El mundo produce más riqueza, desarrolla tecnologías extraordinarias y acumula capacidades que hace apenas unas décadas parecían imposibles. Sin embargo, esa prosperidad convive con una contradicción cada vez más difícil de ocultar: mientras una minoría concentra recursos, influencia y oportunidades, millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, recibir atención médica, estudiar o encontrar un empleo digno. La desigualdad ya no es únicamente un problema social. Se ha convertido en una amenaza para la estabilidad democrática, la cohesión de las sociedades y la legitimidad de los gobiernos.
Esta semana, más de mil 500 economistas y académicos de más de cien países respaldaron la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, una iniciativa que busca estudiar la concentración de la riqueza y proponer soluciones con una metodología semejante a la utilizada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. El proyecto cuenta con el respaldo de países como España, Sudáfrica, Brasil y Noruega, así como del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. La propuesta parte de una realidad que ya no puede tratarse como un asunto secundario: la distribución de la riqueza condiciona la estabilidad política y las posibilidades de desarrollo.
El dato más importante no es la creación de un nuevo organismo internacional, sino el reconocimiento de que la desigualdad necesita una respuesta sustentada en evidencia y cooperación. Durante demasiado tiempo, los gobiernos han abordado la pobreza mediante programas aislados, mientras las causas estructurales de la concentración económica permanecen prácticamente intactas. Se atienden las consecuencias, pero se evita discutir con seriedad cómo se distribuyen los ingresos, quién controla los activos productivos y qué sectores tienen acceso real a las oportunidades.
La riqueza no es, por sí misma, un problema. Las sociedades necesitan inversión, empresas exitosas, innovación y personas capaces de generar valor. El conflicto aparece cuando el crecimiento económico deja de traducirse en movilidad social y cuando las reglas favorecen de manera constante a quienes ya tienen mayores recursos. Una economía puede registrar expansión y, al mismo tiempo, producir frustración, precariedad y desconfianza si sus beneficios se concentran en pocas manos.
Esa tensión explica buena parte del malestar que atraviesa a distintas democracias. Cuando una familia trabaja durante años y no logra adquirir una vivienda, cuando un joven con estudios no encuentra un empleo estable o cuando una persona pierde su capacidad de compra mientras observa el crecimiento de grandes fortunas, la promesa de progreso comienza a perder credibilidad. El problema no se limita a la percepción de injusticia. También afecta la confianza en las instituciones y alimenta la idea de que las reglas no son iguales para todos.
La desigualdad tiene además una dimensión territorial. Las grandes ciudades concentran empleos, universidades, servicios y oportunidades, pero también encarecen el suelo y expulsan a quienes no pueden pagar el costo de vivir cerca de los centros de actividad. En muchas regiones, la falta de infraestructura, conectividad y capacitación limita las posibilidades de desarrollo. La distancia entre una comunidad y los mercados laborales puede ser tan determinante como la falta de recursos económicos.
El crecimiento urbano, por ejemplo, no garantiza por sí solo bienestar. Una ciudad puede atraer inversiones y aumentar su actividad comercial, pero si sus habitantes enfrentan rentas inaccesibles, transporte deficiente, servicios insuficientes y empleos mal remunerados, la prosperidad termina siendo desigual. La pregunta no debería ser únicamente cuánto crece una ciudad, sino quién puede vivir en ella, quién se beneficia de sus inversiones y quién queda relegado a la periferia.
La misma lógica se reproduce en el ámbito tecnológico. La inteligencia artificial y la automatización pueden elevar la productividad, mejorar servicios y abrir nuevas oportunidades. Pero también pueden ampliar las brechas entre trabajadores con acceso a formación especializada y quienes desempeñan tareas más vulnerables a la sustitución. La tecnología no determina por sí misma el resultado social. Lo determinan las políticas que acompañan su implementación, la inversión en educación y la capacidad de preparar a la población para los cambios.
