La violencia volvió a ensuciar las calles de Guadalajara, pero esta vez no solamente hubo enfrentamientos, agresiones y destrozos. También ardió una puerta del Congreso de Jalisco, se registraron ataques contra edificios públicos y establecimientos particulares, y grupos de encapuchados, identificados en diversos reportes como integrantes del llamado bloque negro, protagonizaron acciones que nada tienen que ver con el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse. Lo ocurrido este domingo 18 de octubre constituye una advertencia que la sociedad jalisciense no puede seguir contemplando con indiferencia: ninguna causa, por justa que sea, autoriza incendiar instituciones, destruir bienes públicos o privados, agredir a las personas y sembrar el temor. Ha llegado el momento de que trabajadores, empresarios, profesionistas, estudiantes, académicos y organizaciones ciudadanas unamos nuestras voces para defender a Jalisco, sus libertades, sus instituciones y la convivencia pacífica.
Por segundo domingo consecutivo, una manifestación convocada para exigir soluciones a la crisis de calidad del agua que afecta a numerosas colonias de la zona metropolitana terminó marcada por episodios de violencia. La gravedad de los acontecimientos no puede minimizarse ni justificarse como una consecuencia inevitable de la indignación ciudadana. Quienes lanzan objetos incendiarios, provocan destrozos o atacan instalaciones públicas no están fortaleciendo una demanda social: están desviando su sentido, perjudicando a quienes la sostienen pacíficamente y generando condiciones que pueden terminar debilitando el derecho de todos a manifestarnos.
Conviene establecer una diferencia fundamental. Las familias que reciben agua de mala calidad tienen razones legítimas para exigir respuestas inmediatas y soluciones duraderas. Los ciudadanos pueden organizarse, marchar, cuestionar a las autoridades y demandar responsabilidades. Esos derechos deben respetarse y protegerse. Pero quienes aprovechan una movilización para cometer agresiones o destruir propiedades deben responder individualmente por sus conductas conforme a la ley. La protesta pacífica merece protección; los delitos requieren investigación y, cuando se acrediten responsabilidades, las sanciones correspondientes.
Resulta especialmente importante reconocer que diversos participantes de la manifestación rechazaron los actos violentos e intentaron deslindarse de quienes los protagonizaron. Esa circunstancia impide colocar indiscriminadamente a todos los asistentes bajo una misma acusación. Los manifestantes pacíficos no deben cargar con las consecuencias de conductas que no cometieron ni avalaron. Por el contrario, también son afectados cuando grupos violentos desplazan sus demandas y convierten una movilización ciudadana en escenario de confrontación.
Pero tampoco podemos permitir que esa distinción termine convirtiéndose en una excusa para tolerar la impunidad. Las autoridades tienen la obligación de identificar a los responsables materiales de los ataques, esclarecer si existió organización previa y determinar las responsabilidades que correspondan. No sería serio atribuir anticipadamente la conducción de estos hechos a partidos, dirigentes u organizaciones sin pruebas suficientes. Sin embargo, la prudencia frente a las acusaciones no significa debilidad frente a los delitos. La violencia debe investigarse con rigor y sancionarse con firmeza, sin arbitrariedades y sin excepciones.
El incendio de una puerta del Congreso estatal tiene una significación que trasciende los daños materiales. El Poder Legislativo representa una institución fundamental de nuestro orden constitucional, independientemente de las críticas que puedan formularse contra sus integrantes o sus decisiones. Sus instalaciones no pertenecen a un partido ni a una mayoría circunstancial, sino que forman parte del patrimonio público y de la vida institucional de Jalisco. Quemarlas no constituye una expresión superior de protesta, sino una agresión que pone en riesgo bienes, personas y condiciones elementales de convivencia democrática.
Lo mismo ocurre con los ataques contra establecimientos comerciales y propiedades particulares. Detrás de cada negocio existen trabajadores, familias, inversiones y años de esfuerzo. Romper escaparates, destruir instalaciones o provocar incendios no contribuye en absoluto a mejorar la calidad del agua. Por el contrario, puede afectar empleos y poner en peligro a personas que ninguna responsabilidad tienen en las decisiones gubernamentales cuestionadas. Ninguna causa ciudadana gana legitimidad mediante la destrucción del patrimonio de otros ciudadanos.
