La política exterior deja de ser diplomacia cuando pretende convertirse en instrumento para influir en las decisiones soberanas de otros pueblos. Ningún país, por poderoso que sea, puede asumir el derecho de condicionar la voluntad ciudadana mediante presiones económicas, sanciones o medidas diplomáticas. La reciente confrontación entre Estados Unidos y Brasil vuelve a colocar sobre la mesa un debate que América Latina conoce demasiado bien: el de los límites entre la defensa de intereses nacionales y la injerencia en los asuntos internos de otras naciones.
La escalada entre Washington y Brasilia inició con la revocación de la visa de la embajadora brasileña en Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva negara visas a funcionarios estadounidenses y retrasara el beneplácito para el nuevo embajador propuesto por Donald Trump. Formalmente ambas partes hablan de reciprocidad diplomática, pero el trasfondo apunta hacia un escenario mucho más delicado: las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.
Brasil sostiene que la presencia de funcionarios estadounidenses buscaba alimentar cuestionamientos sobre su sistema electoral y mantener contactos políticos en plena contienda. Estados Unidos rechaza esa versión, aunque resulta inevitable relacionar el episodio con la abierta simpatía de Trump hacia la familia Bolsonaro y con las reiteradas críticas dirigidas al gobierno de Lula.
Las afinidades políticas entre mandatarios son normales en las relaciones internacionales. Lo que resulta inadmisible es utilizar los instrumentos del Estado para favorecerlas. Cuando las preferencias personales se traducen en aranceles, sanciones, restricciones migratorias o presión diplomática, la frontera entre política exterior e intervención comienza a desaparecer.
Brasil no es un actor menor. Es la principal economía latinoamericana, integrante de los BRICS y un socio estratégico para las principales potencias del mundo. Cualquier intento de alterar su proceso político trasciende la relación bilateral y repercute en el equilibrio regional.
La decisión estadounidense de imponer nuevos aranceles a productos brasileños en pleno proceso electoral fortaleció la percepción de que Washington pretende incidir en la disputa interna. Lula denunció una estrategia de presión política; Flávio Bolsonaro buscó aplazar las medidas para evitar un costo electoral. Más allá de las posiciones encontradas, el hecho confirma que decisiones comerciales pueden terminar condicionando el debate democrático.
Más preocupante aún es el precedente que estas acciones pueden sentar para el sistema internacional. Si se normaliza que una potencia utilice su peso económico o diplomático para influir en los procesos electorales de otros países, ninguna democracia estará completamente a salvo de presiones externas. Hoy el escenario es Brasil; mañana podría ser cualquier nación cuyas decisiones políticas o económicas resulten incómodas para los intereses de un gobierno extranjero. La defensa de la soberanía deja entonces de ser un asunto ideológico para convertirse en una garantía indispensable de estabilidad y convivencia entre los Estados.
No es un fenómeno nuevo. Durante décadas América Latina padeció intervenciones abiertas y encubiertas, sanciones económicas y operaciones políticas impulsadas desde el exterior. La diferencia es que hoy esas acciones se desarrollan con mucha mayor transparencia y con menor preocupación por guardar las formas diplomáticas.
Ello no significa que Brasil quede exento de obligaciones. Corresponde a sus autoridades garantizar un proceso electoral limpio, transparente y plenamente confiable. La defensa de la soberanía no puede convertirse en argumento para impedir la observación legítima ni para desacreditar cualquier crítica internacional.
Pero tampoco puede aceptarse que funcionarios de un gobierno que ya manifestó preferencias por uno de los contendientes pretendan presentarse como observadores imparciales. La imparcialidad es condición indispensable para cualquier misión de acompañamiento electoral.
Paradójicamente, la presión externa suele producir efectos contrarios a los buscados. La historia latinoamericana demuestra que cuando una potencia intenta influir de manera evidente en la política de otro país, el sentimiento nacionalista se fortalece y el gobierno cuestionado encuentra una oportunidad para reagrupar apoyos.
Lula podrá beneficiarse políticamente de esa narrativa, como también deberá responder por los resultados de su administración. Del mismo modo, Flávio Bolsonaro tiene derecho a competir, pero también la obligación de demostrar que su compromiso principal es con Brasil y no con los intereses de sus aliados internacionales.
La relación entre Brasil y Estados Unidos es demasiado importante para quedar subordinada a una campaña electoral. Comercio, inversión, cooperación científica, seguridad y desarrollo son asuntos permanentes que deben preservarse más allá de las diferencias entre gobiernos.
México no puede observar este episodio con indiferencia. Lo que hoy ocurre en Brasil podría reproducirse mañana en cualquier país de la región. Por ello conviene reivindicar un principio que durante décadas orientó la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
Ese principio no obliga a guardar silencio frente a violaciones a los derechos humanos o frente a fraudes electorales. Sí exige, en cambio, rechazar el uso del poder económico, comercial o diplomático para favorecer candidatos o alterar la voluntad ciudadana.
La democracia sólo conserva legitimidad cuando son los electores quienes deciden el rumbo de su país. Si los brasileños optan por la continuidad de Lula, esa decisión debe respetarse. Si eligen a Flávio Bolsonaro o a cualquier otra alternativa, el resultado merece el mismo reconocimiento.
La responsabilidad de Washington consiste en conducir sus diferencias con Brasil por los cauces institucionales, separar la política comercial de la competencia electoral y evitar que visas, sanciones o aranceles sean percibidos como instrumentos de presión política.
Las naciones fuertes se distinguen por la solidez de sus instituciones, no por su capacidad para influir en las elecciones ajenas. La historia demuestra que toda intervención termina debilitando la confianza entre los Estados y alimentando tensiones innecesarias.
Brasil resolverá en las urnas quién habrá de conducir su destino. Así debe ser en toda democracia. Ninguna potencia, por influyente que sea, debería pretender sustituir con su poder económico la voluntad libre de millones de ciudadanos. El respeto a la soberanía no es una concesión diplomática; es una condición indispensable para la convivencia internacional y el fundamento sobre el que descansa la legitimidad de cualquier sistema democrático.
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