La crisis del agua que enfrenta Guadalajara y su zona metropolitana ha comenzado a adquirir una dimensión tan preocupante como peligrosa. Lo que inicialmente representaba una exigencia ciudadana elemental, recibir en los hogares agua limpia y en condiciones adecuadas, amenaza con transformarse en un escenario de confrontación política, radicalización social y oportunismo electoral. Los acontecimientos registrados este domingo frente a Casa Jalisco constituyen una advertencia: cuando una causa legítima es aprovechada por quienes encuentran beneficios en el descontento, el problema original corre el riesgo de quedar sepultado bajo una disputa que nada contribuye a resolver.
La indignación de quienes abren las llaves de sus viviendas y reciben agua turbia, maloliente o de calidad cuestionable está plenamente justificada. Ninguna familia tendría que vivir con incertidumbre respecto de un servicio indispensable. Exigir explicaciones, investigaciones, inversiones y soluciones constituye un derecho irrenunciable. Pero precisamente por la legitimidad de esa demanda resulta repudiable que pueda utilizarse como pretexto para desatar enfrentamientos, provocar disturbios o alimentar estrategias políticas encaminadas a obtener ventajas rumbo a las elecciones de 2027.
Lo ocurrido durante la movilización ciudadana que partió de La Minerva y llegó hasta Casa Jalisco obliga a distinguir dos realidades que algunos parecen interesados en confundir. Por una parte, ciudadanos que acudieron pacíficamente a expresar su inconformidad, entre ellos familias, estudiantes y adultos mayores. Por otra, individuos que participaron en acciones violentas, derribaron barreras de protección y protagonizaron enfrentamientos con elementos policiales. Atribuir indiscriminadamente esas conductas a todos los manifestantes representaría una injusticia para quienes ejercieron legítimamente sus derechos.
La protesta social es indispensable en cualquier democracia. Los gobiernos deben escuchar incluso las expresiones más severas de inconformidad y responder a las demandas ciudadanas. Pero ninguna libertad democrática concede autorización para agredir personas, destruir bienes o imponer mediante la violencia aquello que corresponde exigir mediante la participación cívica.
Especialmente grave resulta que los enfrentamientos se produzcan en concentraciones donde participan familias con menores de edad y personas mayores. Su presencia constituye una expresión legítima de participación ciudadana que merece pleno respeto. Lo inadmisible es que individuos violentos pongan en riesgo a quienes acudieron pacíficamente, utilizando la multitud como cobertura para realizar actos que pueden desencadenar consecuencias imprevisibles.
Corresponde investigar si las agresiones fueron espontáneas, si existió coordinación previa o si participaron provocadores interesados en generar deliberadamente un enfrentamiento. No sería responsable atribuir semejantes conductas a partidos u organizaciones sin pruebas suficientes, pero tampoco debe descartarse ninguna línea de investigación. La intervención policial frente a agresiones concretas forma parte de las obligaciones del Estado, siempre que se realice con apego a la legalidad y proporcionalidad, distinguiendo a quienes cometen actos violentos de quienes se manifiestan pacíficamente.
Y mientras la discusión pública se concentra en las imágenes de los enfrentamientos, conviene recordar algo fundamental: el agua sigue llegando en condiciones cuestionables a numerosos hogares y las familias afectadas continúan esperando respuestas.
Ése es el verdadero problema.
La crisis exige comenzar por un diagnóstico preciso. No estamos hablando exclusivamente de disponibilidad o abastecimiento, sino de calidad del recurso. Incrementar los volúmenes mediante nuevas obras hidráulicas no garantiza que desaparezcan los factores que comprometen la calidad del agua. Resulta indispensable investigar las fuentes de abastecimiento, los procesos de potabilización, la infraestructura de distribución y los posibles agentes contaminantes.
Aquí aparece una responsabilidad que merece particular atención: la de las autoridades federales encargadas de proteger las aguas nacionales y vigilar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.
La Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tienen, dentro de sus respectivas atribuciones, obligaciones relacionadas con la regulación, inspección y protección de nuestros recursos hídricos. Su participación resulta fundamental para identificar descargas contaminantes, verificar el cumplimiento de las normas y promover las acciones de saneamiento correspondientes.
Durante décadas, ríos, arroyos y otros cuerpos de agua de Jalisco han padecido las consecuencias de descargas provenientes de actividades urbanas e industriales. No sería técnicamente serio asegurar, sin estudios específicos, que esos antecedentes explican todos los problemas actuales del suministro metropolitano. Pero tampoco sería aceptable ignorar el deterioro ambiental de nuestras fuentes hídricas ni permitir que quienes tienen facultades para protegerlas permanezcan al margen de las soluciones.
