La caída de Guadalupe Taddei ha colocado al Instituto Nacional Electoral en el centro de una tormenta que amenaza con extenderse mucho más allá de los despachos de sus funcionarios. No se trata únicamente de contratos millonarios bajo sospecha, relaciones personales comprometedoras o grabaciones cuya divulgación precipitó una crisis institucional. Lo que está en juego es la credibilidad del árbitro electoral mexicano y, detrás del escándalo, una serie de intereses políticos y económicos que todavía permanecen en la penumbra. Porque mientras unos exigen castigos y otros buscan deslindarse, resulta inevitable preguntarse quién decidió hacer estallar el caso precisamente ahora, quién podría beneficiarse de sus consecuencias y si estamos frente a un legítimo esfuerzo por combatir irregularidades o ante una operación que también persigue modificar los equilibrios de poder.
La renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, ocurrió cuando los señalamientos sobre sus presuntos vínculos personales y comerciales con el empresario José Alfredo Hernández Casillas habían adquirido una dimensión difícil de ignorar. Después asumió provisionalmente la presidencia la consejera Blanca Yassahara Cruz García y comenzaron las separaciones de colaboradores de la administración anterior. Sin embargo, ninguna renuncia constituye una confesión de culpabilidad ni sustituye las investigaciones correspondientes. La presunción de inocencia debe respetarse, pero tampoco utilizarse como pretexto para impedir que se esclarezcan las decisiones administrativas, las relaciones con proveedores y el destino de los recursos públicos.
La gravedad aumentó cuando el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, informó ante legisladores sobre aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos en contratos adjudicados entre 2014 y 2025 a cinco empresas investigadas por posibles mecanismos de colusión. Es indispensable precisar que las operaciones corresponden a diferentes administraciones y organismos electorales. Sería incorrecto atribuir automáticamente la totalidad de esos contratos a Taddei o presentar el monto como dinero desviado. Pero las cifras justifican una investigación exhaustiva para determinar si existieron simulaciones de competencia, conflictos de interés, favoritismos o beneficios indebidos.
Porque si empresas vinculadas entre sí participaron en procedimientos aparentando competir como proveedores independientes, el problema iría mucho más allá de una relación sentimental o empresarial. Habría que establecer quién autorizó los contratos, qué funcionarios conocían los posibles vínculos, cuáles mecanismos de control fallaron y si existieron advertencias ignoradas. La vigilancia administrativa no puede limitarse a descubrir irregularidades cuando los escándalos ya estallaron.
Pero aparece una interrogante especialmente inquietante: ¿por qué precisamente ahora comenzaron a divulgarse las grabaciones relacionadas con Hernández Casillas y su antigua relación con Taddei? ¿Fue una represalia derivada de diferencias personales o económicas? ¿Una disputa entre proveedores? ¿O intervinieron terceros interesados en modificar los equilibrios internos del Instituto? Incluso cabe preguntarse si el empresario entregó voluntariamente los materiales, si alguien lo convenció o presionó, o si fueron difundidos sin su consentimiento.
No existen pruebas públicas suficientes para atribuir semejante operación a personas determinadas. Pero tampoco sería razonable descartar las interrogantes. En política, como en los negocios, el momento en que aparece determinada información puede resultar tan importante como su contenido. Una filtración interesada puede revelar irregularidades auténticas, del mismo modo que una denuncia fundada puede ser aprovechada por terceros. Investigar quién difundió los materiales no significa desacreditar lo que contienen.
Y entonces surge otra pregunta: ¿quién obtiene ventajas políticas y quién enfrenta las consecuencias? Cuando Taddei llegó a la presidencia del INE en marzo de 2023, Andrés Manuel López Obrador celebró su designación y la describió como una mujer honesta, íntegra y profesional. Aquellas palabras no lo convierten en responsable de las conductas investigadas, pero explican por qué el episodio genera cuestionamientos sobre el respaldo recibido. Una cosa es la responsabilidad jurídica individual y otra el costo político para quienes avalaron públicamente su trayectoria.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha procurado establecer distancia entre Taddei y el movimiento gobernante. Recordó que su designación ocurrió mediante sorteo en la Cámara de Diputados y destacó que su trayectoria electoral comenzó mucho antes, señalando que en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, se avaló su incorporación a la autoridad electoral de Sonora. Ese antecedente merece considerarse, pero no resuelve las responsabilidades actuales. La experiencia profesional tampoco constituye una garantía permanente sobre la conducta posterior.
