El futbol siempre ha presumido ser un territorio donde las reglas son iguales para todos. Al menos esa ha sido la narrativa que durante décadas han defendido la FIFA, las federaciones nacionales y los organizadores de los grandes torneos. Dentro de la cancha, se insiste, manda el árbitro; fuera de ella, las instituciones. Sin embargo, esa frontera quedó seriamente cuestionada cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir la revisión de una tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial.
Más allá de si la expulsión fue correcta o si terminó modificándose, lo verdaderamente preocupante es el mensaje que deja un episodio de esta naturaleza. Cuando el jefe de Estado del país anfitrión admite que intervino para tratar de influir en una decisión deportiva, lo que se erosiona no es únicamente la credibilidad de un partido, sino la confianza en todo el sistema que sostiene al futbol internacional.
No se trata de un simple comentario anecdótico ni de una ocurrencia presidencial. Donald Trump es un político acostumbrado a utilizar el poder como una herramienta de negociación permanente. Lo ha hecho en los ámbitos económico, comercial, diplomático y militar. Que ahora traslade esa lógica a un torneo organizado por la FIFA demuestra hasta qué punto concibe cualquier escenario como un espacio donde la influencia política puede imponerse sobre las normas previamente establecidas.
Durante años la FIFA ha insistido en que los gobiernos deben mantenerse al margen de las decisiones deportivas. Ha suspendido federaciones nacionales por interferencia política, ha sancionado asociaciones y ha exigido autonomía absoluta a los organismos del futbol. Esa ha sido una de sus banderas más reiteradas. Resulta entonces inevitable preguntarse qué ocurre cuando la presión proviene precisamente del mandatario del país que alberga la Copa del Mundo y cuya colaboración logística, económica y de seguridad resulta indispensable para el éxito del torneo.
La imagen tampoco favorece a Gianni Infantino. Desde hace varios años su cercanía con distintos líderes políticos ha sido motivo de debate. Su relación con mandatarios de diversas regiones del mundo ha alimentado la percepción de que la FIFA ha dejado de ser únicamente una organización deportiva para convertirse en un actor con intereses geopolíticos y económicos de enorme dimensión.
Aceptar una llamada del presidente estadounidense puede ser comprensible dentro de los protocolos diplomáticos. Lo que resulta mucho más delicado es que esa conversación haya versado sobre una decisión arbitral y que posteriormente el propio Trump lo hiciera público con evidente satisfacción, como si hubiera ejercido una influencia legítima sobre el desarrollo de la competencia.
Las tecnologías implementadas en el futbol moderno, como el VAR, fueron concebidas precisamente para reducir el margen del error humano y blindar las decisiones arbitrales frente a presiones externas. Si ahora la opinión pública percibe que una llamada telefónica desde la Casa Blanca puede tener más peso que las imágenes revisadas por los árbitros, entonces el prestigio del sistema entero comienza a resquebrajarse.
El problema no radica únicamente en la posibilidad de que una tarjeta roja sea revisada. Existen mecanismos reglamentarios para corregir errores manifiestos. Lo grave es la sospecha de que no todos los equipos tienen el mismo acceso al poder. ¿Qué habría ocurrido si la expulsión hubiese afectado a una selección africana, asiática o centroamericana? ¿Habría recibido también una llamada presidencial en su favor? Evidentemente no.
Esa desigualdad es la que convierte este episodio en un asunto mucho más profundo que un debate arbitral. Porque el futbol vive de la percepción de justicia. Los aficionados aceptan derrotas dolorosas, errores humanos e incluso decisiones polémicas siempre que crean que todos compiten bajo las mismas condiciones. Cuando aparece la sospecha de privilegios políticos, el espectáculo pierde parte de su legitimidad.
El Mundial de 2026 representa además una enorme vitrina para Estados Unidos. El país busca consolidarse como una potencia futbolística, incrementar el interés por este deporte y fortalecer la imagen internacional de su organización. Precisamente por ello, cualquier señal de intervencionismo político termina produciendo el efecto contrario. En lugar de proyectar liderazgo institucional, transmite la impresión de que el poder político intenta influir donde únicamente deberían hablar el reglamento y los jueces.
No es la primera vez que Donald Trump rompe protocolos tradicionales. Su estilo político se caracteriza precisamente por desafiar las formas establecidas. Para sus simpatizantes, ello representa liderazgo y determinación; para sus críticos, constituye una constante invasión de espacios que deberían permanecer independientes. El deporte parece haberse convertido en un escenario más de esa confrontación.
La FIFA, por su parte, enfrenta una prueba delicada. Si guarda silencio, alimentará la sospecha de que existieron presiones indebidas. Si ofrece explicaciones insuficientes, la polémica crecerá. Y si admite que una conversación política pudo influir, abriría una crisis institucional de enormes dimensiones. Ninguna de esas rutas resulta cómoda.
Este episodio también obliga a reflexionar sobre el creciente peso económico del futbol. Hoy los Mundiales representan inversiones multimillonarias, contratos televisivos gigantescos, patrocinios globales e intereses comerciales que involucran gobiernos, corporaciones y organismos internacionales. En semejante contexto, la tentación de utilizar el deporte como herramienta política aumenta inevitablemente.
Sin embargo, precisamente porque el futbol mueve tanto dinero y despierta tantas pasiones, necesita preservar con mayor firmeza la confianza pública. La legitimidad de un campeonato mundial no depende únicamente del talento de sus jugadores ni de la espectacularidad de los estadios. Descansa, sobre todo, en la convicción de que el resultado se define exclusivamente sobre el césped.
La historia del deporte ofrece suficientes ejemplos de cómo la política ha intentado apropiarse de los grandes eventos internacionales. Desde los Juegos Olímpicos utilizados como escaparate ideológico durante la Guerra Fría hasta los boicots, las manipulaciones y las campañas propagandísticas, la frontera entre deporte y poder nunca ha sido completamente impermeable. Pero cada vez que esa línea se cruza, el prestigio de las competencias termina pagando un precio muy alto.
Quizá lo más inquietante de esta controversia sea la naturalidad con la que fue expuesta. No hubo discreción ni intento alguno por ocultarla. Al contrario, fue presentada como una gestión normal, casi como un favor entre dirigentes. Esa normalización es la verdadera señal de alarma, porque sugiere que algunos consideran perfectamente aceptable intervenir desde el poder político en asuntos que deberían permanecer blindados por la autonomía deportiva.
El futbol sobrevivirá a esta polémica, como ha sobrevivido a escándalos de corrupción, amaños de partidos y conflictos institucionales. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que los despachos presidenciales se conviertan en una instancia paralela de revisión arbitral. Si ese precedente se consolida, cada decisión polémica dejará de discutirse únicamente en las cabinas del VAR para trasladarse también a los teléfonos de los gobernantes más poderosos.
Las Copas del Mundo deben decidirse con goles, estrategia y talento, no con llamadas de influencia. Porque cuando el poder político entra al terreno de juego, el partido deja de pertenecer a los futbolistas y comienza a disputarse en un espacio donde las reglas ya no son iguales para todos. Y ese sería, sin duda, el peor resultado que podría sufrir el deporte más popular del planeta.
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