Las empresas que generan descargas deben cumplir rigurosamente las normas y responder cuando se acrediten irregularidades. La actividad económica no puede desarrollarse trasladando a la sociedad los costos de la contaminación. Eso sí, las investigaciones deben distinguir entre quienes cumplen sus obligaciones y quienes las vulneran.
También se requieren inversiones importantes. El saneamiento de cuerpos hídricos, la vigilancia ambiental y la modernización de infraestructura demandan recursos que no pueden obtenerse mediante declaraciones políticas. Jalisco, por su relevancia económica, industrial y demográfica, necesita una atención presupuestal acorde con sus desafíos. La Federación concentra una parte decisiva de los recursos fiscales del país y debe participar, dentro de sus competencias, en la atención de los problemas ambientales que comprometen el bienestar de millones de habitantes.
En este contexto, los diputados federales y senadores que representan a nuestra entidad tienen una obligación que va mucho más allá de emitir posicionamientos. Deben gestionar recursos, promover acuerdos y utilizar sus facultades legislativas y de fiscalización para contribuir a las soluciones. No basta con aparecer ante las cámaras denunciando la contaminación si al mismo tiempo se renuncia a impulsar las decisiones que podrían ayudar a combatirla.
Mucho menos sería aceptable que algún representante popular encontrara políticamente conveniente prolongar el conflicto porque considera que el desgaste de sus adversarios puede traducirse en votos.
Las elecciones de 2027 comienzan a proyectar su sombra sobre la vida pública jalisciense. Conforme se aproxima la disputa por cargos de representación, aumenta la tentación de convertir cualquier dificultad gubernamental en instrumento de confrontación. Es legítimo que los partidos cuestionen decisiones, señalen deficiencias y presenten alternativas. Lo inadmisible es que una emergencia que afecta directamente a las familias termine convertida en mercancía electoral.
Existe una diferencia enorme entre exigir soluciones y encontrar ventajas en que éstas no lleguen.
Sería profundamente mezquino que alguien prefiriera mantener viva la indignación ciudadana antes que contribuir a resolver sus causas. Y todavía más reprobable resultaría que, desde cualquier posición política, se alentara la radicalización de las protestas con la expectativa de provocar una reacción institucional que posteriormente pudiera explotarse propagandísticamente.
Los enfrentamientos del domingo muestran hasta dónde puede deteriorarse el ambiente público cuando una exigencia legítima queda desplazada por la confrontación. Las imágenes de violencia pueden utilizarse para desacreditar indiscriminadamente a quienes protestan o para presentar cualquier intervención policial como una acción represiva, sin examinar las circunstancias concretas. Ambas simplificaciones perjudican a la sociedad.
Una democracia necesita autoridades sujetas a vigilancia, oposición responsable y organizaciones ciudadanas independientes. No necesita provocadores que sustituyan los argumentos por agresiones ni operadores políticos dispuestos a explotar cualquier incidente para alimentar la polarización.
El agua no distingue colores partidistas. La necesitan quienes apoyan al gobierno, quienes simpatizan con la oposición y quienes no tienen interés alguno en las disputas electorales. Por eso la respuesta debe construirse desde la responsabilidad institucional, sin diluir las obligaciones específicas de cada autoridad.
La ciudadanía tiene todo el derecho de mantener una vigilancia exigente sobre los compromisos asumidos, organizarse y manifestarse pacíficamente cuantas veces considere necesario. Una protesta multitudinaria y organizada puede representar una presión social mucho más poderosa que cualquier enfrentamiento. Su fuerza proviene de la legitimidad de sus demandas, no de la destrucción que algunos pretendan provocar.
La advertencia para quienes contemplan esta crisis como una oportunidad electoral debe ser contundente: tengan cuidado.
La indignación de los jaliscienses no es patrimonio de ninguna organización política. El sufrimiento de las familias no constituye una plataforma legítima para construir candidaturas. Quienes pretendan aprovechar el descontento, alimentar enfrentamientos o entorpecer soluciones porque consideran que la prolongación del problema favorece sus aspiraciones podrían terminar enfrentando consecuencias exactamente contrarias a las que esperan.
Jalisco necesita instituciones que cumplan, autoridades que coordinen esfuerzos, representantes populares que gestionen recursos y ciudadanos que mantengan viva su capacidad de exigir sin permitir que otros secuestren sus demandas.
Porque ésa es la verdadera sentencia: el agua sucia puede convertirse en una crisis para los gobiernos, pero también en un bumerán para los oportunistas que pretendan lucrar con ella. Y si además se permite que la violencia sustituya la protesta pacífica, el daño será doble: seguiremos enfrentando un problema de contaminación mientras deterioramos nuestra convivencia democrática.
El agua debe limpiarse. La política también. Y quienes pretendan ensuciar ambas para cosechar votos en 2027 podrían descubrir que la indignación ciudadana no siempre corre en la dirección que calculan.
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