La frase no admite matices: “los encontraremos y los mataremos”. No es un desliz, ni una metáfora mal calibrada. Es la síntesis de una lógica que, cuando se instala en la política pública, termina por desbordar sus propios cauces. Donald Trump ha firmado una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo donde coloca a los cárteles del narcotráfico en la misma categoría operativa que las amenazas globales más letales. El mensaje es claro, brutal y deliberadamente estridente: Estados Unidos está dispuesto a cruzar líneas que antes simulaba respetar.
El documento no sólo redefine prioridades; reconfigura el lenguaje. Y en política, el lenguaje es acción anticipada. Equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas abre la puerta a un abanico de herramientas que no se limitan a la cooperación judicial o al intercambio de inteligencia. Hablamos de operaciones extraterritoriales, de intervenciones quirúrgicas —o lo que se quiera vender como tales—, de un uso de la fuerza que históricamente ha dejado cicatrices profundas en regiones enteras. La retórica de “cazar y eliminar” no es retórica cuando viene acompañada de doctrina, presupuesto y voluntad política.
El problema no es negar la gravedad del narcotráfico. Sería absurdo. Los cárteles han demostrado una capacidad de violencia, penetración institucional y expansión económica que rebasa fronteras. Han envenenado comunidades, corrompido autoridades y sembrado terror. Pero convertir el combate al narco en una cruzada militar con tintes de guerra global es otra cosa. Es una simplificación peligrosa que reduce un fenómeno complejo a una narrativa de buenos contra malos, de héroes y objetivos a neutralizar. Y esa narrativa, cuando se traduce en acción, suele ignorar los daños colaterales, los vacíos legales y las consecuencias políticas.
Trump no habla al vacío. Su mensaje resuena en una sociedad cansada de la crisis de opioides, de las cifras de muertes por sobredosis, de la percepción de que la frontera es una herida abierta. En ese contexto, la dureza vende. Prometer mano firme, sin matices, sin titubeos, es rentable políticamente. Pero lo rentable no siempre es lo responsable. Y menos cuando se juega con la estabilidad de una región entera.
Para México, el anuncio no es una anécdota lejana. Es una advertencia directa. Porque aunque el documento se redacte en Washington, sus efectos potenciales se sentirían aquí. La posibilidad de que Estados Unidos decida actuar unilateralmente, bajo el argumento de la seguridad nacional, no es un escenario de ciencia ficción. Es una hipótesis que ha rondado en distintos momentos y que ahora encuentra un marco doctrinal más explícito.
La soberanía no es un concepto ornamental. Es el límite que separa la cooperación de la imposición. Y cuando desde la Casa Blanca se habla de eliminar objetivos más allá de sus fronteras, ese límite se vuelve difuso. México ha padecido durante años la violencia del narcotráfico, pero también ha construido —con errores, sí, pero también con aprendizajes— una estrategia propia, con énfasis recientes en atender causas sociales, reconstruir el tejido comunitario y evitar la lógica de guerra frontal que dejó un saldo devastador en el pasado.
El discurso de Trump choca con esa visión. Y no sólo eso: la pone en riesgo. Porque la presión política y mediática que puede derivarse de esta nueva estrategia podría empujar a decisiones apresuradas, a replanteamientos forzados, a concesiones incómodas. La historia reciente muestra que cuando Estados Unidos endurece su postura, México se ve obligado a responder, a negociar, a ceder en algunos frentes para evitar escenarios peores.
Pero hay algo más inquietante en este giro: la normalización de la violencia como herramienta de política exterior. Decir “los mataremos” desde la investidura presidencial no es cualquier cosa. Es institucionalizar la eliminación física como solución. Es enviar el mensaje de que ciertos problemas no se resuelven con justicia, ni con cooperación, ni con inteligencia, sino con fuerza letal. Y esa lógica, una vez instalada, es difícil de contener.
La experiencia internacional debería servir de advertencia. Las guerras contra enemigos difusos, sin rostro único, suelen prolongarse, mutar y generar nuevas formas de violencia. Afganistán, Irak, Siria… los ejemplos sobran. ¿De verdad alguien cree que declarar a los cárteles como terroristas y perseguirlos con lógica militar resolverá el problema de fondo? ¿O más bien lo desplazará, lo fragmentará y lo hará aún más impredecible?
El narcotráfico no es sólo una estructura criminal; es un sistema que se alimenta de desigualdades, de mercados ilegales altamente rentables, de fallas institucionales y de una demanda constante del otro lado de la frontera. Mientras haya consumidores dispuestos a pagar, habrá organizaciones dispuestas a proveer. Y mientras esas organizaciones encuentren territorios donde operar, seguirán adaptándose a cualquier embate.
La estrategia de Trump parece ignorar esa dimensión. O, peor aún, la reconoce pero decide apostar por el atajo de la fuerza. Es más fácil prometer eliminar enemigos que asumir la responsabilidad compartida en la crisis. Es más sencillo señalar hacia el sur que revisar las políticas internas que han permitido que el consumo y la distribución de drogas sintéticas se disparen.
En México, la reacción no puede ser tibia ni complaciente. Tampoco puede caer en la tentación de la confrontación estéril. Se requiere claridad, firmeza y una lectura estratégica del momento. Defender la soberanía no significa negar la cooperación, pero sí establecer límites claros. Significa exigir corresponsabilidad, no aceptar imposiciones disfrazadas de ayuda.
También implica hacer la tarea interna. Porque cualquier discurso extranjero encuentra eco cuando hay debilidades domésticas. La infiltración del crimen organizado en instituciones, la impunidad persistente, la falta de resultados contundentes en algunos frentes, son factores que alimentan la narrativa de que México no puede —o no quiere— controlar a los cárteles. Y esa percepción es el terreno fértil para justificar intervenciones externas.
La nueva estrategia estadounidense no es sólo un documento; es un mensaje político de alto calibre. Marca una línea de acción que, de concretarse, podría alterar el equilibrio regional. Y frente a eso, no basta con declaraciones diplomáticas. Se necesita una posición de Estado, una coordinación efectiva entre poderes, una política de seguridad coherente y sostenida.
El riesgo es claro: que en nombre de la seguridad se abra la puerta a escenarios de mayor violencia, de tensiones bilaterales y de decisiones unilaterales que terminen por agravar lo que dicen querer resolver. Porque cuando la política se reduce a consignas de fuerza, suele perder de vista a las personas que quedan en medio.
Trump ha puesto sobre la mesa una apuesta dura, sin matices. Ahora toca ver quién está dispuesto a seguir ese camino y quién tiene la lucidez de advertir sus consecuencias. Porque una cosa es combatir al crimen y otra muy distinta es convertir esa lucha en una guerra sin reglas claras. Y las guerras, por definición, rara vez terminan como quienes las inician prometen.
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