Hay guerras que comienzan con soldados y hay otras que empiezan con aranceles. No hacen el mismo ruido, pero pueden terminar produciendo daños muy parecidos cuando quienes las provocan subestiman las consecuencias. La disputa comercial entre Donald Trump y Canadá pertenece a esa segunda categoría. Lo que alguna vez parecía una amenaza utilizada como herramienta de negociación se ha convertido en una confrontación que pone a prueba una de las relaciones económicas más importantes del mundo y, de paso, demuestra que en la política de Trump las fronteras entre economía, diplomacia y presión política prácticamente han desaparecido.
Canadá no es un adversario cualquiera para Estados Unidos. Es uno de sus principales socios comerciales, comparte una frontera de casi nueve mil kilómetros y tiene una integración productiva que resulta difícil encontrar entre dos países. Automóviles, energía, alimentos, minerales, madera, maquinaria y una enorme cantidad de componentes cruzan diariamente de un lado al otro. Hay empresas estadounidenses que dependen de proveedores canadienses y empresas canadienses cuya supervivencia depende del mercado estadounidense. Por eso cada arancel termina teniendo un efecto que va mucho más allá del producto al que originalmente se pretende castigar.
Trump, sin embargo, parece mirar la relación desde una lógica distinta. Para él, el déficit comercial, la protección de determinadas industrias y la capacidad de imponer costos a sus socios forman parte de una misma ecuación. Su argumento es que Estados Unidos durante demasiado tiempo permitió que otros países se beneficiaran de su mercado sin recibir a cambio condiciones suficientemente favorables. Desde esa perspectiva, los aranceles no son solamente una herramienta económica: son un arma de negociación. El problema aparece cuando el país al que se pretende presionar decide responder.
Y Canadá ha respondido.
Ottawa no puede simplemente aceptar que Washington establezca unilateralmente las condiciones de una relación económica de la que dependen millones de empleos. Además, existe un componente político que no debe subestimarse. Cada vez que Trump amenaza a Canadá o cuestiona sus políticas comerciales, el gobierno canadiense enfrenta presión interna para demostrar que no está dispuesto a ceder. En política, y particularmente en una disputa con un vecino tan poderoso, retroceder demasiado puede resultar tan costoso como mantener la confrontación.
Ahí es donde los aranceles comienzan a convertirse en un problema diferente. Cuando un gobierno impone una tarifa sobre un producto extranjero, muchas veces la explicación pública es sencilla: se está protegiendo al productor nacional. Pero la realidad económica es bastante menos cómoda. El importador paga el arancel, el costo se incorpora al precio y, dependiendo del producto y de las condiciones del mercado, una parte termina trasladándose al consumidor. Si además se trata de bienes intermedios utilizados por empresas nacionales, el aumento de costos puede terminar afectando a fabricantes que supuestamente eran los beneficiarios de la medida.
Ese es uno de los grandes dilemas de la estrategia de Trump. Puede conseguir que algunas industrias estadounidenses tengan temporalmente mayor protección frente a la competencia extranjera, pero también puede encarecer los insumos que necesitan esas mismas industrias. Una fábrica de automóviles, por ejemplo, no funciona únicamente con piezas producidas dentro de una frontera. La industria moderna depende de cadenas de suministro internacionales construidas durante décadas. Romperlas de golpe puede resultar políticamente atractivo, pero económicamente costoso.
Canadá, por su parte, tampoco está en una posición sencilla. Su economía depende enormemente del comercio con Estados Unidos y sustituir rápidamente ese mercado es prácticamente imposible. Europa, Asia y América Latina pueden representar alternativas, pero ninguna tiene la proximidad, infraestructura y escala del mercado estadounidense. Por eso la estrategia canadiense tiene que ser cuidadosa: responder lo suficiente para defender sus intereses, pero sin provocar una ruptura que termine perjudicando a su propia economía.
La paradoja es que dos países que deberían estar concentrados en competir juntos frente a otras regiones del mundo están dedicando una enorme cantidad de energía a disputarse entre ellos. Mientras China aumenta su capacidad industrial, mientras Europa intenta recuperar competitividad y mientras otros países buscan atraer inversiones, Estados Unidos y Canadá están poniendo obstáculos a una integración económica que durante décadas fue considerada una de sus mayores fortalezas.
