Durante décadas nos dijeron que el cambio climático era una amenaza para el futuro. El problema es que el futuro llegó mientras los gobiernos seguían discutiendo si valía la pena prepararse para él. Las inundaciones que hoy golpean distintas regiones de Asia vuelven a mostrar escenas que ya resultan demasiado familiares: ciudades bajo el agua, comunidades evacuadas, carreteras destruidas, viviendas perdidas y familias intentando rescatar en unas cuantas bolsas lo que construyeron durante años. Cambian los países, cambian los nombres de las tormentas y cambian las cifras de víctimas. Las imágenes, en cambio, comienzan a parecerse demasiado.
India, Nepal y Tailandia enfrentan estos días lluvias extraordinarias e inundaciones severas. En algunas regiones las precipitaciones han superado ampliamente los niveles habituales, mientras miles de personas enfrentan evacuaciones y daños en viviendas e infraestructura. Podríamos describirlo como otra catástrofe natural y pasar a la siguiente noticia. Eso es precisamente lo que llevamos demasiado tiempo haciendo, porque la discusión ya no consiste en demostrar que el clima está cambiando ni debería seguir girando alrededor de si determinado huracán, incendio o inundación puede atribuirse exclusivamente al calentamiento global. El verdadero problema está en otro sitio: los fenómenos extremos están encontrando sociedades extraordinariamente vulnerables, ciudades mal planeadas, infraestructura insuficiente y gobiernos que continúan comportándose como si cada desastre fuera una sorpresa.
Sabemos que el planeta se está calentando, que los océanos acumulan más calor, que el aumento del nivel del mar amenaza ciudades costeras y que existen regiones donde las sequías serán más prolongadas y otras donde las lluvias extremas pueden intensificarse. Sabemos también que la deforestación, la urbanización desordenada y la destrucción de ecosistemas reducen la capacidad natural de absorber algunos de esos impactos. Lo sabemos desde hace años. Lo verdaderamente escandaloso es que saberlo no haya sido suficiente para actuar.
La ONU acaba de advertir que la ventana para restaurar los bosques del planeta se está reduciendo. Desde 1990 se han perdido cientos de millones de hectáreas y los compromisos internacionales de restauración avanzan muy por debajo de lo necesario. Mientras tanto, gobiernos de todo el mundo acuden a las cumbres climáticas, pronuncian discursos solemnes, anuncian metas para 2030, 2040 o 2050 y regresan a casa para enfrentarse a los mismos intereses económicos y políticos que impiden cumplirlas.
El calendario se ha convertido en una magnífica herramienta para posponer responsabilidades. Prometer algo para dentro de veinte años resulta bastante cómodo cuando quienes firman el compromiso probablemente ya no estarán en el gobierno cuando llegue el momento de rendir cuentas.
Mientras tanto, la naturaleza no negocia plazos. Un río no espera a que termine una cumbre internacional, una tormenta no consulta el presupuesto público y el océano no suspende su expansión porque un gobierno atraviese elecciones. Esa es quizá la parte que la política todavía se resiste a comprender: podemos negociar entre nosotros, pero no podemos negociar con las leyes físicas del planeta. Y cuando llega el desastre comienza el ritual conocido. El gobernante visita la zona afectada, se pone botas, sobrevuela la región, promete ayuda y declara la emergencia. Llegan militares, rescatistas, organizaciones civiles y cámaras de televisión. Se habilitan refugios, se distribuyen alimentos y se anuncian fondos para reconstrucción. Todo eso es necesario. El problema es que hemos terminado confundiendo capacidad de reacción con buena política pública.
Gobernar bien no debería significar solamente aparecer después de la inundación. Debería significar evitar que miles de viviendas fueran construidas donde inevitablemente terminarían inundándose. Ahí está una de las grandes responsabilidades que pocas veces se discuten. No todos los desastres son exclusivamente naturales. Una lluvia extrema puede ser un fenómeno meteorológico; permitir asentamientos en zonas de riesgo es una decisión humana. Un huracán puede ser inevitable; destruir manglares que protegen las costas no lo es. Una sequía puede intensificarse por razones climáticas; desperdiciar agua durante décadas es responsabilidad de autoridades y sociedades.