Frente a estos acontecimientos, corresponde al gobernador Pablo Lemus y a las instituciones responsables de la seguridad pública garantizar la protección de la población, preservar el funcionamiento de los espacios públicos y actuar conforme a sus atribuciones legales. Esa responsabilidad debe ejercerse con decisión y profesionalismo, sin caer en respuestas indiscriminadas ni vulneraciones de derechos. Las denuncias relacionadas con posibles excesos policiales durante la manifestación del domingo anterior también deben investigarse y resolverse. Exigir responsabilidades a quienes atacaron edificios públicos no implica justificar actuaciones indebidas de agentes del Estado. La legalidad debe prevalecer para todos.
Lo ocurrido adquiere particular importancia porque la sociedad organizada ya había expresado públicamente su preocupación por esta situación. El sábado 10 de octubre, más de cuarenta organizaciones cívicas y ciudadanas suscribieron un pronunciamiento para exigir atención efectiva a la contaminación de las fuentes de abastecimiento, particularmente en lo relacionado con las responsabilidades de las autoridades federales. Se planteó la necesidad de investigar las descargas contaminantes, destinar recursos suficientes y construir soluciones técnicas con participación social. Aquella expresión dejó establecido que la inconformidad por el agua tiene fundamentos que deben atenderse con seriedad.
Posteriormente, el martes 13 de octubre, importantes organizaciones obreras, profesionales y ciudadanas formularon un nuevo llamado bajo una convicción compartida: Jalisco necesita paz, respeto y soluciones. Participaron la Federación de Trabajadores de Jalisco, afiliada a la CTM; la FROC-CONLABOR y la CROM, tres de las principales centrales obreras de nuestra entidad, junto con CONFÍO en México, el Consejo Cívico Ciudadano, Foro Plural Jalisco, Conciencia Cívica Jalisciense, la Sociedad Mexicana de Ingenieros y otras agrupaciones de amplia presencia social. El pronunciamiento reconoció la legitimidad de las demandas ciudadanas, condenó la violencia y destacó la importancia del liderazgo institucional del gobernador para preservar la paz y construir soluciones.
Esos posicionamientos no fueron manifestaciones de respaldo partidista ni intentos de descalificar las protestas. Constituyeron expresiones de responsabilidad social ante dos problemas que no deben confundirse: la deficiente calidad del agua y el riesgo de que la inconformidad ciudadana sea aprovechada para provocar enfrentamientos. Lo sucedido este domingo confirma que ambas preocupaciones requieren atención urgente y que los llamados a la convivencia no pueden quedarse solamente en declaraciones.
Hoy es indispensable convocar a una verdadera unidad de la sociedad jalisciense para defender nuestra tranquilidad y nuestras instituciones. No hablo de una unidad destinada a respaldar incondicionalmente al gobierno ni de pedir silencio a quienes tienen reclamaciones legítimas. Hablo de una coincidencia ciudadana capaz de superar diferencias partidistas e ideológicas para afirmar que la violencia no puede convertirse en instrumento de participación política ni en mecanismo para imponer decisiones mediante el miedo.
Las organizaciones obreras representan a miles de trabajadores; las empresariales participan directamente en la generación de empleos y en la actividad económica; los colegios profesionales y las agrupaciones técnicas aportan conocimientos indispensables para enfrentar problemas complejos; las universidades contribuyen con investigación y formación, mientras las organizaciones comunitarias conocen las necesidades de sus colonias y municipios. Todos esos sectores pueden coincidir en la defensa de la paz, la exigencia de soluciones y el respeto a las libertades, aun cuando mantengan diferencias sobre otros asuntos.
Defender a Jalisco no significa salir a confrontar a los grupos violentos. Significa organizarnos pacíficamente, respaldar el cumplimiento de la ley, exigir investigaciones eficaces, proteger el derecho a manifestarse y participar activamente en la construcción de soluciones. Significa también rechazar cualquier intento de utilizar los acontecimientos para obtener ventajas electorales, alimentar acusaciones sin pruebas o dividir todavía más a nuestra comunidad. La sociedad debe actuar con firmeza, pero también con responsabilidad, porque responder a la intimidación mediante nuevas confrontaciones solamente agravaría el problema.
