Francia se aproxima al final de una etapa política marcada por una paradoja: Emmanuel Macron llegó al poder prometiendo superar las viejas divisiones ideológicas y modernizar el país, pero está por concluir su segundo mandato en medio de una sociedad profundamente fragmentada, instituciones sometidas a crecientes tensiones y una extrema derecha que nunca había estado tan cerca de conquistar la presidencia. El dirigente que en 2017 representaba la renovación de la política francesa se ha convertido, para amplios sectores de la población, en el símbolo de un modelo de gobierno que consideran agotado.
El problema de Macron ya no consiste solamente en contener las manifestaciones, enfrentar las dificultades económicas o conseguir acuerdos en un Parlamento dividido. Su desafío es recuperar una autoridad política erosionada durante años y que difícilmente podrá reconstruir antes de las elecciones presidenciales de 2027. Las recientes protestas y los episodios de violencia son expresiones de una crisis que rebasa ampliamente la capacidad de respuesta de su gobierno.
La situación se agravó después de las movilizaciones del 17 de octubre, cuando protestas estudiantiles y expresiones de inconformidad por el costo de la vida desembocaron en enfrentamientos, saqueos y daños a establecimientos comerciales y edificios públicos.
Macron compareció ante la nación para condenar los actos violentos, pero su mensaje no consiguió reducir la tensión. Posteriormente anunció nuevas restricciones a las manifestaciones consideradas ilegítimas, mientras su gobierno endurecía las medidas de seguridad.
El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y sancionar a quienes aprovechan una movilización para cometer delitos. La protesta pacífica constituye un derecho democrático; incendiar edificios, saquear comercios o agredir personas no forma parte de ese derecho. Sin embargo, sería igualmente grave suponer que la inconformidad social desaparece cuando se restringen las manifestaciones.
Las medidas policiales pueden contener disturbios, pero no necesariamente recuperan la confianza perdida.
El descontento tiene antecedentes que Macron conoce perfectamente. En 2018, el movimiento de los chalecos amarillos evidenció la distancia entre las decisiones económicas del gobierno y las dificultades cotidianas de millones de franceses. Las protestas comenzaron por el precio de los combustibles, pero rápidamente se transformaron en una crítica contra la desigualdad, la pérdida del poder adquisitivo y la percepción de que las élites gobernaban sin comprender la realidad de las familias.
Después llegó la controvertida reforma de las pensiones, impulsada pese a una intensa oposición social y parlamentaria. Aquella decisión reforzó la imagen de un presidente dispuesto a imponer reformas que consideraba necesarias, incluso cuando una parte importante del país las rechazaba.
Sus defensores sostienen que Francia necesitaba modernizar su economía, controlar el gasto público y enfrentar problemas estructurales que anteriores gobiernos habían preferido posponer. No es un argumento menor. Los sistemas de protección social requieren financiamiento y algunas decisiones impopulares pueden resultar indispensables.
Pero gobernar no consiste solamente en identificar problemas técnicos y aplicar soluciones administrativas. También exige construir acuerdos y conseguir que los ciudadanos comprendan por qué determinados sacrificios resultan necesarios. Macron ha demostrado capacidad para formular diagnósticos económicos; su mayor debilidad ha sido convertirlos en consensos sociales.
La crisis se agravó cuando decidió disolver la Asamblea Nacional en 2024 y convocar elecciones anticipadas. La apuesta buscaba recuperar iniciativa política frente al avance de sus adversarios, pero terminó produciendo un Parlamento fragmentado y una presidencia con mayores dificultades para sostener gobiernos estables.
Desde entonces, Francia enfrenta bloqueos legislativos y amenazas de censura, mientras el deterioro de las finanzas públicas, el endeudamiento y las dificultades económicas reducen el margen para responder a las demandas ciudadanas.
La consecuencia política más preocupante es el fortalecimiento de quienes prometen romper con el modelo que representa.
Marine Le Pen y Jordan Bardella, principales figuras de la Agrupación Nacional, observan la crisis como una oportunidad para ampliar su influencia. Su discurso presenta al gobierno como incapaz de garantizar seguridad, estabilidad económica y autoridad institucional.
