Hay adolescentes que necesitan límites firmes. Jóvenes que desafían toda autoridad, abandonan la escuela, caen en adicciones, ejercen violencia dentro de su propio hogar o toman decisiones que ponen en riesgo su vida y la de quienes los rodean. Nadie puede negar que existen casos en los que la familia requiere apoyo profesional para encauzar situaciones que la han rebasado. Pero una cosa es educar con disciplina y otra muy distinta entregar a un hijo para que sea sometido al miedo, la humillación o la violencia. Entre ambas existe una frontera que nunca debió cruzarse.
Las muertes de Zamir Pinto, de 16 años; Erick, de 13, y Dafne Zapata, también de 13, obligan a mirar una realidad que durante años permaneció oculta bajo uniformes impecables, marchas, consignas y discursos sobre valores. Detrás de esa imagen comenzaron a surgir denuncias de castigos extremos, agresiones físicas y psicológicas, agotamiento, negligencia y mecanismos de silencio. No son tres casos aislados; son tres advertencias de un modelo que, en algunos centros privados de formación militarizada, terminó sustituyendo la educación por el sometimiento.
Hay instituciones que aseguran moldear el carácter cuando en realidad buscan quebrar la voluntad. Confunden autoridad con intimidación, disciplina con castigo y obediencia con miedo. Bajo el argumento de corregir conductas difíciles, reproducen métodos donde predominan los gritos, las humillaciones, el desgaste físico y la anulación de la personalidad.
El lenguaje con el que se presentan resulta atractivo para muchas familias: orden, respeto, fortaleza, responsabilidad, honor. Sin embargo, ninguna palabra dignifica una golpiza. Ningún uniforme convierte una humillación en herramienta pedagógica. Ningún reglamento puede justificar que un menor sea lesionado física o emocionalmente por quienes recibieron la responsabilidad de protegerlo.
El caso de Dafne Zapata estremeció al país. La adolescente acudió a un campamento de verano organizado por una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, y pocos días después perdió la vida. Su madre sostiene que fue víctima de tortura y malos tratos; la necropsia determinó asfixia por sumersión y la Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio. El director del establecimiento y dos integrantes del personal fueron detenidos mientras continúan las investigaciones.
La academia promovía principios de disciplina, lealtad y trabajo, además de proyectar una cercanía con las Fuerzas Armadas que la propia Secretaría de la Defensa Nacional negó públicamente. Ese dato revela un problema adicional: la utilización de símbolos militares puede transmitir a los padres una sensación de respaldo institucional que en realidad no existe.
Conviene distinguir con claridad dos realidades completamente distintas. Las Fuerzas Armadas cuentan con normas, controles internos y procesos de formación sujetos a responsabilidades institucionales. Otra cosa son establecimientos privados que adoptan estética y lenguaje castrense para ofrecer servicios educativos sin que necesariamente existan las capacidades pedagógicas, psicológicas y médicas indispensables para trabajar con menores.
Ahí comienza la simulación. Se vende la idea de que un adolescente rebelde puede transformarse en pocas semanas mediante marchas, ejercicios físicos y obediencia absoluta. Se promete resolver en un internado problemas familiares construidos durante años, como si la personalidad pudiera reconstruirse a golpes de silbato.
La disciplina auténtica jamás ha dependido de la violencia. Exige constancia, reglas claras, autocontrol y respeto. Necesita instructores preparados, supervisión permanente, protocolos médicos y acompañamiento psicológico. El maltrato, en cambio, únicamente necesita una víctima vulnerable y alguien dispuesto a ejercer poder sobre ella.
Muchas familias llegan a estos centros movidas por la desesperación. Han agotado recursos, buscan ayuda y confían de buena fe en instituciones que aparentan profesionalismo. También ellas terminan siendo víctimas cuando se les ocultan antecedentes, denuncias previas o métodos incompatibles con cualquier proceso educativo.
Pero sería ingenuo reducir todos los casos al engaño.
También existen padres que optan por desprenderse del problema. Creen que basta con pagar una inscripción, firmar documentos y dejar al adolescente tras una reja para que alguien más haga el trabajo que ellos ya no pudieron, no supieron o no quisieron realizar.
La responsabilidad parental no funciona así.
Un hijo no deja de ser responsabilidad de sus padres porque haya ingresado a un internado. La obligación de acompañar, supervisar y proteger permanece intacta. Incluso aumenta.
Es cierto que algunos adolescentes enfrentan problemas muy serios. Hay quienes consumen drogas, abandonan los estudios, ejercen violencia o requieren atención especializada. Nadie puede minimizar el desgaste emocional que esas situaciones provocan.
Sin embargo, la desesperación nunca puede convertirse en licencia para abandonar el deber de proteger.
