Que alguien le suba el volumen al contundente mensaje del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, porque su discurso merece algo más que aplausos de ocasión y una fotografía para las redes sociales.
El mandatario puso el dedo en una de las llagas más peligrosas de la vida pública: la penetración del crimen organizado en las instituciones, las corporaciones policiacas y, peor todavía, en los procesos electorales.
Preguntó cuánta droga se vende afuera del Conalep, cuántos policías municipales y estatales se hacen de la vista gorda, quién financia estructuras electorales con dinero del narcotráfico y quién está poniendo a los secretarios de Seguridad y de Obras Públicas.
DEFINITIVAMENTE NO
Porque una cosa es que los delincuentes quieran controlar las calles y otra muy distinta que pretendan decidir quién gobierna, quién ocupa un escritorio y quién tiene derecho a hacer negocios.
Con todo respeto, gobernador Navarro: hace falta que más mandatarios tengan el valor de hablar así de frente. Pero también hace falta que las palabras se conviertan en investigaciones, detenciones y resultados.
Y aquí es donde aparece una comparación inevitable: Sinaloa y su gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, cuyo caso, marcado por graves señalamientos de autoridades estadounidenses y una investigación en México, exhibe la dimensión del problema que representa la posible infiltración criminal en el poder político.
NI FINANCIAR CANDIDATOS
¡Vaya contraste! Mientras en Nayarit se advierte públicamente que el narcotráfico no debe poner secretarios, financiar candidatos ni comprar estructuras electorales, en Sinaloa el escándalo político y judicial ya dejó una herida enorme en la credibilidad de las instituciones.
Y no es poca cosa. A Navarro Quintero, desafortunadamente, el calendario ya le juega en contra. Le queda aproximadamente un año de administración y sería lamentable que, después de poner sobre la mesa semejante diagnóstico, el tiempo se le terminara sin poder demostrar que también hubo acciones para enfrentar el problema.
DESDE CUANDO
Porque no basta con preguntar cuánta droga se vende afuera de una escuela. Hay que investigar quién la vende, quién la distribuye, quién la protege y por qué las autoridades no hacen su trabajo.
Tampoco basta con denunciar que el crimen organizado cobra derecho de piso en las tiendas de abarrotes, que presuntamente comercializa drogas en palenques o que pretende financiar campañas. Hay que impedirlo, investigar el dinero y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
Y aquí viene la pregunta que debería quitarle el sueño a más de un político: ¿cuántas candidaturas se construyen con dinero limpio y cuántas podrían estar recibiendo recursos de procedencia criminal?
VAN A COBRAR
Porque si el narco pone el dinero, no hay campaña gratis: tarde o temprano llega la factura. Y créanme, esos cobradores no acostumbran aceptar pagos a meses sin intereses.
Gobernador Navarro, ojalá su advertencia no se quede en un buen discurso. Nayarit necesita instituciones que no se doblen, policías que no se escondan y gobiernos que no permitan que nadie les dicte los nombramientos.
Porque cuando el crimen organizado decide quién ocupa una secretaría, quién puede hacer negocios y quién llega al poder, el problema ya no es solamente de seguridad pública: es de soberanía institucional.
NO NECESITA
Y para cerrar, una verdad que no necesita demasiada jiribilla: el crimen organizado no necesita ganar elecciones si consigue que los gobiernos trabajen para él.
¡Ahí está el verdadero peligro, y más vale que nadie se haga el desentendido!
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