No hace falta cerrar una frontera para poner en jaque a una industria. A veces basta una decisión administrativa, una suspensión temporal o una advertencia para que miles de productores comiencen a preguntarse cuánto tiempo podrán seguir trabajando con normalidad. Eso es lo que vuelve especialmente delicada la reciente interrupción de las inspecciones para la exportación de aguacate desde Michoacán hacia Estados Unidos. El asunto va mucho más allá del llamado “oro verde”: detrás de cada embarque hay productores, jornaleros, empacadores, transportistas, comerciantes y comunidades completas cuya economía depende de una cadena productiva que durante décadas construyó su principal mercado al otro lado de la frontera.
La seguridad de los inspectores estadounidenses debe garantizarse. México no puede reclamar certidumbre para sus trabajadores y productores mientras sea incapaz de proteger a personal extranjero que cumple una función oficial dentro de nuestro territorio. Si existen amenazas reales, las autoridades mexicanas tienen la obligación de actuar con rapidez y eficacia. Pero una cosa es atender un problema de seguridad y otra muy distinta permitir que una contingencia termine convirtiéndose en una herramienta de presión comercial. La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido, hasta ahora, la que correspondía: reforzar la seguridad, desplegar más de mil 500 elementos y establecer comunicación con las autoridades estadounidenses para recuperar las actividades de inspección. El objetivo no debe ser entrar en una disputa política, sino resolver el problema y evitar que una decisión de seguridad termine paralizando una actividad económica de enormes dimensiones.
El episodio, sin embargo, vuelve a exhibir una vulnerabilidad que México conoce bien: la enorme dependencia del aguacate michoacano respecto del mercado estadounidense. Esa concentración permitió desarrollar una poderosa industria exportadora, pero también significa que una decisión tomada en Washington puede tener consecuencias inmediatas en Michoacán. No es una posición cómoda para negociar. México necesita interlocución eficaz, no discursos inflamados. La presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco tienen frente a sí una prueba importante de coordinación diplomática, comercial y de seguridad. Para Velasco, además, el momento resulta especialmente significativo. Su experiencia en la relación con América del Norte deberá traducirse en resultados. No se trata de demostrar quién grita más fuerte, sino quién consigue mejores condiciones para México.
Ebrard conoce perfectamente el terreno. Las amenazas arancelarias, la revisión del T-MEC y las presiones sobre distintos sectores productivos han convertido la relación económica con Estados Unidos en una negociación prácticamente permanente. La tarea no consiste en aceptar todo lo que Washington plantee, pero tampoco en responder a cada diferencia con una confrontación innecesaria. La diplomacia comercial se mide en resultados. Y los productores eso lo saben perfectamente. A los aguacateros no les sirven las arengas nacionalistas ni los discursos de coyuntura. Necesitan seguridad en sus huertas y empacadoras, reglas claras, mercados abiertos y la certeza de que una decisión administrativa no va a detener de un momento a otro el trabajo de miles de familias. También necesitan que México haga su parte: si existen amenazas contra inspectores, deben atenderse; si hay zonas donde la delincuencia pretende controlar actividades productivas, el Estado tiene que recuperar plenamente el territorio.
Porque ésta no es la primera interrupción relacionada con problemas de seguridad. Cuando un mismo problema se repite, deja de ser un accidente para convertirse en una vulnerabilidad estructural. México necesita protocolos permanentes de protección para inspectores y trabajadores, coordinación entre autoridades federales y estatales y mecanismos bilaterales que permitan responder a incidentes sin paralizar automáticamente toda una cadena productiva. Estados Unidos tiene derecho a proteger a sus funcionarios y México tiene derecho a exigir reglas comerciales previsibles. Ambas cosas pueden coexistir. Lo que no debería normalizarse es que una suspensión vinculada con seguridad pueda transformarse en una herramienta de presión económica sin parámetros claros sobre duración, proporcionalidad y mecanismos de solución.
Y con Donald Trump en la Casa Blanca, la advertencia merece especial atención. La administración estadounidense ha convertido los aranceles, las restricciones y las amenazas comerciales en instrumentos habituales de negociación. México ya ha experimentado esa estrategia y sabe que la mejor respuesta no es la provocación, sino una combinación de firmeza, inteligencia y capacidad para generar alternativas. Nuestra integración con Estados Unidos es tan profunda que cualquier decisión de Washington tiene efectos inmediatos. Eso es una fortaleza, pero también una vulnerabilidad. México no puede ni debe pretender prescindir del mercado estadounidense. Es nuestro principal socio comercial y la integración económica entre ambos países seguirá siendo fundamental. Pero una cosa es integración y otra dependencia. La soberanía comercial no se defiende con discursos patrióticos; se defiende reduciendo vulnerabilidades.
En el caso del aguacate, eso significa diversificar mercados. Europa, Asia y Medio Oriente representan oportunidades que México debe explorar con mayor agresividad. No para abandonar Estados Unidos, sino para evitar que un solo comprador tenga capacidad de poner en riesgo una industria completa. Un productor que depende de un solo comprador negocia desde una posición débil. Un país también. México tiene calidad, capacidad productiva, experiencia exportadora y una ubicación geográfica privilegiada. El reto consiste en convertir esas ventajas en una estrategia de largo plazo y no esperar a que aparezca una crisis para reaccionar. Pero Washington también debe entender que la interdependencia funciona en ambos sentidos. Estados Unidos necesita el aguacate mexicano. Lo necesitan sus supermercados, sus restaurantes, sus distribuidores y millones de consumidores. Una interrupción en México termina generando consecuencias económicas también del lado estadounidense.
Por eso las decisiones deben ser proporcionales y previsibles. El T-MEC no fue diseñado únicamente para los momentos fáciles. Su verdadera utilidad aparece cuando surgen diferencias y ambos países necesitan mecanismos institucionales para resolverlas sin caer en decisiones arbitrarias. México debe defender esa lógica. No se trata de minimizar las amenazas contra los inspectores ni de negar la responsabilidad que corresponde al gobierno mexicano. Se trata de impedir que una contingencia legítima se convierta en un mecanismo permanente de presión comercial. La actual coyuntura puede resolverse y existe margen para hacerlo, pero sería un error conformarse con reanudar las inspecciones y dar por terminado el problema. La verdadera victoria sería conseguir que no vuelva a ocurrir.
Sheinbaum, Ebrard y Velasco tienen la oportunidad de establecer un esquema de seguridad y coordinación que dé certidumbre a productores y autoridades estadounidenses, pero también de aprovechar esta coyuntura para fortalecer la posición comercial de México. El problema de fondo no es cuánto tiempo puede estar detenido un cargamento de aguacate. El problema es que una industria construida durante décadas pueda quedar vulnerable ante una decisión tomada a cientos de kilómetros de distancia. Hoy es el aguacate. Mañana puede ser cualquier otro sector. México necesita una relación con Estados Unidos basada en cooperación, pero también en equilibrio; una relación donde la seguridad sea responsabilidad compartida, el comercio tenga reglas claras y ninguna de las partes pueda utilizar la interdependencia como arma de presión permanente.
El aguacate no necesita discursos de defensa. Necesita que México sea capaz de protegerlo, venderlo y negociar por él. Y esta crisis debería servir para algo más que reabrir una puerta temporalmente cerrada: debería obligarnos a construir las condiciones para que ningún productor mexicano vuelva a quedar a merced de una decisión tomada en Washington.
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