Ocho personas compiten por convertirse en la próxima secretaria o secretario general de Naciones Unidas. Los gobiernos hacen cuentas, las potencias esconden sus vetos, América Latina pretende recuperar un cargo que no ocupa desde hace décadas y África recuerda que también tiene razones legítimas para reclamarlo. Sin embargo, detrás de la batalla por los nombres existe una pregunta mucho más importante: ¿qué recibirá exactamente quien gane? La respuesta inmediata describe una organización indispensable para millones de seres humanos y, al mismo tiempo, incapaz de detener varias de las guerras que precisamente justifican su existencia.
La carrera ya muestra movimientos geopolíticos de gran calado. Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, encabeza hoy la fotografía provisional; Rebeca Grynspan, de Costa Rica, sigue siendo una de las figuras con mayor densidad internacional; Rafael Grossi, de Argentina, conserva un respaldo importante pero acumula resistencias; Macky Sall y Olara Otunnu mantienen viva la posibilidad africana; María Fernanda Espinosa aparece rezagada pero con pocos rechazos; Michelle Bachelet ha perdido fuerza de manera considerable; e Ivonne Baki, recién incorporada, todavía se encuentra lejos de una posición verdaderamente competitiva. Todo esto puede cambiar drásticamente, porque la elección real comienza cuando se distinguen los votos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y aparecen los vetos que hasta ahora permanecen ocultos. Ese es el primer gran punto: en Naciones Unidas no basta con ser un buen candidato, hay que ser un candidato posible. Una persona puede ostentar una trayectoria impecable, experiencia diplomática profunda, conocimiento vasto del sistema y un genuino reconocimiento internacional, pero si Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido deciden bloquearla, el camino termina de inmediato. El secretario general no se elige únicamente por méritos profesionales; se elige dentro de un complejo entramado de equilibrios, intereses estratégicos, vetos y negociaciones donde las grandes potencias conservan un privilegio directo del orden mundial construido en 1945.
Ahí radica una de las paradojas centrales de la ONU: quienes reclaman con mayor fuerza que la organización cambie son, en buena medida, quienes menos poder poseen para transformarla; en contraste, quienes sí tienen el poder institucional para modificarla son precisamente los que más perderían si esa transformación redujera sus privilegios históricos. Por esta razón, la disputa por la Secretaría General no puede analizarse simplemente como una competencia de personalidades o currículums. Existen bloques, intereses y cálculos nacionales muy rígidos. Estados Unidos buscará una figura capaz de mantener una relación funcional con Washington, que evite convertir la Secretaría General en una tribuna permanente contra la política estadounidense y que acepte una organización mucho más austera y menos burocrática. China persigue un interés distinto: fortalecer el multilateralismo en aquellos espacios donde su peso global pueda crecer y aprovechar cada vacío estratégico que deja Washington. Rusia necesita evitar una Secretaría identificada abiertamente con Occidente y conservar margen de maniobra frente al conflicto en Ucrania, las sanciones internacionales y la seguridad global. Por su parte, Francia y Reino Unido defienden una ONU fuerte en teoría, pero no muestran verdadero entusiasmo por alterar una estructura que todavía les otorga un asiento permanente y el codiciado derecho de veto.
El Sur Global observa todo este proceso desde una perspectiva completamente diferente. América Latina reclama un mayor peso político y recuerda que ha transcurrido demasiado tiempo desde que un latinoamericano encabezó la institución. África exige una representación más justa y acorde con su peso demográfico y con la cantidad masiva de conflictos, operaciones de paz y desafíos de desarrollo que afectan directamente al continente. Asia defiende sus propios intereses regionales y los países pequeños buscan algo que las grandes potencias rara vez consideran prioritario: una ONU que realmente proteja a quienes carecen de capacidad militar, económica o diplomática para defenderse por sí solos.
De ahí que candidaturas como la de Carolyn Rodrigues-Birkett resulten interesantes. Guyana no pertenece al círculo de las superpotencias y su postulación se percibe como una alternativa menos polarizante. Su experiencia acumulada en la organización le permite presentarse como una figura equilibrada. No obstante, encabezar una votación informal no garantiza la victoria. Se requieren al menos nueve votos en el Consejo de Seguridad y, sobre todo, sortear el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes. Rebeca Grynspan ofrece un perfil con sólida experiencia económica, multilateral, regional y ejecutiva, habiendo ocupado responsabilidades de alto nivel. Aunque figuró como favorita inicial, el incremento de resistencias muestra que ciertos bloques recelan de su liderazgo, aunque sigue siendo una de las opciones más robustas.
Rafael Grossi encarna un perfil distinto debido a su gestión al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica en expedientes tan delicados como la seguridad nuclear de Irán y Ucrania. Su experiencia le otorga enorme peso, pero también genera animadversión entre potencias que consideran sus posturas incómodas. En cuanto a Michelle Bachelet, su candidatura respaldada por México y Brasil ha perdido tracción tras rondas complejas, lo que obliga a la diplomacia mexicana a evaluar el momento oportuno para virar hacia una opción viable en lugar de sostener una postulación por inercia.
Mientras se debate quién ocupará el cargo, es imperativo preguntar qué significa ganar esta elección. António Guterres dejará una organización golpeada por guerras prolongadas, tensiones entre potencias, restricciones financieras y una percepción creciente de impotencia. La crisis en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente han demostrado crudamente los límites estructurales de un sistema donde los propios actores involucrados poseen la facultad de vetar las decisiones que los afectan. La ONU no es un gobierno mundial ni cuenta con un ejército propio capaz de doblegar a una superpotencia. Su verdadero valor reside en su labor humanitaria cotidiana, en la protección de refugiados, la salud global y la mediación discreta.
La organización necesita con urgencia una reforma financiera y administrativa profunda para corregir duplicidades y demostrar eficacia ante un mundo cada vez más polarizado. México y el resto de la comunidad internacional deben exigir perfiles que combinen independencia frente al Consejo de Seguridad, pragmatismo diplomático y un compromiso férreo con la rendición de cuentas. La disyuntiva histórica no es menor: reformar la institución para que recupere su utilidad o resignarse a contemplar cómo se convierte en una estructura cada vez más grande en burocracia y más pequeña en resultados tangibles.
@salvadorcosio1
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