En México cambian los gobiernos, se alternan los partidos y se multiplican las promesas de acabar con la corrupción, pero hay una práctica que parece sobrevivir a todas las transformaciones políticas: los negocios de familiares y allegados de quienes ejercen el poder. Una investigación publicada por El Universal acaba de documentar alrededor de 94 millones de pesos en contratos públicos obtenidos durante quince años por empresas vinculadas con los hijos del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus socios. La revelación obliga a formular preguntas que no pueden resolverse con declaraciones políticas: ¿cómo se adjudicaron esos contratos, quiénes autorizaron las operaciones, qué controles existieron y hasta dónde pudieron presentarse conflictos de interés? Porque una cosa es el legítimo derecho de cualquier ciudadano a desarrollar actividades empresariales y otra muy distinta que las relaciones familiares con funcionarios públicos puedan traducirse en ventajas indebidas financiadas con recursos de todos.
El reportaje señala que Rubén y Ricardo Rocha Ruiz constituyeron en mayo de 2009 la empresa Constructora Chocosa, que comenzó a recibir contratos gubernamentales pocos meses después. Entre 2010 y mediados de 2018, la compañía acumuló aproximadamente 64 millones de pesos en contrataciones con dependencias estatales, ayuntamientos y organismos públicos. Parte de esas operaciones se desarrolló cuando Rocha Moya desempeñaba responsabilidades como asesor de gobernadores surgidos del PRI, antes de llegar al gobierno estatal bajo las siglas de Morena. Este antecedente resulta especialmente significativo porque muestra que las relaciones empresariales documentadas atravesaron distintas administraciones y no pueden explicarse exclusivamente a partir de una sola fuerza política.
Después de que Rocha Moya asumió la gubernatura en noviembre de 2021, otras empresas relacionadas con integrantes de su familia y socios comenzaron a aparecer en nuevas operaciones con dependencias públicas. Entre ellas figura Grupo Rofcar, vinculado con José Jesús Rocha Ruiz, que suministró diversos productos al gobierno estatal. También aparece Frutas y Verduras de ElDorado, relacionada con uno de los socios empresariales, que obtuvo contrataciones para abastecer instituciones públicas, incluidas dependencias de asistencia social.
Uno de los datos que merece mayor atención es que el Sistema DIF de Sinaloa, encabezado honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, hija del entonces gobernador, realizó contrataciones con una empresa vinculada empresarialmente con otro integrante de la familia. Esto no demuestra por sí mismo intervención indebida de la presidenta honoraria ni ilegalidad en las adquisiciones, pero sí plantea la necesidad de examinar si existieron mecanismos suficientes para identificar y prevenir posibles conflictos de interés.
La investigación también señala diferencias importantes entre determinados precios facturados por proveedores y referencias comerciales de productos alimenticios. Tales comparaciones deben revisarse considerando calidad, cantidades, fechas, transporte y condiciones de entrega, porque no toda diferencia constituye necesariamente un sobreprecio ilegal. Pero cuando se trata de recursos destinados a instituciones de asistencia social, las autoridades tienen una obligación especial de demostrar que las adquisiciones fueron razonables, necesarias y realizadas conforme a derecho.
Según los documentos citados, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, Grupo Rofcar y dos de sus socios concentraron aproximadamente 29 millones de pesos en operaciones públicas, con catorce contratos y 547 órdenes de compra. Solamente uno de esos contratos habría sido adjudicado mediante licitación pública, mientras los restantes recurrieron a adjudicaciones directas. Conviene precisar que la adjudicación directa está permitida legalmente en determinadas circunstancias; la cuestión consiste en verificar si cada operación cumplió los requisitos correspondientes y si existieron razones objetivas para seleccionar a esos proveedores.
Otro elemento significativo es que uno de los socios empresariales mencionados, José Carlos Cárdenas Mellado, fue designado director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en 2024. El tránsito entre actividades empresariales relacionadas con contrataciones gubernamentales y responsabilidades dentro de la administración pública obliga a revisar las declaraciones de intereses y las medidas adoptadas para prevenir incompatibilidades.