Las imágenes de saqueos y enfrentamientos proporcionan argumentos para reforzar esa narrativa. La extrema derecha intenta colocarse como defensora del orden frente a un gobierno debilitado y una izquierda radical a la que responsabiliza de alimentar el conflicto.
La estrategia puede resultar electoralmente eficaz, pero conviene examinarla sin ingenuidad. La indignación ante la violencia es legítima; convertirla en argumento para descalificar cualquier protesta constituye una simplificación peligrosa. También sería irresponsable que sectores de izquierda justificaran los destrozos como una reacción inevitable contra la desigualdad.
La violencia termina perjudicando a quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse y facilita que las demandas sociales queden desplazadas por el debate sobre la seguridad.
En medio de esa confrontación, Macron parece haber perdido la iniciativa. Las consultas políticas impulsadas por el primer ministro Sébastien Lecornu difícilmente producirán resultados si se limitan a exigir condenas de la violencia sin ofrecer respuestas concretas a las preocupaciones económicas y sociales.
Los jóvenes ocupan un lugar especialmente relevante. Las movilizaciones estudiantiles expresan incertidumbre sobre el futuro, dificultades para acceder a oportunidades y una creciente desconfianza hacia las promesas tradicionales de movilidad social.
Para una generación que observa empleos precarios, viviendas cada vez menos accesibles y servicios públicos sometidos a presiones presupuestarias, los discursos sobre estabilidad macroeconómica resultan insuficientes.
Francia conserva instituciones sólidas, una economía importante y una tradición democrática capaz de enfrentar situaciones difíciles. No se encuentra inevitablemente al borde del colapso, como sugieren algunas interpretaciones alarmistas. Pero sería igualmente equivocado minimizar la profundidad del desgaste político.
Las elecciones presidenciales de 2027 se aproximan en un ambiente de polarización que podría transformar significativamente el rumbo del país. Macron no puede buscar un tercer mandato consecutivo y su sucesión ocurre cuando el espacio político que construyó ha perdido buena parte de su fuerza original.
La posibilidad de una victoria de la extrema derecha ya no puede tratarse como una hipótesis remota, aunque tampoco constituye un desenlace inevitable. Dependerá de la capacidad de sus adversarios para presentar alternativas creíbles y de las decisiones de los electores.
Cuando Macron llegó al poder en 2017 prometió superar la confrontación tradicional entre izquierda y derecha. Se presentó como representante de una nueva generación política, europeísta, reformista y capaz de modernizar las instituciones francesas.
Casi diez años después, el país se encuentra más fragmentado y las fuerzas que pretendía desplazar han recuperado protagonismo.
Su proyecto no fracasó exclusivamente por errores personales. También enfrentó crisis internacionales, dificultades económicas y transformaciones sociales que habrían complicado la gestión de cualquier gobernante. Pero el liderazgo se mide precisamente por la capacidad de responder a circunstancias adversas sin perder el vínculo con la ciudadanía.
Macron todavía puede contribuir a una transición institucional ordenada. Para conseguirlo necesita comprender que la autoridad presidencial no se recupera solamente mediante discursos severos ni restricciones policiales. Se reconstruye cuando los ciudadanos perciben que sus demandas son escuchadas y que las decisiones públicas responden a necesidades reales.
Francia necesita orden, pero también confianza. Requiere responsabilidad fiscal, pero no puede ignorar el deterioro de las expectativas sociales. Debe combatir la violencia sin confundirla con la protesta legítima y preservar sus instituciones sin convertirlas en instrumentos de confrontación permanente.
El presidente francés todavía dispone de las atribuciones constitucionales de su cargo, pero cada vez encuentra mayores dificultades para ejercer la autoridad política que esas facultades necesitan.
Porque los gobiernos no comienzan a perder el poder únicamente cuando son derrotados en las urnas. A veces lo pierden mucho antes, cuando dejan de representar una esperanza para la sociedad y se convierten en el símbolo de todo aquello que sus ciudadanos desean cambiar.
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