El mundo vuelve a sentarse a negociar el futuro del planeta. Desde este lunes 9 de noviembre y hasta el próximo día 20, Antalya, Turquía, es sede de la COP31, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reúne a representantes de casi todos los países para discutir cómo enfrentar una crisis que ya dejó de ser una advertencia científica y se ha convertido en una realidad cotidiana. Sin embargo, la pregunta que acompaña cada nueva cumbre es inevitable: ¿cuánto de lo que ahí se promete terminará convirtiéndose en acciones concretas?
La reunión llega en un momento especialmente delicado. Las Naciones Unidas advierten que el mundo se encamina a rebasar el límite de calentamiento de 1.5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París. Las olas de calor, las inundaciones, las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos muestran que el costo de no actuar se acumula, y que sus consecuencias no se distribuyen de manera equitativa. Los países con menos recursos suelen enfrentar daños mayores, aunque no hayan contribuido en la misma proporción a generar el problema.
El secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, ha insistido en que el ritmo de avance es insuficiente. Y tiene razón en algo fundamental: el planeta no necesita otra colección de declaraciones solemnes, sino decisiones que puedan medirse, verificarse y sostenerse en el tiempo.
La COP31 se presenta precisamente bajo el propósito de pasar de los compromisos a la implementación. Turquía encabeza la presidencia de la conferencia y Australia conduce las negociaciones. Entre los asuntos centrales están la transición energética, la reducción de emisiones, la adaptación de las ciudades, la seguridad alimentaria y, especialmente, el financiamiento para que los países vulnerables puedan enfrentar los efectos del cambio climático.
Pero ahí aparece uno de los principales obstáculos: todos reconocen que se necesita dinero, aunque no todos están dispuestos a asumir la factura. Las naciones en desarrollo reclaman que los países industrializados cumplan los compromisos de financiamiento climático y aporten recursos suficientes, sin convertir la ayuda en otra deuda que termine comprometiendo todavía más sus economías. No se trata de una discusión menor. Adaptarse al calentamiento global exige infraestructura, tecnología, sistemas de prevención, agua, energía y protección para millones de personas.
Mientras tanto, las grandes economías siguen enfrentando una contradicción difícil de resolver. Necesitan energía para sostener su crecimiento, sus industrias y su competitividad, pero buena parte de esa energía continúa dependiendo del petróleo, el gas y el carbón. Las tensiones internacionales y los conflictos armados han vuelto a colocar la seguridad energética en el centro de las decisiones gubernamentales. Cuando se interrumpen los suministros o aumentan los precios, algunos países recurren nuevamente a los combustibles fósiles, aun cuando sus discursos oficiales anuncian una transición hacia fuentes limpias.
A esta ecuación se suma un factor relativamente nuevo: la inteligencia artificial. El crecimiento de los centros de datos y la infraestructura digital está elevando la demanda de electricidad. La tecnología que promete transformar la productividad, la medicina, la educación y la economía también requiere enormes cantidades de energía y recursos. El desafío será conseguir que esa expansión tecnológica no termine alimentándose de fuentes altamente contaminantes ni agravando la presión sobre redes eléctricas y recursos naturales.
La ausencia de Estados Unidos en esta conferencia, después de la decisión de Donald Trump de retirar a su país de las negociaciones internacionales sobre el clima, también evidencia la fragilidad de los acuerdos globales. Una crisis que no reconoce fronteras necesita cooperación, pero esa cooperación se vuelve más difícil cuando las prioridades nacionales cambian con cada gobierno. La política climática no puede depender exclusivamente de la voluntad de un mandatario ni quedar sujeta a los vaivenes electorales de las grandes potencias.
Y México, ¿dónde está en esta discusión?
Nuestro país no puede limitarse a observar desde la distancia. Tiene una posición geográfica que lo expone a huracanes, sequías, incendios, inundaciones y estrés hídrico; cuenta con regiones cuya actividad agrícola depende de condiciones climáticas cada vez más inciertas y con ciudades que enfrentan problemas crecientes de disponibilidad de agua, contaminación y temperaturas extremas. También dispone de un potencial considerable para desarrollar energía solar y eólica, modernizar su infraestructura y generar empleos vinculados con nuevas tecnologías.
Sin embargo, aprovechar esas oportunidades requiere algo más que anunciar metas. Hace falta certidumbre para la inversión, planeación de largo plazo, redes eléctricas suficientes, reglas claras y una política energética capaz de conciliar seguridad de suministro, crecimiento económico y reducción de emisiones. La transición no puede plantearse como una consigna ni como una batalla ideológica. Debe traducirse en beneficios tangibles para la población, en electricidad accesible, empleos, innovación y mejores condiciones de vida.
Tampoco debe perderse de vista que la responsabilidad ambiental comienza mucho antes de las grandes negociaciones. La gestión del agua, el tratamiento de residuos, la protección de bosques, la movilidad, el ordenamiento territorial y la conservación de los ecosistemas son tareas que involucran a los tres órdenes de gobierno, al sector privado y a la sociedad. Las decisiones locales pueden tener consecuencias tan importantes como los acuerdos internacionales, particularmente cuando se trata de prevenir daños que después resultan mucho más costosos de reparar.
La COP31 apenas comienza y todavía falta conocer el resultado de sus negociaciones. Los días 11 y 12 de noviembre se celebrará la cumbre de líderes, en la que se espera elevar el compromiso político. Habrá discursos, encuentros bilaterales, anuncios de inversión y nuevas iniciativas. Pero el verdadero balance no deberá medirse por el número de mandatarios que acudan ni por la solemnidad de sus intervenciones, sino por lo que ocurra cuando las delegaciones regresen a sus países.
El problema del cambio climático no se resolverá con una fotografía colectiva ni con una declaración que todos puedan suscribir sin modificar sus prioridades. Exige decisiones incómodas, inversiones cuantiosas, cambios en los modelos de producción y consumo y, sobre todo, voluntad para dejar de privilegiar los beneficios inmediatos sobre la seguridad de las próximas generaciones.
El planeta no está esperando a que los gobiernos encuentren las palabras adecuadas. Está mostrando, con sequías, inundaciones, temperaturas extremas y pérdida de ecosistemas, el costo de las decisiones que no se han tomado.
La pregunta ya no es si sabemos lo que está ocurriendo. La pregunta es cuánto tiempo más estaremos dispuestos a seguir discutiéndolo sin hacer lo suficiente para cambiarlo.
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