La salida de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas no es solamente una derrota diplomática ni un episodio más de las disputas políticas que suelen acompañar los procesos de selección dentro de los organismos internacionales. Es también una oportunidad para revisar, con menos solemnidad y mayor sentido crítico, el papel que desempeña hoy una institución creada para evitar que el mundo volviera a hundirse en la tragedia de la guerra.
Bachelet decidió retirar su candidatura después de quedar rezagada en las consultas informales del Consejo de Seguridad. Su trayectoria internacional era amplia: dos veces presidenta de Chile, exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, el respaldo político necesario para llegar a la Secretaría General no se construye exclusivamente con experiencia, reconocimiento o credenciales. Depende de negociaciones, alianzas y equilibrios de poder que, en demasiadas ocasiones, poco tienen que ver con los méritos personales de los aspirantes.
El caso de Bachelet exhibe además una contradicción que no debería pasar inadvertida. Chile retiró su respaldo, mientras México y Brasil decidieron mantenerlo. El gobierno chileno argumentó que la candidatura tenía escasas posibilidades de éxito, y los resultados de las consultas posteriores confirmaron las dificultades que enfrentaba. México, por su parte, sostuvo su apoyo, una decisión que puede entenderse desde su tradición de defensa del multilateralismo y de la representación latinoamericana en los espacios internacionales.
Pero una cosa es la congruencia diplomática y otra muy distinta la viabilidad política. El respaldo a una candidatura puede expresar principios, afinidades y compromisos regionales, aunque no necesariamente consiga modificar los equilibrios que determinan una elección. Después del retiro de Bachelet, los reconocimientos a su trayectoria adquieren un valor principalmente político y simbólico. La decisión ya no puede alterar el resultado de un proceso que, en los hechos, estaba condicionado por la falta de apoyos suficientes.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es si Bachelet debió continuar o si Chile actuó correctamente al retirarle su respaldo. El verdadero asunto es qué clase de organización es Naciones Unidas en un mundo que ha cambiado radicalmente desde su fundación y que, pese a ello, continúa sometido a una estructura de poder diseñada hace más de ocho décadas.
La ONU nació en 1945, sobre las ruinas de una guerra que dejó millones de muertos y ciudades destruidas. Su propósito era ambicioso: impedir otra conflagración mundial, establecer mecanismos de cooperación y crear un espacio donde las diferencias entre los Estados pudieran resolverse mediante el diálogo y la negociación. No era una aspiración menor. Era la respuesta institucional a una de las mayores catástrofes de la historia.
Y sería injusto afirmar que fracasó en todo.
Naciones Unidas ha participado en procesos de paz, transiciones políticas, repatriación de refugiados y reconstrucción institucional. Namibia, Camboya, El Salvador, Guatemala, Mozambique y Timor Oriental son ejemplos de operaciones en las que la organización contribuyó a superar conflictos y acompañar procesos de transformación nacional. En algunos casos, su intervención permitió crear condiciones que difícilmente habrían sido alcanzadas mediante los esfuerzos aislados de los gobiernos involucrados.
También existe una labor menos visible, pero fundamental, que se desarrolla a través de sus organismos especializados. La asistencia humanitaria, la atención a refugiados, los programas de salud, la vacunación, la educación y la ayuda alimentaria llegan a millones de personas en distintos puntos del planeta. Muchas veces, quienes reciben esos apoyos ni siquiera conocen la compleja estructura internacional que los hace posibles.
La ONU, por tanto, no es una institución inútil. El problema es que su capacidad para atender las consecuencias de las crisis no siempre se corresponde con su capacidad para impedirlas.
Y ahí aparece su contradicción más dolorosa.
En Ruanda, durante el genocidio de 1994, la comunidad internacional fue incapaz de responder con la rapidez y contundencia que exigía la tragedia. En Srebrenica, un territorio declarado zona segura, miles de hombres y niños bosnios musulmanes fueron asesinados pese a la presencia de fuerzas de paz de Naciones Unidas. Son episodios que revelan la distancia entre las declaraciones internacionales y la capacidad efectiva de proteger a las poblaciones en riesgo.
No se trata de desconocer las dificultades operativas que enfrentan las misiones de paz ni de atribuir a una sola institución responsabilidades que también corresponden a los Estados miembros. Se trata de reconocer que una organización internacional puede tener mandatos ambiciosos y recursos limitados, mientras los gobiernos que la integran evitan asumir los costos políticos y militares de intervenir.
La ONU puede condenar, investigar, documentar y convocar. Pero cuando los intereses de las grandes potencias entran en conflicto, su margen de acción se reduce considerablemente.
La razón está en su arquitectura.
El Consejo de Seguridad, encargado de las decisiones fundamentales en materia de paz y seguridad internacionales, conserva cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Ese privilegio responde al equilibrio surgido después de la Segunda Guerra Mundial, pero el planeta de 2026 tiene poco que ver con el de 1945.