En mayo de 2026, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa promovieron una propuesta para investigar las contrataciones relacionadas con empresas de los hijos de Rocha Moya. Sin embargo, según lo informado públicamente, la solicitud ni siquiera llegó a votarse. Este antecedente merece una explicación institucional, porque los órganos anticorrupción existen precisamente para prevenir irregularidades y facilitar la revisión de asuntos donde pueden encontrarse involucradas personas cercanas al poder.
Es indispensable mantener una distinción jurídica: los aproximadamente 94 millones de pesos corresponden al valor de contratos señalados en la investigación periodística, no a una cantidad de dinero cuya desviación haya sido demostrada. Tener parentesco con un gobernante y contratar con instituciones públicas no constituye automáticamente corrupción. Las responsabilidades administrativas o penales exigen pruebas, conductas concretas y procedimientos respetuosos de la presunción de inocencia.
Pero tampoco puede utilizarse esa garantía para eludir explicaciones. El propio Rocha Moya había negado anteriormente haber intervenido en adjudicaciones relacionadas con empresas de sus hijos. Su posición debe considerarse, al igual que el derecho de los empresarios involucrados a acreditar la legalidad de sus operaciones. Sin embargo, las autoridades fiscalizadoras tienen la responsabilidad de revisar los expedientes, las relaciones societarias, los procedimientos de compra, los precios y las actuaciones de los funcionarios que autorizaron cada contratación.
El problema trasciende a Sinaloa y a Morena. Durante gobiernos del PRI, PAN y otras fuerzas políticas también se han presentado controversias por negocios de familiares y allegados de funcionarios. Lo fundamental es aplicar las mismas reglas a todos. La lucha contra la corrupción pierde credibilidad cuando se investigan los vínculos familiares de los adversarios, pero se justifican o silencian situaciones semejantes dentro del propio grupo político.
En un país que necesita recursos para hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura y programas sociales, resulta indispensable impedir que las contrataciones gubernamentales puedan convertirse en mecanismos de privilegio. La competencia entre proveedores debe depender de precios, calidad, experiencia y cumplimiento de requisitos, no de apellidos, amistades o cercanía con quienes toman decisiones.
El caso también recuerda que los sistemas anticorrupción y los órganos de fiscalización necesitan independencia y capacidad efectiva para actuar. No basta con que existan formalmente si las investigaciones relacionadas con personas influyentes encuentran obstáculos que impiden siquiera examinar los hechos. La rendición de cuentas debe funcionar precisamente cuando resulta incómoda para quienes ejercen el poder.
La revelación periodística merece una revisión documentada, sin condenas anticipadas ni protecciones políticas. Si los contratos fueron legales y se ejecutaron correctamente, debe acreditarse. Si hubo adjudicaciones indebidas, sobreprecios injustificados o conflictos de interés que vulneraron la ley, deberán determinarse responsabilidades individuales y aplicarse las consecuencias correspondientes.
Porque ser hijo de un gobernador no constituye un delito, pero tampoco puede convertirse en una credencial para obtener ventajas en los negocios públicos. Los familiares de los funcionarios tienen derecho a emprender y competir, pero deben hacerlo bajo las mismas reglas que cualquier ciudadano.
Rocha Moya y sus familiares tienen derecho a responder y defender la legalidad de sus actuaciones. La sociedad, por su parte, tiene derecho a saber quién contrató, quién autorizó, cómo se fijaron los precios y qué controles se aplicaron para impedir que las relaciones familiares influyeran sobre decisiones pagadas con dinero público.
Y aquí está la pregunta que debería incomodar a todos los partidos: ¿de qué sirve prometer que se terminaron los privilegios del pasado si cada nueva administración vuelve a enfrentar señalamientos sobre negocios de familiares, socios y allegados de quienes gobiernan?
Porque la corrupción no cambia de naturaleza cuando cambia de partido, ni la honestidad se demuestra persiguiendo únicamente a los adversarios. Se demuestra aplicando la misma ley a todos, sin importar nombres, apellidos, relaciones personales o colores políticos.
Los gobiernos son temporales y los cargos públicos no son hereditarios. Los recursos que administran las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a las familias de sus gobernantes. Y ésa es la frontera que jamás debe borrarse: el poder público es una responsabilidad, no una oportunidad patrimonial para quienes tienen la fortuna de estar cerca de él.
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