Perú vuelve a encontrarse frente al espejo de sus propias contradicciones. Una vez más, la nación andina observa cómo una elección presidencial se transforma en una larga espera cargada de incertidumbre, sospechas y tensión política. Lo ocurrido tras la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo no es solamente el reflejo de una contienda cerrada entre dos proyectos ideológicos opuestos; es también la expresión de una crisis institucional que parece haberse convertido en una constante dentro de la vida pública peruana.
Con el 98.6 por ciento de las actas contabilizadas, la candidata de derecha Keiko Fujimori logró colocarse ligeramente por encima de Roberto Sánchez, representante de la izquierda, por una diferencia de apenas 18 mil 500 votos. En términos porcentuales, la distancia es prácticamente imperceptible: 50.051 por ciento contra 49.949 por ciento. Una diferencia tan reducida que cualquier modificación en el cómputo restante podría alterar el resultado final.
Pero más allá de quién termine ocupando el Palacio de Gobierno, lo verdaderamente preocupante es el escenario que deja esta elección. Porque cuando un país tarda días o incluso semanas en conocer a su próximo presidente, cuando las acusaciones de fraude aparecen antes incluso de concluir el conteo, y cuando una parte importante de la ciudadanía desconfía de las autoridades electorales, el problema ya no es electoral; es político e institucional.
La historia reciente de Perú ayuda a entender la magnitud del desafío. En apenas una década el país ha tenido una sucesión de presidentes, destituciones, renuncias, encarcelamientos, investigaciones judiciales y crisis parlamentarias que han debilitado la confianza ciudadana en prácticamente todas las instituciones del Estado. Ningún gobierno ha logrado consolidar estabilidad suficiente para construir un proyecto de largo plazo.
La consecuencia natural de ese desgaste es una ciudadanía profundamente dividida, cansada y desconfiada.
Keiko Fujimori representa para muchos peruanos una opción de estabilidad económica y experiencia política. Para otros, sin embargo, simboliza la continuidad de una clase política asociada a viejas prácticas, escándalos de corrupción y una herencia familiar que sigue generando profundas divisiones. Su apellido continúa siendo uno de los más influyentes, pero también uno de los más polémicos de la política peruana.
Del otro lado aparece Roberto Sánchez, impulsado por sectores que exigen cambios estructurales y una mayor atención a las desigualdades sociales que persisten en amplias regiones del país. Su candidatura encontró respaldo entre quienes consideran que el modelo económico vigente no ha logrado distribuir de manera justa los beneficios del crecimiento.
En realidad, la elección terminó convirtiéndose en un referéndum emocional entre dos visiones radicalmente distintas del futuro nacional.
Lo más preocupante es que ninguna parece tener la capacidad de reconciliar al país.
Los resultados reflejan una fractura territorial y social evidente. Las zonas urbanas más desarrolladas muestran tendencias distintas a las regiones rurales. Los sectores empresariales votan con preocupaciones diferentes a las de las comunidades históricamente marginadas. La clase media observa con temor los riesgos de un cambio abrupto, mientras millones de ciudadanos consideran que precisamente la falta de cambios es lo que ha perpetuado sus problemas.
Esa polarización convierte cualquier victoria en una victoria incompleta.
Incluso si Fujimori mantiene la ventaja y es declarada presidenta, enfrentará un país dividido prácticamente en mitades idénticas. Gobernará con una oposición numerosa y activa que cuestionará buena parte de sus decisiones desde el primer día. Si ocurriera lo contrario y Sánchez terminara remontando en el conteo final, la resistencia de los sectores conservadores y empresariales sería igualmente intensa.
El verdadero vencedor de la elección no parece ser ninguno de los candidatos. La verdadera ganadora ha sido la incertidumbre.
Y cuando la incertidumbre se instala en la política, rápidamente se traslada a la economía, a las inversiones, al empleo y a la confianza ciudadana.
No es casualidad que los mercados reaccionen con cautela ante escenarios como este. Los inversionistas suelen tolerar resultados adversos, siempre que exista claridad sobre ellos. Lo que genera nerviosismo no es necesariamente quién gana, sino no saber quién ganó. La ausencia de definiciones prolongadas alimenta rumores, especulaciones y campañas de desinformación que terminan deteriorando aún más el ambiente político.
Tampoco ayuda que las elecciones vuelvan a estar acompañadas por denuncias de fraude y problemas logísticos similares a los observados en procesos anteriores. Aunque muchas de esas acusaciones terminan sin pruebas concluyentes, el simple hecho de que una parte significativa de la población las considere plausibles evidencia el deterioro de la credibilidad institucional.
La democracia necesita algo más que votos para funcionar. Necesita confianza.
Sin confianza en las autoridades electorales, cualquier resultado será cuestionado. Sin confianza en los tribunales, cualquier resolución será impugnada políticamente. Sin confianza en los gobernantes, cualquier decisión encontrará resistencia social.
Perú enfrenta precisamente ese desafío.
Lo ocurrido en esta elección también debería servir de advertencia para toda América Latina. La polarización extrema, la desconfianza institucional y la incapacidad para construir consensos son fenómenos que se observan en distintos países de la región. Las elecciones dejan de ser mecanismos para resolver diferencias y comienzan a convertirse en episodios que profundizan los conflictos existentes.
Cuando cada elección es presentada como una batalla definitiva entre el bien y el mal, entre salvadores y enemigos de la patria, la convivencia democrática se vuelve cada vez más difícil.
La política deja entonces de ser un espacio para negociar acuerdos y se transforma en un campo permanente de confrontación.
Por eso, más importante que conocer el nombre del próximo presidente peruano será observar qué ocurre después. Si el ganador entiende la necesidad de tender puentes y construir acuerdos mínimos, Perú podría comenzar a recuperar cierta estabilidad. Si, por el contrario, opta por gobernar únicamente para quienes votaron por él, el país corre el riesgo de seguir atrapado en el ciclo de crisis que lo ha acompañado durante los últimos años.
El conteo continuará. Las actas pendientes seguirán revisándose. Los partidos presentarán recursos. Las autoridades electorales defenderán sus procedimientos. Los simpatizantes de ambos candidatos reclamarán la victoria.
Pero mientras todo eso sucede, millones de peruanos siguen esperando algo mucho más importante que un resultado oficial: esperan señales de que su democracia todavía es capaz de ofrecer certidumbre.
Porque los países pueden sobrevivir a elecciones cerradas. Lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir a la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de resolverlas. Y en el Perú de hoy, esa parece ser la verdadera elección que sigue pendiente.
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