África, América Latina y amplias regiones de Asia continúan reclamando una representación más acorde con su peso demográfico, económico y político. Mientras tanto, las decisiones más trascendentes siguen dependiendo de un grupo reducido de potencias que pueden bloquear resoluciones incluso cuando existe un respaldo mayoritario entre los demás integrantes.
La contradicción resulta evidente: una organización integrada por 193 Estados soberanos tiene una Asamblea General donde cada país dispone de un voto, pero las decisiones más importantes en materia de seguridad internacional están condicionadas por el poder de cinco gobiernos.
Hasta la elección del secretario general refleja esa realidad. Aunque el nombramiento corresponde formalmente a la Asamblea General, el candidato debe recibir primero la recomendación del Consejo de Seguridad. En otras palabras, quien aspira a dirigir una institución de alcance prácticamente universal debe superar un filtro en el que los intereses de las potencias vencedoras de 1945 conservan un peso determinante.
En ese contexto debe analizarse la candidatura de Bachelet. Su experiencia y su trayectoria no desaparecen por haber quedado fuera de la contienda. Pero tampoco pueden ignorarse las reglas políticas que determinan quién tiene posibilidades reales de alcanzar el cargo.
La discusión adquiere mayor relevancia en un escenario internacional marcado por la fragmentación. Europa busca fortalecer su autonomía estratégica. Canadá procura diversificar sus relaciones económicas y de seguridad. China amplía sus redes de cooperación comercial y financiera, mientras otras potencias y países de influencia regional construyen alianzas que les permitan reducir su dependencia de los actores tradicionales.
Todos continúan recurriendo a Naciones Unidas, pero cada vez resulta más evidente que muchos gobiernos buscan mecanismos adicionales para proteger sus intereses y responder a un entorno internacional menos predecible.
Esto no significa que la ONU haya dejado de ser necesaria. Significa que su capacidad para ordenar las relaciones internacionales enfrenta una competencia creciente por parte de acuerdos regionales, alianzas estratégicas y negociaciones bilaterales.
La pregunta, entonces, no debe plantearse en términos de si Naciones Unidas sirve o no sirve. La realidad es más compleja. Sirve en determinados ámbitos, ha conseguido resultados importantes y continúa siendo indispensable para millones de personas. Pero su capacidad para resolver los grandes conflictos políticos y militares del presente está limitada por las decisiones de los Estados que la integran.
Una organización que puede llevar alimentos a las víctimas de una guerra, pero no siempre impedir que esa guerra comience. Una institución que puede atender a los refugiados, pero que con frecuencia no logra detener las condiciones que los obligan a abandonar sus hogares. Un sistema que documenta violaciones de derechos humanos, pero que depende de la voluntad política de los gobiernos para hacer efectivas sus resoluciones.
Esa es la crisis que debería preocuparnos.
No la crisis personal de una candidata, ni la disputa entre gobiernos que respaldaron o retiraron su apoyo, sino la crisis de legitimidad y eficacia de una institución que necesita adaptarse al mundo contemporáneo.
Reformar el Consejo de Seguridad, ampliar la representación regional, revisar el uso del veto en situaciones de atrocidades masivas y fortalecer las capacidades de prevención y mediación son asuntos que requieren una discusión seria. No son soluciones sencillas, porque quienes tendrían que aceptar buena parte de los cambios son precisamente los Estados que disfrutan de los privilegios actuales.
Pero la dificultad de reformar una institución no puede convertirse en una justificación para mantenerla inmóvil.
México y Brasil pudieron considerar que apoyar a una mujer latinoamericana con una trayectoria internacional reconocida era una decisión congruente con sus principios de política exterior. Chile optó por retirarse de una candidatura que consideraba con pocas posibilidades. Bachelet decidió finalmente abandonar la contienda. Cada actor asumió su propia responsabilidad dentro de un proceso que, como tantos otros en Naciones Unidas, estuvo condicionado por las negociaciones entre las grandes potencias.
Lo que queda después de este episodio es una pregunta mucho más importante.
¿Queremos una ONU que simplemente administre las consecuencias de los conflictos o una organización con mayor capacidad para prevenirlos y resolverlos?
Porque el mundo enfrenta guerras, desplazamientos forzados, crisis humanitarias, tensiones económicas y una creciente competencia entre bloques. Y ante semejante escenario, la comunidad internacional no puede conformarse con celebrar declaraciones que carecen de mecanismos efectivos para cumplirse.
La ONU no necesita discursos que oculten sus limitaciones. Necesita reformas que reconozcan sus logros, corrijan sus fracasos y respondan a las exigencias de una realidad distinta.
La salida de Michelle Bachelet es un episodio diplomático. La crisis de Naciones Unidas es un asunto histórico.
Y si el mundo continúa fragmentándose sin encontrar mecanismos eficaces de cooperación, llegará el momento en que todos volverán a necesitar una institución capaz de sentar a los adversarios en la misma mesa.
Sería lamentable descubrir entonces que esa institución existía desde hace décadas, pero que los gobiernos decidieron dejarla atrapada en el pasado.
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