Y aquí aparece México.
Nuestro país no puede observar esta disputa como si ocurriera en otro continente. La economía mexicana está profundamente vinculada con Estados Unidos y forma parte, junto con Canadá, de una de las principales plataformas manufactureras del mundo. Lo que sucede entre Washington y Ottawa puede terminar afectando decisiones de inversión, cadenas de suministro y estrategias empresariales que también pasan por México.
De hecho, una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá podría generar oportunidades para nuestro país. Algunas empresas podrían buscar proveedores alternativos o nuevas ubicaciones productivas dentro de Norteamérica. México podría beneficiarse si tiene la capacidad de ofrecer costos competitivos, infraestructura, energía, mano de obra calificada y certidumbre. Pero sería un error pensar que toda crisis entre nuestros dos socios automáticamente representa una oportunidad mexicana. Para aprovecharla hay que estar preparados.
Y ahí es donde México tiene una asignatura pendiente. No basta con tener una posición geográfica privilegiada. Necesitamos carreteras, puertos, ferrocarriles, electricidad, agua, seguridad y trabajadores capacitados. Necesitamos proveedores nacionales capaces de incorporarse a las cadenas de valor y no simplemente empresas que ensamblen productos diseñados y financiados en otros países. La oportunidad del llamado nearshoring solamente será real si conseguimos aumentar el contenido nacional de lo que producimos.
La disputa también revela algo más profundo sobre el futuro del comercio mundial. Durante décadas se construyó la idea de que la globalización haría económicamente irracional una guerra entre grandes potencias porque todos dependían de todos. Ahora estamos descubriendo que la interdependencia no elimina los conflictos; simplemente cambia las armas. Los aranceles, las restricciones tecnológicas, los controles de exportación y las sanciones pueden convertirse en instrumentos de presión tan importantes como cualquier otra herramienta diplomática.
Trump ha entendido perfectamente esa transformación y la utiliza sin demasiados complejos. El problema es que una herramienta puede ser eficaz y al mismo tiempo peligrosa. Los aranceles pueden obligar a un socio a negociar, pero también pueden generar represalias. Las represalias provocan nuevas medidas. Las nuevas medidas aumentan los costos. Y cuando las empresas comienzan a tomar decisiones pensando más en protegerse de la política que en producir eficientemente, toda la economía termina pagando.
La relación con Canadá debería recordarle a Washington algo que parece haberse olvidado: no todos los déficits comerciales representan una derrota y no todo superávit comercial significa una victoria. Dos economías pueden tener intercambios profundamente beneficiosos aunque una venda más de determinados productos y la otra haga lo propio en sectores diferentes. El comercio no es una guerra en la que necesariamente tiene que existir un ganador y un perdedor.
Pero Trump ha convertido precisamente esa percepción en uno de los pilares de su política económica. Su visión parece partir de que Estados Unidos debe ganar cada negociación y que, para conseguirlo, debe estar dispuesto a utilizar el tamaño de su mercado como mecanismo de presión. El problema es que el poder económico también tiene límites. Un socio que se siente permanentemente amenazado comienza a buscar alternativas.
Canadá ya está hablando de diversificar mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos. Esa reacción debería ser una señal de advertencia para Washington. La confianza comercial tarda décadas en construirse y puede perderse mucho más rápido. Una empresa que decide instalar una fábrica en un país lo hace pensando que las reglas tendrán cierta estabilidad. Si cada elección puede significar una modificación radical de aranceles, tratados y condiciones de acceso, la incertidumbre termina convirtiéndose en un costo.
Al final, la gran pregunta no es quién ganará esta guerra comercial. Es cuánto perderán ambos antes de reconocer que necesitan negociar.
Estados Unidos tiene el mercado más grande. Canadá tiene recursos estratégicos, energía, materias primas y una integración industrial que no puede reemplazarse fácilmente. Ambos tienen mucho que perder y, precisamente por eso, deberían tener todavía más incentivos para encontrar una salida.
Trump puede ganar una negociación utilizando la presión.
Lo que no debería olvidar es que ganar una negociación no significa necesariamente ganar una relación.
Y en el comercio internacional, como en la política, hay victorias que terminan saliendo demasiado caras.
Opinionsalcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1
Sobre el autor