La tragedia comienza mucho antes de que llegue la tormenta: cuando una ciudad crece sin planeación, cuando los permisos de construcción obedecen más al negocio inmobiliario que a la capacidad del territorio, cuando se pavimentan superficies que antes absorbían agua, cuando desaparecen bosques, cuando los cauces se convierten en basureros y cuando las autoridades prefieren inaugurar obras vistosas antes que invertir en drenajes que nadie fotografía. La prevención tiene un problema político: casi nunca produce ceremonias espectaculares. Un puente nuevo puede cortarse con un listón y una obra monumental aparece en los anuncios, pero reforzar sistemas de drenaje, actualizar mapas de riesgo, proteger cuencas, mejorar alertas tempranas o impedir construcciones en zonas vulnerables genera mucho menos rendimiento electoral. Hasta que llega el desastre y entonces descubrimos cuánto costaba no haberlo hecho.
La desigualdad agrava todavía más esta realidad. Los ricos también sufren inundaciones, incendios y huracanes, pero cuentan con seguros, ahorros, vehículos, información y posibilidades de trasladarse. Los pobres suelen vivir precisamente donde el suelo es más barato porque el riesgo es mayor. Cuando pierden una vivienda pueden perder todo su patrimonio; cuando se suspende el transporte quizá también pierdan el empleo, y cuando llega una enfermedad después de una inundación muchas veces tampoco tienen acceso adecuado a servicios médicos. El cambio climático no inventó la desigualdad, pero la profundiza con una eficacia brutal.
Por eso resulta tan superficial presentar esta discusión únicamente como una cuestión de temperaturas promedio o emisiones expresadas en toneladas que la mayoría de la población difícilmente puede dimensionar. Estamos hablando de vivienda, alimentos, agua, salud, migración, seguros, infraestructura, empleo y dinero público. Estamos hablando de economía. Cada carretera destruida tendrá que reconstruirse, cada cosecha perdida repercute en precios, cada sistema eléctrico dañado requiere inversión y cada ciudad que necesita adaptarse a inundaciones o temperaturas extremas tendrá que gastar recursos que podrían destinarse a escuelas, hospitales o seguridad. La factura climática no llega solamente a los gobiernos; termina inevitablemente en nuestros bolsillos.
México debería mirar estas imágenes asiáticas con menos distancia de la que acostumbramos. Tenemos costas extensas, ciudades vulnerables a inundaciones, regiones sometidas a sequías, incendios forestales y zonas donde el crecimiento urbano ha ignorado durante décadas las características naturales del territorio. Aquí también hemos construido demasiado cerca de ríos, invadido cauces, eliminado vegetación y permitido desarrollos sin infraestructura suficiente. Después culpamos a la lluvia, porque siempre resulta mucho más sencillo responsabilizar al cielo que revisar las decisiones tomadas en tierra.
La discusión climática necesita menos discursos grandilocuentes y mucha más responsabilidad concreta. ¿Qué ciudades están actualizando realmente sus mapas de riesgo? ¿Qué infraestructura debe modificarse? ¿Dónde ya no debería permitirse construir? ¿Cuánta agua estamos desperdiciando? ¿Qué ecosistemas deben protegerse antes de que resulte más caro reconstruirlos? ¿Quién responde cuando una autorización urbana aumenta deliberadamente la vulnerabilidad de una comunidad? Esas preguntas incomodan porque tienen nombres, presupuestos y responsabilidades. Mucho más cómodo resulta hablar del planeta en abstracto.
Durante décadas dijimos que debíamos actuar por nuestros hijos y nuestros nietos. Incluso ese argumento comienza a quedarse viejo. Ya no estamos hablando únicamente de las generaciones futuras, sino de quienes hoy pagan seguros más caros, pierden cosechas, soportan temperaturas extremas, enfrentan escasez de agua o ven desaparecer su patrimonio después de una tormenta. El cambio climático dejó de ser solamente una advertencia y se convirtió en una cuenta. Lo peor es que buena parte de esa cuenta no corresponde únicamente a lo que hicimos, sino a todo aquello que sabíamos que debíamos hacer y decidimos postergar.
El planeta no se está vengando de nosotros. La naturaleza no tiene sentimientos ni ajusta cuentas: simplemente responde a condiciones físicas que durante décadas hemos alterado mientras acumulábamos estudios, advertencias, acuerdos y promesas. Somos nosotros quienes recibimos la información y decidimos comportarnos como si siempre quedara tiempo. Quizá ésa sea la parte más incómoda de esta crisis: ya no podemos alegar ignorancia. Sabemos lo que está ocurriendo, conocemos buena parte de lo que debe hacerse y también sabemos cuánto puede costar no hacerlo. Aun así seguimos posponiendo decisiones, hasta que llega una inundación, un incendio o una sequía para recordarnos que el tiempo que creíamos tener también se está agotando.
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