Donald Trump parece haber encontrado una fórmula extraordinariamente sencilla para terminar con la guerra en Ucrania: convencer al país invadido de que acepte las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo con su invasor. El problema es que aquello que desde Washington puede presentarse como una solución diplomática, desde Kiev comienza a interpretarse como una exigencia de rendición. Y mientras Vladimir Putin observa cómo se profundizan las diferencias entre sus adversarios, Europa enfrenta una pregunta que hace apenas unos años habría parecido inconcebible: ¿puede Estados Unidos convertirse en el principal obstáculo para la seguridad de sus propios aliados?
La tensión alcanzó un nuevo nivel este martes, cuando Volodímir Zelenski buscó recomponer las relaciones con la Casa Blanca mediante un encuentro en Oslo con Steve Witkoff, enviado especial de Trump. La reunión ocurrió después de semanas de reproches, acusaciones y decisiones estadounidenses que han provocado creciente inquietud entre los gobiernos europeos.
Zelenski acusa a Washington de retrasar suministros militares indispensables para defender a su país y de utilizar su dependencia tecnológica y estratégica como instrumento de presión. La administración estadounidense rechaza algunas de esas afirmaciones y sostiene que su prioridad consiste en conseguir una negociación capaz de detener las hostilidades.
Pero las diferencias ya no parecen limitarse a los procedimientos para alcanzar la paz. Lo que está en discusión es quién debe pagar su precio.
Trump insiste en que Zelenski tiene que demostrar voluntad para terminar la guerra. Incluso ha sugerido que la hostilidad personal entre los presidentes ucraniano y ruso constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento.
La explicación resulta políticamente conveniente, aunque difícilmente refleja la complejidad del conflicto.
La invasión rusa de febrero de 2022 no comenzó por una disputa de personalidades ni por una enemistad entre dos gobernantes. Fue una decisión militar del Kremlin que vulneró la soberanía de Ucrania, provocó miles de muertes y alteró profundamente el equilibrio de seguridad europeo.
Reducir semejante tragedia a la incapacidad de dos dirigentes para ponerse de acuerdo significa ignorar sus causas fundamentales.
Es verdad que toda guerra necesita eventualmente una salida negociada. También lo es que ningún gobierno puede prolongar indefinidamente un conflicto sin considerar sus consecuencias humanas, económicas y sociales. Ucrania ha sufrido pérdidas devastadoras, destrucción de infraestructura, desplazamientos masivos y una dependencia creciente de la asistencia internacional.
Pero negociar bajo presión no es lo mismo que negociar en condiciones que permitan construir una paz duradera.
Las propuestas que circulan alrededor de las conversaciones incluyen la posibilidad de aceptar pérdidas territoriales y establecer compromisos económicos como parte de un entendimiento. Para Washington, determinadas concesiones podrían representar el camino más rápido hacia el cese de las hostilidades. Para Kiev, implicarían reconocer consecuencias de una invasión que su población ha resistido durante años.
La diferencia es enorme.
Trump parece considerar que su capacidad para dialogar con Putin constituye una ventaja diplomática. Su disposición a revisar sanciones, explorar acuerdos energéticos y mantener canales directos con Moscú responde a una visión pragmática de las relaciones internacionales, donde los resultados deben prevalecer sobre las consideraciones ideológicas.
Ese argumento no carece de lógica. Los conflictos armados difícilmente terminan si las partes se niegan permanentemente a conversar. Mantener comunicación con un adversario no significa necesariamente respaldar sus decisiones.
El problema surge cuando las concesiones parecen dirigirse principalmente hacia quien inició la agresión, mientras las exigencias recaen sobre quien intenta defender su territorio.
La reciente flexibilización estadounidense de determinadas restricciones relacionadas con productos energéticos rusos ha profundizado esa percepción. En Europa preocupa que las operaciones comerciales terminen proporcionando recursos adicionales a Moscú mientras continúan los ataques contra ciudades ucranianas.
Trump, por su parte, ha expresado inconformidad por el costo de la asistencia estadounidense y por las consecuencias de la guerra sobre los precios internacionales de la energía.
Su razonamiento responde también a necesidades internas. A pocas semanas de las elecciones legislativas, la Casa Blanca enfrenta presiones económicas y un ambiente político en el que cualquier aumento del combustible puede traducirse en inconformidad electoral.
Así, la guerra europea comienza a ser evaluada no solamente por sus implicaciones estratégicas, sino por su costo político dentro de Estados Unidos.
