Donald Trump está acostumbrado a convertir cualquier confrontación política en una demostración de fuerza. Amenaza, presiona, descalifica y, cuando las circunstancias lo favorecen, proclama victorias incluso antes de que sus adversarios hayan terminado de reaccionar. Pero ahora enfrenta un problema que no puede resolver mediante una orden presidencial, un arancel o una publicación incendiaria en sus redes sociales. El próximo martes, millones de estadounidenses acudirán a las urnas para decidir quién controlará el Congreso durante los últimos dos años de su mandato. Y todo indica que el presidente podría recibir una respuesta mucho menos favorable de la que esperaba.
La ironía es considerable. Trump regresó a la Casa Blanca convencido de que su victoria representaba un mandato para transformar profundamente a Estados Unidos. Apenas dos años después, debe recorrer el país intentando evitar que los electores entreguen a sus adversarios las herramientas necesarias para frenar buena parte de su proyecto.
No estará en las boletas, pero será imposible separar el resultado de su figura.
Las elecciones intermedias suelen funcionar como una evaluación del presidente en turno. Los ciudadanos aprovechan la oportunidad para expresar inconformidades que quizá no fueron suficientes para modificar su voto presidencial, pero que terminan acumulándose durante los primeros años de gobierno.
Trump conoce esa dinámica. En 2018, durante su primera administración, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes. Ahora enfrenta la posibilidad de repetir aquella experiencia, aunque en circunstancias que podrían resultar todavía más complicadas.
Las encuestas muestran un deterioro importante de su popularidad. Un sondeo reciente de Reuters e Ipsos colocó su aprobación alrededor del 32 por ciento, mientras los demócratas mantenían una ventaja considerable en las preferencias nacionales para el Congreso.
Las encuestas no votan y tampoco garantizan resultados. Estados Unidos tiene un sistema electoral en el que las diferencias territoriales, la participación y la distribución de los distritos pueden producir resultados distintos a las tendencias nacionales.
Sin embargo, sería absurdo ignorar las señales.
Lo verdaderamente preocupante para los republicanos no es solamente que los demócratas tengan posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes. Es que también comienzan a competir seriamente en estados que durante años parecían suficientemente seguros para el partido presidencial.
Cuando un gobierno necesita defender territorios que consideraba propios, significa que algo está cambiando en el ánimo de los electores.
Y ese cambio tiene explicaciones que van mucho más allá de la confrontación entre conservadores y liberales.
Trump prometió recuperar la prosperidad, reducir las presiones económicas sobre las familias y demostrar que su manera de negociar produciría beneficios inmediatos para Estados Unidos. Pero los ciudadanos juzgan a sus gobernantes por lo que ocurre en sus hogares, no por la contundencia de sus discursos.
El costo de la vida, los precios de los combustibles, la incertidumbre económica y las consecuencias de las decisiones internacionales han terminado por convertirse en asuntos centrales de la campaña.
Un presidente puede presumir acuerdos comerciales, inversiones multimillonarias y victorias diplomáticas. Pero si los electores sienten que su dinero alcanza para menos, difícilmente encontrarán consuelo en las estadísticas que ofrece la Casa Blanca.
La economía tiene una manera particularmente eficaz de desmentir la propaganda.
Trump enfrenta, además, las consecuencias de haber convertido prácticamente todas las decisiones de su gobierno en asuntos personales. Cuando una administración se identifica de manera tan estrecha con un solo dirigente, resulta difícil distribuir responsabilidades entre colaboradores, legisladores o circunstancias externas.
Las victorias pertenecen al presidente. Pero los fracasos también.
Esa concentración de protagonismo, que durante años representó una de sus principales fortalezas políticas, podría convertirse ahora en una debilidad.
Los candidatos republicanos necesitan el entusiasmo de los seguidores de Trump, pero también requieren conquistar a ciudadanos independientes que muestran señales de cansancio frente a la confrontación permanente.
Alejarse del presidente puede desmovilizar a la base conservadora. Acercarse demasiado puede resultar costoso entre los electores moderados.
No parece existir una salida sencilla.
La situación es especialmente delicada porque el resultado no solamente determinará cuántos legisladores tendrá cada partido. También definirá el margen de maniobra del gobierno hasta 2028.
Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrán intensificar la supervisión de la administración, promover investigaciones y dificultar la aprobación de iniciativas que requieren respaldo legislativo.
Si además conquistan el Senado, el escenario sería considerablemente más complejo para la Casa Blanca.
