Hay elecciones cuyo resultado se conoce la misma noche de la jornada electoral y otras que terminan escribiendo un nuevo capítulo de la historia política por la estrechez de sus cifras. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Perú. Después de semanas de incertidumbre, revisiones y expectación, la autoridad electoral confirmó el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial con apenas 49 mil 641 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez. En términos porcentuales, la distancia fue de apenas 0.27 puntos, un margen que retrata con absoluta claridad el tamaño de la fractura política y social que atraviesa la nación andina.
Más allá del nombre de la ganadora, lo verdaderamente relevante es el mensaje que dejaron las urnas. Perú no eligió a una presidenta respaldada por una mayoría contundente. Eligió, prácticamente por mitades, dos proyectos de país profundamente distintos y, en muchos sentidos, irreconciliables. Ese dato obliga a reflexionar no solamente sobre el futuro del nuevo gobierno, sino sobre el estado de la democracia peruana y los enormes desafíos que enfrentará en los próximos años.
La victoria de Keiko Fujimori representa el regreso al primer plano político de una figura que durante años ha polarizado la vida pública peruana. Hija del expresidente Alberto Fujimori, su trayectoria ha estado marcada tanto por una sólida base electoral como por un fuerte rechazo de amplios sectores ciudadanos. Durante varias elecciones presidenciales logró colocarse entre las principales contendientes, pero también acumuló derrotas que parecían alejar definitivamente sus aspiraciones de llegar al Palacio de Gobierno.
Esta vez, sin embargo, logró imponerse en un escenario especialmente complejo. La campaña estuvo marcada por un ambiente de confrontación permanente, acusaciones mutuas, desinformación en redes sociales y una ciudadanía profundamente dividida entre quienes apostaban por un proyecto de corte conservador y quienes buscaban un cambio hacia posiciones de izquierda representadas por Roberto Sánchez.
La diferencia final de poco menos de cincuenta mil votos refleja algo más profundo que una competencia cerrada. Revela que ninguna fuerza política logró construir un consenso nacional. Las dos candidaturas encontraron apoyos muy sólidos en distintos sectores del país, pero ninguna consiguió convertirse en un verdadero punto de encuentro para la mayoría de los peruanos.
Ese escenario representa una enorme responsabilidad para quien asumirá la conducción del Estado. Gobernar con una legitimidad jurídica es indispensable, pero gobernar con legitimidad política requiere algo más: capacidad para escuchar, tender puentes y construir acuerdos con quienes votaron en sentido contrario.
En democracias altamente polarizadas, el verdadero desafío comienza precisamente cuando termina la elección. La campaña permite dividir; el gobierno exige unir. Ese tránsito suele ser mucho más difícil de lo que muchos imaginan.
Perú conoce bien las consecuencias de la inestabilidad política. Durante los últimos años ha vivido una sucesión de presidentes, procesos de destitución, investigaciones judiciales, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y una creciente pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Esa combinación ha debilitado la gobernabilidad y ha generado un clima permanente de incertidumbre.
La nueva administración no solamente deberá atender los problemas económicos, sociales y de seguridad que preocupan a la población. También tendrá la tarea de reconstruir la confianza en las instituciones democráticas, una misión que difícilmente podrá cumplirse si prevalece la lógica de la confrontación permanente.
No debe olvidarse que una diferencia tan reducida convierte prácticamente a la mitad del electorado en oposición desde el primer día. Eso significa que cualquier decisión del gobierno será observada con enorme escrutinio y que los márgenes para cometer errores serán mínimos.
Resulta igualmente significativo que el proceso electoral haya requerido varias semanas para concluir oficialmente. Aunque el sistema permitió revisar y validar la totalidad de las actas, la larga espera alimentó especulaciones, tensiones políticas y una creciente ansiedad entre la ciudadanía. En sociedades polarizadas, incluso los tiempos administrativos pueden convertirse en factores de conflicto si no existe plena confianza en las autoridades electorales.
Afortunadamente, la publicación del resultado definitivo permite cerrar la etapa de la competencia y abrir la del ejercicio del poder. Pero cerrar un proceso legal no significa cerrar automáticamente las heridas políticas. Esas permanecen abiertas cuando los discursos de campaña profundizan los resentimientos o presentan al adversario como un enemigo irreconciliable.
La experiencia internacional demuestra que los gobiernos surgidos de elecciones extremadamente cerradas tienen dos caminos posibles. Uno consiste en gobernar únicamente para quienes respaldaron su proyecto, profundizando la división y alimentando nuevas confrontaciones. El otro apuesta por construir mayorías mediante el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de la legitimidad del adversario democrático.
El segundo camino suele ser más complejo porque exige renunciar a la tentación de la revancha política. Sin embargo, también es el único que permite fortalecer las instituciones y reducir la crispación social.
En América Latina abundan ejemplos de países donde la polarización terminó debilitando la capacidad de los gobiernos para responder a los problemas cotidianos de la población. Cuando toda la energía política se concentra en derrotar al adversario, quedan relegados asuntos tan urgentes como el crecimiento económico, el combate a la pobreza, la generación de empleos, la seguridad pública o la mejora de los servicios de salud y educación.
Perú necesita justamente lo contrario. Requiere estabilidad, certidumbre para las inversiones, fortalecimiento institucional y una agenda pública que coloque a los ciudadanos por encima de las disputas partidistas. La nueva presidenta tendrá que demostrar que comprende la dimensión del mandato recibido: ganó la elección, pero no conquistó el consenso nacional.
También la oposición enfrenta una responsabilidad histórica. En toda democracia madura, perder una elección por un margen reducido no puede convertirse en pretexto para obstaculizar sistemáticamente la gobernabilidad. Fiscalizar, cuestionar y proponer forman parte del juego democrático; bloquear por principio únicamente profundiza las crisis institucionales.
Las cifras finales de esta elección permanecerán durante mucho tiempo como un recordatorio de que las democracias modernas ya no se construyen sobre mayorías aplastantes, sino sobre sociedades cada vez más fragmentadas. Ello obliga a desarrollar nuevas formas de liderazgo, menos orientadas al enfrentamiento y más comprometidas con la construcción de acuerdos.
La política latinoamericana atraviesa una etapa en la que los extremos suelen obtener mayor visibilidad, mientras las posiciones moderadas encuentran cada vez menos espacio. Esa dinámica puede resultar rentable durante una campaña electoral, pero suele convertirse en un obstáculo cuando llega el momento de gobernar.
Keiko Fujimori recibe un país dividido prácticamente en dos mitades idénticas. Ese hecho, más que una debilidad, debería entenderse como una invitación permanente al diálogo. Su mayor éxito no consistirá únicamente en cumplir promesas de campaña, sino en demostrar que es capaz de representar también a quienes no votaron por ella.
Porque cuando una nación queda separada por apenas unas decenas de miles de votos, la verdadera victoria no está en derrotar al adversario, sino en convencer a ambos lados de que todavía es posible caminar hacia un mismo destino. Sólo entonces las urnas dejarán de ser el punto final de una disputa para convertirse en el verdadero punto de partida de una democracia más sólida y más incluyente.
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