Putin conoce perfectamente esa circunstancia.
El presidente ruso ha demostrado que está dispuesto a sostener un conflicto prolongado, soportar sanciones y utilizar las divisiones occidentales para mejorar su posición negociadora. No necesita obtener una victoria militar absoluta si consigue que sus adversarios se debiliten políticamente y comiencen a discutir entre ellos sobre cuánto tiempo vale la pena seguir apoyando a Ucrania.
Desde esa perspectiva, las tensiones entre Trump y Zelenski representan una oportunidad extraordinaria para el Kremlin.
Europa también atraviesa un momento complicado. Las protestas sociales, el encarecimiento de la energía y el desgaste de distintos gobiernos están modificando el debate público. Sectores políticos que cuestionan las sanciones contra Rusia encuentran nuevos argumentos entre ciudadanos preocupados por sus ingresos y sus condiciones de vida.
En Francia, Alemania y otros países, las fuerzas nacionalistas intentan capitalizar ese malestar para exigir cambios en las políticas energéticas y en la relación con Moscú.
No todos quienes protestan comparten esas posiciones. Sería injusto atribuir a millones de ciudadanos inconformes una simpatía automática por Putin. Pero resulta evidente que la crisis económica proporciona terreno fértil para discursos que presentan el respaldo a Ucrania como un sacrificio que Europa ya no puede permitirse.
Esa presión coloca a los gobiernos europeos ante un dilema particularmente difícil: necesitan atender las demandas sociales de sus poblaciones sin abandonar compromisos de seguridad que consideran fundamentales para el futuro del continente.
Porque el problema no termina en las fronteras ucranianas.
Si una potencia consigue modificar territorios mediante la fuerza y posteriormente obtiene reconocimiento de esas conquistas a cambio de suspender las hostilidades, el precedente puede resultar profundamente desestabilizador.
Otros gobiernos podrían interpretar que una intervención militar prolongada termina produciendo beneficios políticos si el agresor dispone de suficiente capacidad para resistir las sanciones y esperar el desgaste de sus adversarios.
Por eso varios dirigentes europeos insisten en que cualquier negociación debe contar con la participación de Ucrania y ofrecer garantías reales para impedir una nueva ofensiva rusa.
Tampoco puede ignorarse que Zelenski enfrenta sus propias responsabilidades. Su gobierno necesita explicar a la sociedad ucraniana cuáles son las posibilidades reales de recuperar territorios, cuánto tiempo puede sostener el esfuerzo militar y qué condiciones estaría dispuesto a discutir para detener las muertes.
Defender la soberanía nacional no elimina la obligación de evaluar alternativas diplomáticas. Pero esas decisiones corresponden fundamentalmente a los ucranianos, no a las potencias que financian parte de su defensa.
La reunión de Oslo puede contribuir a disminuir las tensiones. El restablecimiento de determinados mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia constituye una señal de que todavía existen espacios para el entendimiento entre Washington y Kiev.
Sin embargo, el problema de fondo permanece intacto.
Trump desea presentarse como el dirigente capaz de resolver una guerra que ha desafiado durante años a las principales potencias occidentales. Putin busca conservar las ventajas territoriales y estratégicas obtenidas mediante su ofensiva. Zelenski intenta garantizar la supervivencia de Ucrania como Estado soberano, mientras Europa teme que un acuerdo precipitado termine trasladando la amenaza rusa hacia el resto del continente.
Son objetivos profundamente distintos, aunque todos utilicen la palabra paz.
La diplomacia exige compromisos y ninguna negociación seria puede partir de la expectativa de que una sola parte obtendrá absolutamente todo lo que pretende. Pero también necesita reconocer una diferencia esencial entre alcanzar acuerdos voluntarios y utilizar la vulnerabilidad de un país para obligarlo a aceptar condiciones que comprometan su futuro.
Trump puede conseguir que se sienten a negociar quienes hoy mantienen posiciones irreconciliables. Sería un logro importante. Lo que no debería hacer es confundir la rapidez de un acuerdo con su legitimidad o su capacidad para impedir nuevas guerras.
Porque detener los disparos no siempre significa resolver el conflicto que los provocó.
Y si la paz termina construyéndose sobre la imposición del más fuerte, quizá Trump consiga anunciar el final de una guerra.
Pero difícilmente podrá garantizar que no esté preparando la siguiente.
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