La llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump dejó una imagen que hace apenas unos meses habría parecido impensable: el presidente colombiano solicitando directamente a la Casa Blanca ayuda para liberar a su país del peso de la llamada Lista Clinton. Más allá de la cordialidad que ambos describieron tras la conversación, el episodio confirma una realidad incómoda para América Latina: por más discursos sobre soberanía e independencia, buena parte del destino económico de la región sigue dependiendo de las decisiones que se toman en Washington.
Según el propio Petro, Trump no solo recibió la petición, sino que prometió “actuar” para revisar el bloqueo financiero y, además, lo calificó como “un buen hombre”. Si esas palabras terminan traduciéndose en hechos está por verse. Lo verdaderamente revelador es que un mandatario que ha hecho de la autonomía frente a Estados Unidos una de sus principales banderas haya tenido que recurrir precisamente al presidente estadounidense para intentar desmontar uno de los mecanismos de presión financiera más poderosos del mundo.
La llamada Lista Clinton nació en la década de los noventa como una herramienta para combatir las redes internacionales del narcotráfico. Con el paso de los años dejó de ser únicamente un mecanismo para perseguir a organizaciones criminales y terminó convirtiéndose en un poderoso instrumento de presión económica. Quienes aparecen vinculados a ese sistema encuentran enormes dificultades para acceder al sistema bancario internacional, celebrar contratos o realizar operaciones comerciales, aun cuando muchas veces no exista una sentencia judicial firme.
Su impacto rebasa con mucho el ámbito estadounidense. Bancos de prácticamente todo el mundo prefieren cerrar cuentas o cancelar relaciones comerciales antes que correr el riesgo de enfrentar sanciones de las autoridades financieras norteamericanas. En los hechos, la lista funciona como una condena económica de alcance global.
Colombia ha padecido durante décadas los efectos indirectos de esa política. Empresas, empresarios e incluso sectores completos de la economía han enfrentado obstáculos derivados de la permanente sospecha que genera un país históricamente asociado con el narcotráfico. Petro considera que mantener ese estigma representa una injusticia para una nación que ha realizado enormes esfuerzos institucionales para combatir a los grupos criminales.
Sin embargo, también resulta evidente que el problema no desaparecerá únicamente con una decisión política de la Casa Blanca.
La confianza financiera internacional se construye durante años y puede perderse muy rápidamente. Combatir el lavado de dinero, fortalecer las instituciones judiciales, mejorar los mecanismos de supervisión bancaria y garantizar transparencia siguen siendo tareas indispensables para cualquier país que aspire a desprenderse de etiquetas que pesan sobre su economía.
La conversación también deja ver un Petro distinto al que con frecuencia aparece en sus discursos internacionales. Durante buena parte de su mandato, el presidente colombiano ha mantenido posiciones críticas frente a Estados Unidos, particularmente respecto de las políticas migratorias, ambientales y comerciales. Ha cuestionado el modelo económico tradicional y defendido una mayor autonomía latinoamericana frente a Washington.
No obstante, cuando los intereses nacionales entran en juego, la política suele imponerse sobre la retórica.
No sería la primera vez que un dirigente modifica el tono de su relación con Estados Unidos cuando comprende el enorme peso que conserva esa potencia en los mercados internacionales. Tampoco será la última. Gobernar implica administrar realidades, no únicamente sostener posiciones ideológicas.
Trump, por su parte, también encuentra ventajas en este acercamiento.
Desde su regreso a la Casa Blanca ha buscado reposicionar la influencia estadounidense en América Latina mediante una estrategia más pragmática que doctrinaria. Su prioridad parece concentrarse en la seguridad regional, el combate al narcotráfico, el control migratorio y la estabilidad económica del continente, antes que en debates ideológicos sobre la orientación política de los gobiernos.
Mantener una relación funcional con Colombia resulta estratégico para cualquiera que ocupe la presidencia estadounidense. Se trata del principal aliado de Washington en Sudamérica y uno de los socios más importantes en materia de cooperación militar, inteligencia y combate al crimen organizado.
En ese contexto, una eventual revisión de las restricciones financieras podría interpretarse también como una señal política hacia el gobierno colombiano.
Pero tampoco conviene sobredimensionar el alcance de una conversación telefónica.
Las decisiones relacionadas con sanciones financieras involucran a múltiples dependencias del gobierno estadounidense, especialmente al Departamento del Tesoro y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. No basta con la voluntad presidencial para modificar procedimientos que obedecen a complejos criterios legales, financieros y de seguridad nacional.
Por ello, habrá que esperar si las palabras expresadas durante esa llamada terminan traduciéndose en acciones concretas o quedan únicamente como un gesto de buena voluntad diplomática.
Más interesante aún resulta observar el simbolismo político del encuentro.
Durante décadas, América Latina ha debatido la necesidad de fortalecer mecanismos regionales que reduzcan la dependencia económica respecto de Estados Unidos. Sin embargo, cuando aparecen obstáculos financieros de gran magnitud, la mayoría de los gobiernos continúa recurriendo a Washington en busca de soluciones.
Ello refleja una realidad difícil de ignorar.
El dólar continúa siendo la principal moneda de referencia mundial; los grandes bancos internacionales mantienen una estrecha relación con las autoridades financieras estadounidenses, y buena parte del comercio global sigue dependiendo de esas reglas.
Mientras esa estructura permanezca prácticamente intacta, ningún país latinoamericano puede darse el lujo de ignorar completamente las decisiones adoptadas en la capital estadounidense.
El episodio deja además una enseñanza para quienes suelen interpretar las relaciones internacionales únicamente desde el prisma de la confrontación ideológica.
Las naciones no tienen amistades permanentes ni enemistades eternas. Tienen intereses.
Hoy Petro busca aliviar una carga económica para Colombia. Trump procura consolidar influencia política y estabilidad regional. Ambos encuentran un punto de coincidencia que hace apenas unos meses parecía improbable.
Así funciona la diplomacia cuando prevalece el cálculo político sobre los discursos.
Quedará por verse si esa coincidencia ocasional logra traducirse en resultados tangibles para la economía colombiana o si terminará siendo simplemente una fotografía más dentro del complejo tablero geopolítico del continente.
Lo cierto es que la llamada entre ambos presidentes recordó una verdad que con frecuencia se pretende olvidar: en la política internacional las palabras pueden abrir puertas, pero son las decisiones institucionales las que realmente cambian el destino de los países. Mientras tanto, Colombia sigue esperando que el peso de su historia deje de condicionar las oportunidades de su presente, y que la confianza internacional no dependa únicamente de la voluntad del ocupante de turno en la Casa Blanca, sino de la fortaleza de sus propias instituciones y de la capacidad de demostrar, con hechos, que el futuro puede construirse sin las sombras del pasado.
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