En cualquier democracia, ganar una elección representa una conquista política. Perderla debería significar, sencillamente, aceptar que los ciudadanos decidieron otra cosa. Pero Estados Unidos parece haber entrado en una etapa mucho más peligrosa, en la que reconocer una derrota comienza a convertirse en una decisión condicionada por la conveniencia de los candidatos. A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, una investigación periodística acaba de revelar que numerosos aspirantes al Senado evitan comprometerse a respetar los resultados si estos no les favorecen. El dato sería preocupante en cualquier país. En la nación que durante décadas se presentó como modelo de democracia occidental, adquiere una dimensión particularmente inquietante.
Reuters consultó a 26 campañas en trece estados donde se disputan algunas de las contiendas más importantes para definir el control del Senado. Solamente catorce ofrecieron garantías incondicionales de que aceptarían los resultados, independientemente de quién ganara. Los demás respondieron con reservas, establecieron condiciones o simplemente evitaron pronunciarse.
La investigación no demuestra que vaya a producirse un desconocimiento generalizado de los comicios. Pero sí revela hasta qué punto se ha deteriorado un principio elemental de la convivencia democrática: las reglas deben respetarse incluso cuando sus consecuencias resultan políticamente inconvenientes.
Donald Trump no inventó la desconfianza electoral. Estados Unidos ha tenido controversias históricas sobre el registro de votantes, los procedimientos de escrutinio, la delimitación de distritos y las condiciones de acceso a las urnas. Sin embargo, el actual presidente convirtió esas disputas en una herramienta central de su identidad política, particularmente después de su derrota frente a Joe Biden en 2020.
Aquella elección dejó una herida que todavía no termina de cerrar. Trump denunció un fraude generalizado sin aportar pruebas capaces de sostener sus acusaciones ante los tribunales. Las impugnaciones fracasaron, pero el relato sobrevivió y terminó instalándose entre millones de ciudadanos convencidos de que el sistema solamente funciona cuando favorece a determinados intereses.
El problema no se limita a lo ocurrido hace seis años. La sospecha se ha convertido en un recurso político disponible para cualquier contienda futura.
Ahora, con las elecciones del 3 de noviembre aproximándose, la administración estadounidense impulsa acciones relacionadas con padrones electorales, mecanismos de supervisión y procedimientos de votación. Algunas responden a facultades legales que pueden ser objeto de controversia legítima. Otras han provocado cuestionamientos por el alcance de la intervención federal en procesos cuya organización corresponde fundamentalmente a los estados.
Este jueves, el gobierno de Trump presentó una demanda contra autoridades electorales de California para impedir que se contabilicen determinados votos por correo de personas que considera posiblemente carentes de ciudadanía estadounidense. Las autoridades estatales rechazan las acusaciones y cuestionan la evidencia utilizada para sustentar semejante intervención.
La controversia deberá resolverse por las vías jurídicas correspondientes. Verificar que quienes votan cumplen los requisitos legales es una obligación de cualquier autoridad electoral. Pero también lo es garantizar que ningún ciudadano pierda injustificadamente su derecho al sufragio por sospechas insuficientemente acreditadas.
La diferencia entre proteger una elección y utilizar su organización como instrumento de confrontación política puede parecer sutil en los discursos. En la práctica, resulta fundamental.
Lo que vuelve especialmente delicado este escenario es que Trump enfrenta un panorama electoral adverso. Su popularidad se ha debilitado, los precios continúan preocupando a numerosos estadounidenses y la guerra con Irán ha generado inconformidad incluso en sectores tradicionalmente cercanos al Partido Republicano.
Los demócratas ven posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes y disputan escaños del Senado que hasta hace poco parecían relativamente seguros para sus adversarios. Eso no significa que tengan garantizada una victoria. La maquinaria republicana conserva recursos extraordinarios, una base electoral disciplinada y una capacidad de movilización que ha sorprendido repetidamente a sus críticos.
Pero la posibilidad de una derrota existe, y con ella aumenta la importancia de que todos los participantes reconozcan las reglas antes de conocer el resultado.