Al mismo tiempo, las autoridades no pueden permitir que la gravedad de los actos violentos desplace la obligación de resolver la crisis del agua. La contaminación de las fuentes de abastecimiento, las deficiencias de potabilización y los problemas de las redes de distribución requieren diagnósticos rigurosos, inversiones suficientes y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Las dependencias federales deben cumplir sus obligaciones en materia de protección ambiental y control de descargas, mientras las autoridades estatales y municipales deben atender las responsabilidades que les corresponden en el tratamiento, suministro y vigilancia de la calidad del agua.
La participación ciudadana debe incorporarse a ese esfuerzo mediante mecanismos que permitan examinar información técnica, formular propuestas y verificar resultados. No bastan anuncios, reuniones o compromisos generales. Las familias necesitan saber qué medidas se adoptarán, cuáles serán los plazos y qué resultados pueden esperar. La transparencia y la eficacia son indispensables para recuperar la confianza pública. Resolver los problemas que originan las inconformidades constituye también una manera fundamental de preservar la paz social.
Pero las soluciones al problema del agua no pueden quedar condicionadas a la desaparición absoluta de las diferencias políticas, como tampoco la condena de la violencia puede aplazarse hasta que se resuelvan todas las demandas. Son obligaciones simultáneas. La sociedad tiene derecho a exigir servicios públicos de calidad y también a vivir sin temor a incendios, agresiones o ataques contra su patrimonio. Las autoridades deben responder a ambas exigencias sin utilizar una para justificar el incumplimiento de la otra.
Jalisco posee una larga tradición de trabajo, participación ciudadana, organización social y construcción de instituciones. Esa fortaleza no debe verse desplazada por quienes pretenden convertir las calles en escenarios de intimidación. Nuestra entidad ha enfrentado problemas difíciles y ha demostrado capacidad para encontrar coincidencias entre sectores diferentes. Hoy necesitamos recuperar esa disposición, ampliar los espacios de diálogo y convertir la preocupación social en una voluntad compartida para proteger nuestra convivencia.
No podemos acostumbrarnos a que las manifestaciones terminen con imágenes de edificios incendiados, comercios dañados y enfrentamientos. No debemos aceptar que las familias dejen de participar en causas legítimas por temor a quedar atrapadas entre agresiones y respuestas policiales. Mucho menos podemos permitir que los grupos violentos terminen apropiándose de demandas que pertenecen a ciudadanos pacíficos. Cuando la violencia expulsa a la ciudadanía de los espacios públicos, no solamente perjudica una manifestación: debilita la convivencia democrática de toda una comunidad.
Por eso el llamado debe extenderse a todos los sectores de la sociedad jalisciense. Trabajadores y empresarios, profesionistas y comerciantes, estudiantes y académicos, organizaciones ciudadanas y liderazgos comunitarios tenemos razones suficientes para coincidir en principios esenciales. Podemos exigir agua limpia, reclamar responsabilidades gubernamentales, cuestionar decisiones públicas y mantener diferencias políticas profundas. Lo que no debemos aceptar es que incendiar, destruir o agredir se convierta en una forma tolerada de imponer posiciones.
Jalisco necesita recuperar la serenidad sin renunciar a la firmeza. Necesita autoridades que actúen con decisión y dentro de la ley, ciudadanos que ejerzan sus libertades responsablemente y organizaciones capaces de contribuir a las soluciones. Necesita que las investigaciones esclarezcan los actos violentos y cualquier actuación indebida de servidores públicos. Y necesita, sobre todo, que la sociedad organizada asuma un papel activo para impedir que la confrontación termine debilitando nuestra tranquilidad, nuestras instituciones y nuestra capacidad de resolver problemas comunes.
La exigencia de agua limpia es legítima y debe atenderse. Los actos violentos son inadmisibles y deben investigarse y sancionarse. Pero frente a lo sucedido ya no basta con condenar los incendios después de que las llamas se apagan. Es indispensable que la sociedad jalisciense se una, con independencia de sus preferencias políticas, para defender la paz, las libertades y la convivencia. Ésa es la sentencia: el agua contaminada exige soluciones urgentes, pero permitir que la violencia contamine también nuestra vida colectiva sería agregar una tragedia evitable a un problema que ya es demasiado grave. Jalisco no pertenece a los violentos ni puede quedar a merced de quienes pretenden imponer sus acciones mediante el miedo. Jalisco es de sus ciudadanos, y a sus ciudadanos nos corresponde defenderlo con la fuerza de la razón, la participación, la legalidad y la paz.
¡UNÁMONOS PARA DEFENDER A JALISCO!
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