Lo que hace apenas unos días parecía un episodio incómodo para la FIFA hoy comienza a convertirse en un problema político de alcance internacional. La confesión de Donald Trump de haber intervenido personalmente para solicitar a Gianni Infantino la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun ya no es vista como una simple anécdota presidencial. Las reacciones han escalado y ahora son legisladores europeos quienes exigen una investigación formal sobre la conducta del presidente de la FIFA por una posible sumisión a presiones políticas.
No es un asunto menor. Cuando eurodiputados plantean la necesidad de revisar la actuación del máximo dirigente del futbol mundial, el debate deja de ser deportivo para convertirse en una discusión sobre la independencia de las instituciones internacionales frente al poder político. Lo que está en juego no es únicamente la expulsión de un futbolista, sino la credibilidad de un organismo que durante décadas ha sostenido que las decisiones dentro de la cancha deben permanecer ajenas a cualquier influencia gubernamental.
La frase utilizada por algunos legisladores europeos resulta demoledora. Hablan de mostrarle una “tarjeta roja” a Donald Trump por haber utilizado su investidura para intervenir en una competencia deportiva y por haber encontrado, presuntamente, una disposición inmediata por parte de Gianni Infantino para atender su petición. Más aún, cuestionan que la posterior explicación sobre el cambio de criterio respecto a la sanción resultara poco convincente y alimentara la sospecha de un arreglo interno.
La imagen es devastadora para la FIFA. Durante años el organismo ha sancionado federaciones nacionales por injerencia gubernamental. Ha suspendido asociaciones enteras cuando detecta que los gobiernos intentan controlar decisiones deportivas. Esa política de tolerancia cero pierde toda autoridad moral si ahora el propio presidente de la organización aparece señalado por atender los intereses del mandatario más poderoso del planeta.
Lo más delicado es que las sospechas ya no provienen únicamente de aficionados inconformes o comentaristas deportivos. Provienen de representantes políticos europeos que consideran indispensable esclarecer si existió un trato privilegiado hacia la selección estadounidense en plena Copa del Mundo. Esa sola percepción basta para erosionar la confianza en un torneo cuya legitimidad depende de que todos los participantes compitan bajo exactamente las mismas reglas.
El problema para Donald Trump tampoco es menor. Su estilo político siempre ha descansado en la confrontación, la presión y la idea de que cualquier conflicto puede resolverse mediante negociaciones directas entre quienes detentan el poder. Ese método puede formar parte de su manera de entender la política, pero trasladarlo al ámbito deportivo representa una invasión de espacios que deberían permanecer blindados frente a cualquier influencia externa.
Más aún cuando el propio Trump atraviesa uno de los momentos más complejos de su imagen internacional. Una reciente encuesta del Pew Research Center, aplicada en 36 países, refleja un deterioro significativo en la percepción global sobre el mandatario estadounidense. La confianza en su liderazgo disminuye al mismo tiempo que crecen las dudas sobre la política exterior de Estados Unidos y sobre la fortaleza de sus instituciones democráticas.
Ese contexto vuelve todavía más delicado el episodio con la FIFA. No se trata únicamente de un presidente polémico realizando una llamada telefónica. Se trata de un líder cuya credibilidad internacional enfrenta un desgaste evidente y que, aun así, considera natural intervenir en un torneo que presume autonomía absoluta.
Para Estados Unidos, además, el costo reputacional puede ser considerable. El Mundial de 2026 representa una oportunidad histórica para consolidar al país como uno de los grandes escenarios del futbol mundial. La organización del torneo buscaba proyectar capacidad logística, estabilidad institucional y liderazgo internacional. Sin embargo, controversias como ésta amenazan con convertir la fiesta deportiva en una permanente discusión sobre conflictos de interés y posibles favoritismos.
Tampoco Gianni Infantino sale bien librado. Desde hace tiempo la cercanía del dirigente con diversos jefes de Estado ha generado cuestionamientos. Su presencia constante junto a líderes políticos ha alimentado la percepción de que la FIFA privilegia las relaciones de poder por encima de la independencia institucional. La polémica actual no hace sino reforzar esas dudas.
El mayor patrimonio del futbol nunca ha sido el dinero, ni los contratos televisivos, ni los patrocinios multimillonarios. Su verdadera fortaleza radica en la confianza de millones de aficionados que creen que los partidos se ganan por talento, estrategia y esfuerzo. Cuando aparece la sospecha de que una llamada presidencial puede modificar el destino de una competencia, esa confianza comienza a fracturarse.
Nadie discute que existen mecanismos reglamentarios para revisar sanciones cuando se detectan errores arbitrales. Lo que resulta inadmisible es que esa revisión aparezca vinculada, aunque sea en apariencia, con una gestión política realizada desde la Casa Blanca. Porque entonces la pregunta inevitable es si cualquier otra selección habría recibido el mismo trato o si el privilegio únicamente estaba reservado para el equipo anfitrión.
Las instituciones no sólo deben ser imparciales; también deben parecerlo. En política, en la justicia y también en el deporte, la apariencia de independencia resulta tan importante como la independencia misma. Si la ciudadanía deja de creer en esa imparcialidad, las reglas pierden legitimidad.
La exigencia de los eurodiputados representa, en ese sentido, una oportunidad para la propia FIFA. Investigar los hechos, transparentar los procedimientos y explicar con absoluta claridad cómo y por qué se modificó una decisión disciplinaria permitiría disipar dudas y proteger la credibilidad del torneo. Ignorar las críticas o minimizar el problema únicamente profundizaría la sospecha.
Donald Trump ha demostrado a lo largo de su carrera política que disfruta romper protocolos y desafiar límites institucionales. Esa estrategia puede resultar rentable en el terreno electoral. Pero el futbol no puede convertirse en un espacio donde la influencia política sustituya al reglamento. Las Copas del Mundo pertenecen a los jugadores, a los árbitros y a los millones de aficionados que esperan justicia deportiva, no a los despachos presidenciales.
Quizá por eso la metáfora utilizada desde Europa resulta tan poderosa. En el futbol, la tarjeta roja se muestra cuando alguien cruza una línea que no debía cruzarse. Hoy, más que un gesto simbólico hacia Donald Trump, esa tarjeta debería entenderse como una advertencia para todos aquellos que creen que el poder político puede invadir cualquier terreno sin consecuencias.
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