Lo que está ocurriendo en Nicaragua ya no puede explicarse solamente como otro capítulo de la larga crisis política centroamericana ni como una disputa entre Daniel Ortega y sus adversarios internos. La decisión del régimen de avanzar hacia la suspensión de las elecciones, sumada a la concentración del poder en manos de Ortega y Rosario Murillo y al acelerado acercamiento de Managua con Rusia, China e Irán, coloca al país en una dimensión mucho más delicada: Nicaragua se está convirtiendo en un problema internacional y, potencialmente, en una pieza estratégica dentro de la nueva confrontación entre las grandes potencias. Ese es el verdadero fondo del asunto y sería un error reducirlo a la discusión sobre si Ortega quiere perpetuarse en el poder, porque a estas alturas resulta evidente que sí. La pregunta importante es qué consecuencias tendrá para el continente que un régimen que prácticamente ha eliminado toda posibilidad de alternancia política decida, además, colocarse bajo el paraguas de potencias que buscan desafiar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio.
Ortega llegó al poder hablando de revolución, justicia social y emancipación. Su historia política estuvo marcada por la lucha contra la dinastía de los Somoza, una familia que durante décadas concentró el poder en Nicaragua. Aquella lucha fue presentada como una batalla por liberar al pueblo nicaragüense de una dictadura familiar. Sin embargo, el tiempo terminó produciendo una de las ironías más amargas de la política latinoamericana: Ortega y Murillo construyeron su propia estructura de poder familiar, persiguieron a opositores, cerraron medios de comunicación, expulsaron organizaciones civiles, encarcelaron adversarios y fueron desmantelando uno a uno los contrapesos institucionales. Ahora el régimen pretende dar un paso todavía más grave al avanzar hacia la eliminación del proceso electoral como mecanismo real de competencia política. No se trata ya de una elección manipulada, de una oposición debilitada o de un árbitro electoral cuestionado. Se trata de algo mucho más profundo: la intención de convertir la permanencia en el poder en una condición prácticamente permanente del Estado.
Y aquí es donde la comunidad internacional debería dejar de mirar hacia otro lado. Porque durante demasiado tiempo América Latina ha padecido una especie de doble moral política. Hay gobiernos que condenan cualquier intento de autoritarismo cuando proviene de un adversario ideológico, pero encuentran toda clase de explicaciones cuando el atropello viene acompañado de un discurso revolucionario, antiimperialista o supuestamente popular. La democracia no puede depender de quién la viola. No puede ser democrática una dictadura de derecha ni una dictadura de izquierda. No hay autoritarismo bueno porque el dictador utilice un discurso que nos resulte ideológicamente simpático. Y mucho menos puede aceptarse que la soberanía nacional sea utilizada como escudo para impedir que el mundo cuestione la desaparición de libertades fundamentales.
Pero Nicaragua tiene ahora una segunda dimensión que puede ser todavía más peligrosa. Mientras Ortega elimina los espacios internos de competencia política, está fortaleciendo sus vínculos con Rusia y China y mantiene relaciones con Irán. Moscú ha profundizado su cooperación militar y de seguridad con Managua, incluyendo acuerdos de entrenamiento e intercambio de inteligencia, mientras China ha encontrado en Nicaragua un terreno fértil para ampliar su influencia económica y estratégica. Es decir, mientras hacia dentro el régimen cierra puertas, hacia fuera abre las puertas a potencias que tienen un interés evidente en ampliar su presencia en América Latina. Eso cambia completamente la naturaleza del problema.
No hace falta imaginar una base rusa llena de misiles en Nicaragua para entender el riesgo. La geopolítica del siglo XXI es mucho más sofisticada. Un país puede convertirse en plataforma de influencia mediante acuerdos militares, cooperación tecnológica, inteligencia, infraestructura, telecomunicaciones, comercio, financiamiento y presencia diplomática. Rusia no necesita ocupar Nicaragua; necesita tener capacidad de influencia. China no necesita desplegar un ejército; necesita consolidar intereses económicos y estratégicos. Y Ortega necesita precisamente eso: aliados capaces de reducir el efecto de las presiones occidentales y ofrecerle margen de maniobra para mantenerse en el poder.
Ahí está el verdadero peligro para el hemisferio. Nicaragua puede terminar siendo una pieza dentro de una disputa que trasciende por completo a los nicaragüenses. Estados Unidos vuelve a mirar con preocupación hacia Centroamérica mientras Rusia busca recuperar espacios de influencia global y China continúa expandiendo su presencia económica. La competencia entre Washington, Moscú y Beijing ya no se limita a Europa, Asia o Medio Oriente. América Latina también está en el tablero, y Nicaragua puede convertirse en uno de los puntos más visibles de esa nueva disputa.