Hay, además, un elemento político que no puede omitirse: en octubre de 2024 Morena y sus aliados impulsaron modificaciones legales que ampliaron las facultades de la presidencia del INE para realizar nombramientos estratégicos, reduciendo la intervención colegiada del Consejo General. Aquella decisión merece una revisión cuidadosa. Cuando se concentran atribuciones en una sola persona, los mecanismos de vigilancia adquieren mayor importancia. No se trata de afirmar que esas reformas produjeron las irregularidades denunciadas, sino de examinar si los controles resultaron suficientes.
Así, el oficialismo enfrenta cuestionamientos sobre respaldos políticos y decisiones institucionales, mientras la oposición encuentra argumentos para exigir investigaciones y defender la autonomía electoral. Pero tampoco puede concluirse que algún partido obtiene automáticamente una ventaja electoral. La verdadera incidencia dependerá de las investigaciones, del procedimiento para elegir a la próxima presidencia y de la confianza que consiga recuperar el organismo.
Morena, por su peso en la Cámara de Diputados, tendrá influencia considerable en la designación definitiva y, precisamente por ello, una responsabilidad especial para procurar independencia, capacidad técnica y honestidad.
La oposición también deberá actuar responsablemente. Tiene derecho a exigir transparencia y vigilar la sucesión, pero no debería utilizar el escándalo para desacreditar indiscriminadamente al sistema electoral. El INE no puede convertirse en una institución respetable solamente cuando sus resoluciones favorecen a determinados partidos. Su autonomía debe defenderse independientemente de quién gobierne.
México dedicó décadas a construir autoridades electorales capaces de superar las prácticas de intervención gubernamental y garantizar condiciones de competencia democrática. Esa transformación fue resultado de luchas ciudadanas, reformas y acuerdos entre fuerzas políticas distintas. Sería lamentable que las posibles conductas irregulares de algunos funcionarios terminaran utilizándose para debilitar una estructura institucional que pertenece a todos los mexicanos.
La proximidad de las elecciones de 2027 aumenta la gravedad del problema. El INE necesita conducción colegiada, personal profesional, procedimientos transparentes y una presidencia ajena a cuotas partidistas. También debe protegerse la experiencia del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuyos integrantes no pueden confundirse indiscriminadamente con quienes pudieran haber cometido irregularidades. Investigar y corregir es indispensable; desmantelar capacidades institucionales sería añadir otro problema.
Sheinbaum y las autoridades federales pueden contribuir al esclarecimiento mediante las instancias competentes, respetando plenamente la autonomía del Instituto. La lucha contra la corrupción y la independencia electoral no son objetivos incompatibles. Resultaría contradictorio combatir prácticas indebidas mediante decisiones que terminaran sometiendo al organismo encargado de organizar las elecciones.
Por eso, más allá de las grabaciones, los rompimientos personales y las disputas entre proveedores, importa conocer qué ocurrió con los contratos, quiénes intervinieron, cuáles responsabilidades pueden acreditarse y qué mecanismos deben modificarse. También debe esclarecerse el origen de las filtraciones, sin permitir que esa investigación desvíe la atención de las posibles irregularidades administrativas.
El INE no debe pertenecer a Morena ni a sus adversarios. Tampoco a sus consejeros, funcionarios o proveedores. Debe servir exclusivamente a los ciudadanos y a la Constitución. Los partidos pueden ganar o perder elecciones, pero las reglas y el árbitro tienen que conservar su credibilidad.
La salida de una presidenta puede cerrar un capítulo, pero difícilmente resolverá una crisis que exhibe posibles fallas administrativas, controles insuficientes y disputas de poder. Sustituir funcionarios sin corregir esas deficiencias solamente prepararía el terreno para nuevos escándalos.
Y aquí reside el mayor riesgo: que la indignación pública termine convertida en instrumento para conquistar posiciones dentro del organismo, en lugar de servir para recuperar su independencia. Habrá que investigar quién filtró, quién contrató, quién autorizó y quién pudo beneficiarse, sin dar por demostrada ninguna hipótesis.
Porque una democracia puede sobrevivir a la caída de sus funcionarios, pero difícilmente resistirá que sus ciudadanos dejen de confiar en las reglas electorales. Si la crisis termina aprovechándose para cambiar unos intereses por otros, los verdaderos vencedores serán quienes pretendan controlar al árbitro. Y los derrotados no serán Taddei, Morena ni la oposición: serán millones de mexicanos cuyo voto necesita una institución independiente para tener plena garantía de respeto.
opinionsalcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1a
Sobre el autor