Cuando un menor necesita ayuda, ésta debe construirse junto con psicólogos, psiquiatras, médicos, orientadores, docentes y redes familiares. No puede depositarse toda la esperanza en una institución cerrada cuya principal herramienta sea el sufrimiento.
Quien entrega a su hijo en un establecimiento adquiere la obligación de investigar quién lo dirige, cuál es la preparación de sus instructores, qué permisos posee, qué protocolos médicos aplica, cómo atiende emergencias y cuáles son sus antecedentes.
Y existe una responsabilidad adicional: creerle al menor cuando denuncia abusos.
Con demasiada frecuencia los golpes se justifican como parte de la disciplina, las lesiones se atribuyen al entrenamiento y las quejas se interpretan como intentos de escapar de la exigencia. El silencio termina confundiéndose con adaptación cuando quizá sólo refleja miedo.
Persisten además ideas profundamente equivocadas. Todavía hay quienes sostienen que “la mano dura corrige”, que “a todos nos golpearon” o que “es por su bien”. Ninguna de esas frases convierte la violencia en un acto educativo. Tampoco vuelve legítimo el abuso porque la víctima tenga problemas de conducta.
Educar implica poner límites, acompañar procesos difíciles y asumir el desgaste que representa formar personas. También exige reconocer cuándo la familia necesita apoyo profesional. Lo que nunca autoriza es delegar esa responsabilidad en cualquiera que ofrezca disciplina basada en el miedo.
La obligación también alcanza a quienes administran estas academias. No basta alegar desconocimiento sobre la conducta de los instructores. Quien cobra por formar menores responde por las personas que contrata, por los métodos que tolera, por las lesiones que ignora y por las denuncias que decide silenciar.
Los instructores, por supuesto, responden individualmente por sus actos. Nadie puede esconderse detrás de una cadena de mando para justificar golpes, privación de alimentos, negación de atención médica o ejercicios que ponen en riesgo la salud. Eso no constituye disciplina; constituye abuso.
Pero la responsabilidad tampoco termina ahí.
El Estado también ha llegado tarde.
Resulta difícil explicar que academias de esta naturaleza continúen operando bajo referencias normativas cuya base proviene de un reglamento expedido en 1943. Ocho décadas después, el país intenta supervisar establecimientos que alojan menores utilizando disposiciones concebidas para una realidad completamente distinta. La regulación insuficiente ha permitido que algunos operen entre vacíos legales y controles limitados.
Las autoridades suelen aparecer cuando el daño ya está hecho. Llegan después de las denuncias, de las lesiones y, en el peor de los casos, después de la muerte. Entonces anuncian investigaciones y posibles reformas.
Pero gobernar no consiste solamente en castigar tragedias consumadas.
Consiste, sobre todo, en impedir que ocurran.
Toda institución que aloje, eduque o discipline menores debería sujetarse a inspecciones constantes, personal certificado, protocolos médicos obligatorios y canales confidenciales de denuncia. Los padres tendrían que conocer quién supervisa esos centros, cuándo fueron revisados por última vez y qué sanciones acumulan.
El problema, además, rebasa a las academias militarizadas. La misma lógica aparece en algunos anexos, internados, escuelas deportivas, casas hogar e instituciones religiosas donde la obediencia absoluta pretende justificar cualquier exceso.
Siempre que un adulto concentra poder sin vigilancia sobre una persona vulnerable existe la posibilidad del abuso. Siempre que se exige silencio en nombre de la disciplina debe encenderse una señal de alarma.
Durante generaciones se normalizó la idea de que el sufrimiento fortalece el carácter. Es falso. El miedo produce obediencia temporal, pero no convicción. La humillación doblega, pero no educa. La violencia puede imponer silencio, aunque jamás construye valores.
Los adolescentes necesitan límites. También necesitan referentes, reglas y responsabilidades. La permisividad absoluta resulta tan dañina como la violencia porque deja al menor sin orientación. Pero entre ambos extremos existe el espacio donde realmente ocurre la educación.
Ahí deben encontrarse la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.
Cuando una familia entrega a su hijo para que otros hagan el trabajo de educarlo; cuando una institución convierte el dolor en método; y cuando el Estado aparece únicamente para contar víctimas, todos los adultos han fracasado.
Nadie devolverá la vida a Zamir, Erick o Dafne. Lo que sí puede hacer México es impedir que sus nombres se pierdan entre el ciclo habitual de indignación. Investigar a fondo, castigar a los responsables, clausurar los establecimientos que representen un peligro y construir una regulación moderna ya no es una opción política: es una obligación moral.
Porque ningún adolescente necesita ser destruido para aprender a vivir. La disciplina forma; el abuso degrada. La autoridad educa; la violencia deja cicatrices. Y cuando el miedo se disfraza de enseñanza, lo único que cambia es el uniforme. El daño sigue siendo exactamente el mismo.
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