La historia debería obligarnos a ser prudentes. Nicaragua ya fue escenario de una guerra por delegación durante la Guerra Fría. El conflicto entre sandinistas y contras fue mucho más que una guerra civil: fue parte de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Miles de nicaragüenses terminaron pagando el precio de una disputa internacional que utilizó su país como escenario. Sería una tragedia que, décadas después, la región volviera a quedar atrapada en una lógica semejante, aunque ahora las herramientas sean distintas. Hoy no necesariamente se necesitan guerrillas financiadas desde el exterior. Basta con inversiones estratégicas, acuerdos militares, tecnología, créditos y alianzas diplomáticas.
Y mientras tanto, el régimen de Ortega continúa cerrando el espacio interno. Esa combinación es lo que debería encender todas las alarmas. Un gobierno autoritario que mantiene instituciones democráticas, aunque sean imperfectas, todavía enfrenta cierta presión social y política. Un gobierno que elimina las elecciones, controla las instituciones, persigue a sus adversarios y además encuentra respaldo internacional en potencias interesadas en protegerlo tiene muchas más posibilidades de resistir. El aislamiento deja de ser una amenaza cuando existen otros actores dispuestos a llenar el vacío.
Eso explica también la preocupación de países vecinos como Costa Rica, que observa con especial inquietud el creciente componente militar de la relación entre Managua y Moscú. Costa Rica no tiene ejército y ha construido durante décadas una política exterior basada en la paz y la institucionalidad. Tener enfrente a un gobierno que profundiza sus relaciones militares con Rusia no puede ser una cuestión menor para San José. Y tampoco debería serlo para México, que comparte con Centroamérica una responsabilidad histórica y geopolítica que muchas veces parece olvidar.
México, precisamente, debería observar este escenario con inteligencia y sin caer en extremos. No se trata de convertirse en vocero de Washington ni de adoptar una posición hostil hacia Rusia o China. Tampoco se trata de justificar a Ortega bajo el argumento de la no intervención. La defensa de la soberanía no significa guardar silencio frente a la desaparición de la democracia. Y la defensa de la democracia tampoco significa aceptar que Estados Unidos vuelva a tratar a América Latina como su patio trasero.
El continente necesita algo que hasta ahora ha sido incapaz de construir: una posición propia. América Latina no puede seguir dividida entre quienes creen que todo lo que viene de Washington es bueno y quienes piensan que cualquier gobierno que desafíe a Estados Unidos merece automáticamente respaldo. Esa visión infantil de la política internacional ha causado demasiado daño. Los países latinoamericanos deberían poder comerciar con China, relacionarse con Rusia, mantener vínculos con Estados Unidos y, al mismo tiempo, defender sus propias instituciones democráticas sin pedir autorización a nadie.
El caso nicaragüense debería servir como advertencia. Ortega comenzó su carrera política combatiendo una dinastía y terminó construyendo otra. Llegó al poder hablando de la voluntad popular y ahora pretende eliminar el mecanismo que permite que esa voluntad se exprese libremente. Denunció durante décadas la injerencia extranjera y hoy encuentra en las relaciones con potencias extranjeras una de las principales garantías para sostener su proyecto. Esa contradicción debería ser evidente incluso para quienes alguna vez simpatizaron con la revolución sandinista.
Nicaragua ya no es solamente una tragedia democrática nacional. Es también un síntoma de lo que está ocurriendo en el mundo: el regreso de la competencia entre grandes potencias, el debilitamiento de los organismos internacionales y la utilización de la soberanía como argumento para justificar gobiernos cada vez más cerrados. Lo verdaderamente peligroso sería que América Latina volviera a aceptar que sus países sean utilizados como piezas de ajedrez.
Porque Nicaragua puede ser pequeña en territorio y población, pero su posición en el tablero internacional es mucho mayor de lo que parece. Y cuando una nación pequeña se convierte en punto de encuentro de intereses rusos, chinos, iraníes y estadounidenses, lo que sucede dentro de sus fronteras deja de ser solamente asunto de sus ciudadanos.
El mundo debería mirar a Nicaragua antes de que sea demasiado tarde. Y América Latina, sobre todo, debería entender que la democracia no se defiende solamente cuando conviene políticamente. Se defiende siempre. Porque cuando se acepta que un gobierno puede cancelar la competencia, perseguir a sus adversarios y refugiarse después en la protección de una potencia extranjera, no solamente pierde Nicaragua. Pierde todo el continente.
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