Por eso la capacitación para el trabajo debe ser considerada una política de desarrollo y no solamente una herramienta para mejorar currículos. En una economía que cambia con rapidez, la posibilidad de actualizar conocimientos puede definir quién consigue incorporarse a una nueva industria y quién queda fuera. La formación debe llegar a jóvenes, trabajadores en activo, personas desempleadas y habitantes de regiones donde las oportunidades son más limitadas. Si el acceso al conocimiento se concentra, la transformación tecnológica también puede convertirse en una nueva forma de exclusión.
Sin embargo, sería insuficiente trasladar toda la responsabilidad a las personas. No basta con pedir que cada trabajador se prepare mejor mientras persisten empleos precarios, salarios insuficientes y barreras para acceder al financiamiento. La movilidad social requiere un ecosistema que incluya educación de calidad, servicios públicos eficientes, protección laboral, infraestructura y condiciones que permitan emprender o integrarse a cadenas productivas.
También debe discutirse la relación entre riqueza y poder político. Las grandes concentraciones económicas pueden influir en las decisiones públicas mediante el financiamiento, el cabildeo, el control de información o la capacidad de trasladar inversiones de un país a otro. No toda participación empresarial es indebida, pero una democracia pierde equilibrio cuando determinados intereses tienen más posibilidades de ser escuchados que millones de ciudadanos sin recursos para organizarse o defender sus derechos.
La desigualdad, además, no se resuelve con discursos de resentimiento ni con promesas de redistribución sin sustento. Requiere políticas fiscales responsables, combate a la evasión, inversión social eficaz, impulso a la productividad y mecanismos que permitan que el crecimiento genere empleos de calidad. También demanda transparencia, evaluación y disposición para corregir programas que no producen resultados. La justicia social no puede construirse sobre la improvisación.
El desafío internacional consiste en reconocer que las economías están conectadas, pero las oportunidades siguen distribuyéndose de manera profundamente desigual. Los países con mayores recursos pueden invertir más en tecnología, educación e infraestructura, mientras las naciones con menos capacidades enfrentan costos financieros, vulnerabilidad climática y dificultades para competir. Sin cooperación, la brecha puede ampliarse todavía más.
En ese sentido, la creación de un panel internacional puede contribuir a ordenar el debate, siempre que sus diagnósticos no terminen archivados en informes que nadie utiliza. La investigación debe traducirse en decisiones concretas y medibles. Las sociedades no necesitan únicamente conocer cuánto se concentra la riqueza; necesitan saber qué medidas pueden modificar esa tendencia y quiénes están dispuestos a asumir los costos de hacerlo.
La desigualdad no desaparecerá por decreto. Tampoco se corregirá con una sola reforma. Es el resultado de decisiones acumuladas en materia de educación, empleo, impuestos, vivienda, salud, comercio y desarrollo regional. Precisamente por eso exige una estrategia de largo plazo, con participación pública y privada, pero con una responsabilidad central de los gobiernos: garantizar que el crecimiento no se convierta en privilegio para unos cuantos.
El mundo enfrenta una disyuntiva. Puede aceptar que la concentración económica continúe deteriorando la confianza social, o puede asumir que la estabilidad democrática depende también de reducir las distancias entre quienes tienen demasiado y quienes apenas logran sobrevivir. No se trata de eliminar las diferencias individuales ni de castigar el éxito. Se trata de impedir que el origen social determine de antemano el destino de una persona.
Una sociedad no puede llamarse verdaderamente próspera cuando la riqueza crece, pero la esperanza se reduce. El progreso que no abre oportunidades termina alimentando frustración. Y la frustración, cuando se acumula durante demasiado tiempo, puede convertirse en una fuerza capaz de debilitar las instituciones que sostienen la convivencia.
La desigualdad no es solamente la distancia entre dos ingresos. Es la distancia entre dos posibilidades de vida. Y cuando esa brecha se vuelve permanente, el problema deja de ser económico para convertirse en una crisis de futuro.
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