Trump conservaría importantes facultades presidenciales, incluida su capacidad de veto y diversas atribuciones ejecutivas. No quedaría políticamente inmovilizado, pero tendría que negociar con adversarios que difícilmente estarán dispuestos a facilitarle el camino.
Para un dirigente acostumbrado a presentar la negociación como una competencia entre vencedores y derrotados, semejante escenario podría resultar especialmente incómodo.
Pero existe un aspecto todavía más delicado.
A medida que se acerca la jornada electoral, las controversias sobre la administración de los comicios han adquirido una intensidad preocupante. El gobierno federal ha impulsado acciones relacionadas con los registros de votantes y la supervisión electoral, mientras sus adversarios advierten sobre posibles intentos de interferencia.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar que solamente participen quienes cumplen los requisitos legales. También deben investigar irregularidades cuando existen elementos suficientes para hacerlo.
Lo que no pueden permitirse es convertir la sospecha en un instrumento político para desacreditar anticipadamente resultados desfavorables.
Una democracia necesita elecciones confiables, pero también dirigentes dispuestos a reconocer que perder forma parte de las reglas.
La experiencia estadounidense de los últimos años demuestra hasta dónde puede llegar el deterioro institucional cuando una parte de la sociedad deja de confiar en los procedimientos que permiten resolver pacíficamente las disputas por el poder.
Y Trump no puede declararse ajeno a ese problema.
Su trayectoria política ha estado marcada por cuestionamientos a procesos electorales cuyos resultados no le favorecieron. Por eso, cualquier intervención de su administración en asuntos relacionados con la organización de los comicios será observada con especial atención.
No significa que toda medida gubernamental constituya una irregularidad. Significa que la confianza pública exige transparencia, legalidad y una separación clara entre los intereses partidistas y las responsabilidades institucionales.
El presidente debería ser el primer interesado en preservar esas condiciones.
Sin embargo, también conviene mirar hacia el otro lado.
Los demócratas podrían beneficiarse del rechazo que genera Trump sin haber resuelto sus propias dificultades para construir un proyecto político convincente. Ganar elecciones mediante el desgaste del adversario puede resultar eficaz, pero no garantiza la capacidad de gobernar ni de recuperar la confianza ciudadana.
Una eventual mayoría legislativa tendría que demostrar que representa algo más que una coalición de inconformes.
Porque Estados Unidos no necesita únicamente una oposición capaz de detener al presidente. Necesita instituciones capaces de procesar sus diferencias sin convertir cada desacuerdo en una crisis nacional.
La elección del martes también abrirá una disputa silenciosa dentro del Partido Republicano.
Si Trump consigue conservar el control del Congreso, podrá presentar el resultado como una ratificación de su liderazgo y mantener una influencia considerable sobre la definición del candidato presidencial de 2028.
Pero si los republicanos sufren una derrota importante, comenzarán las preguntas que hasta ahora muchos dirigentes han preferido evitar.
¿Hasta cuándo seguirá siendo rentable depender políticamente de Trump? ¿Quién estará dispuesto a defender sus decisiones cuando su popularidad se convierta en un obstáculo electoral? ¿Podrá el partido construir una identidad que sobreviva a la salida del actual presidente?
Las lealtades políticas suelen parecer inquebrantables mientras garantizan victorias. Cuando empiezan a producir derrotas, se vuelven mucho más negociables.
Trump ha demostrado una capacidad extraordinaria para dominar la conversación pública, resistir escándalos y regresar de situaciones que habrían terminado con la carrera de otros políticos.
Sería imprudente darlo por derrotado antes de que se cuenten los votos.
Pero también sería ingenuo suponer que su influencia personal basta para superar cualquier inconformidad social.
El próximo 3 de noviembre no estará en juego la Presidencia de Estados Unidos. Trump permanecerá en la Casa Blanca independientemente del resultado.
Lo que los ciudadanos decidirán es cuánto poder están dispuestos a dejarle durante los próximos dos años.
Y esa diferencia resulta fundamental.
Porque una democracia no solamente consiste en elegir a quien gobierna. También permite establecer límites a su autoridad cuando los electores consideran que ha llegado demasiado lejos.
Trump ha dedicado buena parte de su vida política a demostrar que puede imponerse a sus adversarios.
Ahora tendrá que enfrentarse a una realidad que ningún presidente debería olvidar: el poder obtenido en las urnas también puede ser limitado por ellas.
Y esta vez, por más que lo intente, no será él quien tenga la última palabra.
Opinión.salcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1
Sobre el autor
