sánchez ha hecho de la resistencia una de sus principales características políticas. Ha sobrevivido tantas veces a pronósticos sobre su final que sería imprudente escribir ahora otro. Puede reconstruir acuerdos, reformular las medidas de vivienda, negociar nuevamente con Junts y conseguir que la legislatura continúe. La política española de los últimos años debería habernos enseñado a desconfiar de quienes anuncian finales inevitables.
Pero también sería ingenuo fingir que nada ocurrió.
El viernes dejó algo más que dos decretos derrotados. Mostró que la mayoría de investidura no funciona automáticamente como mayoría de gobierno y que los acuerdos que permitieron llegar a La Moncloa tienen que reconstruirse prácticamente cada vez que aparece una votación importante.
Quizá por eso el problema de Sánchez ya no sea solamente cuántos adversarios tiene enfrente. Es cuántos aliados conserva realmente a su lado cuando llega la hora de votar.
Y esa diferencia, en un sistema parlamentario, puede terminar decidiendo una legislatura.
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