Estados Unidos ha decidido llevar su obsesión migratoria a un terreno que revela mucho más que una política de control fronterizo: el de la intimidad de las familias. La administración de Donald Trump no sólo está persiguiendo a quienes ingresan ilegalmente o a quienes utilizan fraudulentamente una visa. Ahora también está colocando bajo sospecha a extranjeros que viajaron a Estados Unidos y tuvieron un hijo allá, bajo el argumento de combatir el llamado “turismo de nacimiento”.
Y aquí conviene poner las cosas en su sitio. Una cosa es perseguir redes que organizan viajes con el propósito deliberado de utilizar el sistema migratorio para obtener beneficios. Otra muy distinta es convertir la maternidad en una especie de antecedente migratorio sospechoso y utilizarlo como argumento para cancelar una visa.
El gobierno estadounidense ya ha revocado cientos de visas relacionadas con casos que considera turismo de nacimiento. El Departamento de Estado informó además que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se han cancelado más de 175 mil visas por distintas causas. Entre ellas aparecen delitos, fraude migratorio y seguridad nacional, pero también casos vinculados con personas que habrían viajado principalmente para dar a luz en territorio estadounidense.
El mensaje es brutalmente claro: Washington quiere que cualquier extranjero entienda que su visa no es un derecho adquirido, sino un privilegio que puede desaparecer cuando las autoridades consideren que sus intenciones no coinciden con lo que Estados Unidos espera.
Y eso debería preocuparnos.
Porque detrás del discurso de “America First” se está construyendo algo más peligroso que una política migratoria estricta. Se está construyendo una cultura de sospecha en la que el extranjero debe demostrar constantemente que merece entrar, permanecer, comprar, estudiar, trabajar, visitar o incluso tener vínculos familiares con Estados Unidos.
La pregunta incómoda es dónde termina la defensa legítima de las leyes y dónde comienza el abuso del poder.
Una mujer que viaja embarazada a Estados Unidos puede hacerlo por muchas razones. Algunas, desde luego, pueden buscar deliberadamente que su hijo nazca allá para obtener la ciudadanía estadounidense. Si existe fraude, engaño o una operación organizada para burlar las reglas migratorias, que se investigue y se sancione. Nadie debería defender el fraude.
Pero no se puede convertir esa excepción en una presunción general.
Tener un hijo en Estados Unidos no convierte automáticamente a una madre en delincuente. Tampoco transforma en fraude toda visita de una mujer embarazada. Y mucho menos debería significar que años después, cuando esa mujer intente volver a cruzar para visitar a su hijo, hacer compras, atender un asunto familiar o simplemente pasar unos días, tenga que enfrentarse a la posibilidad de que un agente decida que su pasado maternal la convierte en una persona indeseable.
Ese es precisamente el problema de fondo.
La política migratoria de Trump está dejando de hablar solamente de migrantes irregulares. Ahora alcanza a turistas, estudiantes, trabajadores, familiares y personas que legalmente obtuvieron una visa y que, hasta hace poco, podían pensar que cumplir con las reglas era suficiente.
Ya no parece serlo.
El gobierno estadounidense ha ampliado el escrutinio de las visas y ha mostrado que está dispuesto a cancelar documentos incluso por razones que antes parecían lejanas al concepto tradicional de seguridad nacional. El mensaje que recibe el mundo es que Estados Unidos quiere tener la última palabra sobre quién entra, quién sale y quién puede volver.
Y eso tiene consecuencias.
México debería observar esta situación con mucha seriedad. No sólo porque millones de mexicanos tienen vínculos familiares con Estados Unidos, sino porque existe una relación económica, social y humana que no puede reducirse a una discusión sobre migración.
Hay familias mexicanas que cruzan la frontera todos los días. Hay personas que tienen hijos ciudadanos estadounidenses y viven en México. Hay madres y padres que viajan para visitar a sus hijos, asistir a una graduación, acompañarlos en una enfermedad o simplemente pasar tiempo con ellos.
Si ahora cualquier funcionario puede interpretar que el nacimiento de un hijo en territorio estadounidense constituye una señal suficiente para cuestionar una visa, el problema deja de ser migratorio y se convierte en una fuente permanente de incertidumbre para millones de familias.
Y hay algo todavía más delicado.
Trump está intentando cambiar mediante órdenes ejecutivas la interpretación de uno de los principios más conocidos de la legislación estadounidense: la ciudadanía por nacimiento. La Suprema Corte ya ha intervenido en esta disputa y el asunto continúa generando una fuerte batalla jurídica.
Eso significa que la Casa Blanca no sólo está endureciendo la vigilancia sobre los extranjeros. Está intentando modificar la propia idea de quién puede ser considerado estadounidense.
No es un asunto menor.
Estados Unidos construyó buena parte de su identidad histórica sobre la idea de ser una nación de inmigrantes. Durante generaciones, esa narrativa fue uno de sus mayores activos frente al mundo. Hoy, la administración Trump parece empeñada en reemplazarla por otra: la de una fortaleza que decide quién merece acercarse a sus puertas.
El problema es que una nación puede proteger sus fronteras sin perder la dimensión humana.
Puede combatir el fraude sin criminalizar la maternidad. Puede sancionar a quienes utilizan fraudulentamente una visa sin convertir a todas las madres extranjeras en sospechosas. Puede defender sus leyes sin hacer del miedo una política de Estado.
Porque eso es lo que comienza a percibirse: miedo.
Miedo de quien tiene visa y ya no sabe si podrá utilizarla. Miedo de quien tiene un hijo estadounidense y teme que esa circunstancia sea utilizada en su contra. Miedo de quien cruza legalmente la frontera y se pregunta si el agente que tiene enfrente interpretará correctamente su historia.
Y cuando una política pública comienza a generar más miedo que certeza, algo está fallando.
Trump podrá argumentar que está defendiendo la soberanía estadounidense. Podrá decir que está poniendo orden donde durante décadas hubo abusos. Incluso tendrá razón en que existen redes dedicadas al turismo de nacimiento y que deben ser combatidas.
Pero combatir el abuso no significa tener licencia para sospechar de todos.
Una potencia mundial debería tener la capacidad de distinguir entre una red de fraude y una familia. Entre una operación migratoria ilegal y una madre. Entre un delito y un nacimiento.
Si no puede hacerlo, entonces no estamos frente a una política migratoria inteligente. Estamos frente a una política de intimidación.
Y la historia demuestra que cuando un gobierno comienza a medir la dignidad de las personas únicamente por su nacionalidad, su lugar de nacimiento o la utilidad que representan para el Estado, la frontera deja de ser una línea en el mapa y empieza a convertirse en una barrera moral.
Estados Unidos tiene derecho a decidir quién entra a su territorio.
Lo que no debería olvidar es que también tiene la responsabilidad de no convertir ese poder en arbitrariedad.
Porque una visa puede ser un documento. Pero detrás de ella hay una persona, una familia y una historia. Y ninguna potencia, por poderosa que sea, debería olvidar eso.
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