Hay una diferencia enorme entre denunciar irregularidades específicas, exigir investigaciones y utilizar los tribunales para corregir posibles violaciones a la ley, y sostener anticipadamente que una elección adversa solamente puede explicarse mediante un fraude.
Lo primero fortalece la democracia cuando se realiza con pruebas y procedimientos adecuados. Lo segundo puede destruir la confianza pública sin necesidad de demostrar absolutamente nada.
Trump conoce mejor que nadie la utilidad política de esa incertidumbre. Durante años ha conseguido que sus seguidores interpreten numerosas investigaciones, decisiones judiciales y críticas institucionales como manifestaciones de una persecución organizada en su contra. El argumento ha resultado extraordinariamente eficaz para mantener cohesionada a su base electoral.
Sin embargo, trasladar esa lógica al funcionamiento de las elecciones implica riesgos que van mucho más allá de la suerte personal de un presidente.
Si millones de ciudadanos comienzan a creer que únicamente son legítimos los resultados favorables a su partido, cualquier alternancia puede transformarse en una crisis. La derrota deja de ser una circunstancia normal de la competencia política y comienza a interpretarse como una agresión que exige resistencia.
No debe olvidarse lo ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando una multitud irrumpió violentamente en el Capitolio mientras el Congreso realizaba el procedimiento de certificación de la victoria de Biden. Aquellos acontecimientos demostraron que las acusaciones infundadas, repetidas durante suficiente tiempo, pueden terminar produciendo consecuencias materiales sobre las instituciones.
Sería irresponsable afirmar que Estados Unidos se dirige inevitablemente hacia una repetición de esa jornada. Las condiciones son distintas y existen autoridades electorales, tribunales y organizaciones civiles trabajando para garantizar el desarrollo de los comicios.
Pero tampoco sería prudente minimizar las señales de alarma.
La responsabilidad no corresponde exclusivamente a Trump. Los candidatos republicanos que evitan comprometerse con los resultados deben explicar qué condiciones consideran indispensables para reconocerlos. Los demócratas, por su parte, tienen la obligación de defender los procedimientos electorales con el mismo rigor cuando pierden que cuando ganan. Ningún partido debería reclamar para sí el monopolio de la legitimidad democrática.
La investigación de Reuters también deja una señal menos pesimista: una mayoría de los electores consultados en un sondeo reciente manifestó confianza en la integridad del proceso. Eso demuestra que la sociedad estadounidense no necesariamente comparte el clima de sospecha que domina parte del discurso político.
Existe todavía una distancia importante entre la confrontación de las élites partidistas y la disposición de muchos ciudadanos a participar pacíficamente en las elecciones.
Esa confianza merece protegerse.
Las democracias no sobreviven únicamente porque sus constituciones establezcan derechos, procedimientos y límites al poder. Necesitan dirigentes dispuestos a respetarlos, jueces capaces de aplicarlos sin subordinación política y ciudadanos convencidos de que sus adversarios también tienen derecho a ganar.
Cuando desaparece esa convicción, las elecciones pueden seguir celebrándose, los partidos continuar compitiendo y las urnas permanecer abiertas. Lo que comienza a debilitarse es el acuerdo fundamental que permite resolver las diferencias sin recurrir a la imposición.
Estados Unidos está a punto de enfrentar una prueba importante. No solamente porque el resultado pueda modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso, sino porque permitirá observar si sus principales actores políticos conservan la disposición de aceptar la voluntad popular cuando contradice sus intereses.
Trump ha demostrado una habilidad excepcional para convertir la confrontación en poder político. Pero la democracia exige algo que no siempre resulta compatible con esa estrategia: reconocer que ningún dirigente es indispensable y que ninguna victoria electoral concede autoridad ilimitada.
El verdadero peligro no consiste en que un presidente tema perder el control del Congreso. Eso forma parte de la política.
Lo verdaderamente peligroso es que comience a considerarse aceptable poner bajo sospecha la democracia cada vez que las urnas amenazan con imponerle límites.
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