Las democracias modernas han logrado una conquista histórica: convertir el voto ciudadano en la fuente legítima del poder político. Ese principio debe preservarse sin reservas. Sin embargo, conforme las sociedades enfrentan desafíos cada vez más complejos, surge una pregunta que ninguna democracia madura debería evitar: ¿basta con ganar una elección para estar preparado para gobernar?
El debate no cuestiona el derecho universal de cualquier ciudadano a participar en la vida pública. Lo que merece reflexión es si la legitimidad que otorgan las urnas, por sí sola, garantiza gobiernos capaces de responder a las enormes responsabilidades que implica conducir un país, un estado o un municipio.
La democracia ha permitido alternancias pacíficas, ampliado libertades y reconocido derechos fundamentales. Sería injusto desconocer esos logros. No obstante, también es evidente el creciente desencanto ciudadano frente a gobiernos democráticamente electos que terminan atrapados por la corrupción, la improvisación, la polarización o la ineficacia. La democracia no ha fracasado, pero tampoco puede considerarse una obra terminada. Como toda institución humana, debe perfeccionarse.
La historia demuestra que los pueblos pueden elegir gobernantes extraordinarios, pero también pueden equivocarse. Han llevado al poder a líderes que fortalecieron a sus naciones y a otros que debilitaron instituciones, dividieron sociedades y comprometieron el futuro de generaciones enteras. Reconocer esa realidad no significa desconfiar de la democracia, sino respetarla lo suficiente como para buscar mecanismos que la fortalezcan.
Las responsabilidades del poder ejecutivo son hoy mucho más complejas que hace un siglo. Un presidente, un gobernador o un alcalde administra recursos públicos, dirige instituciones, enfrenta crisis de seguridad, salud, infraestructura y desarrollo económico, además de tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas. Ante esa realidad, la discusión ya no debería limitarse a quién tiene derecho a competir, sino también a si quienes aspiran a gobernar reúnen condiciones mínimas para ejercer esa responsabilidad.
Aquí conviene distinguir dos conceptos: aptitud y perfil.
La aptitud se refiere a la capacidad objetiva para desempeñar el cargo. Gobernar exige juicio, equilibrio, capacidad de análisis y habilidad para decidir bajo presión. Ninguna sociedad permitiría que alguien pilotara un avión, practicara una cirugía o dirigiera una planta nuclear sin demostrar previamente que posee las capacidades necesarias. Sin embargo, para conducir un gobierno, en muchos sistemas basta con cumplir requisitos legales mínimos y obtener la mayoría de los votos.
El perfil, en cambio, comprende la preparación, la experiencia, la integridad y el conocimiento del funcionamiento institucional. Gobernar implica resolver conflictos, construir acuerdos, administrar recursos y anticipar riesgos. La popularidad o el éxito en una campaña electoral no acreditan, por sí mismos, esas capacidades.
Algunos sostienen que el voto popular debe ser el único filtro y que cualquier requisito adicional restringiría la democracia. Sin embargo, discutir mecanismos objetivos para acreditar capacidades mínimas no significa excluir personas por su origen, ideología o condición económica. Significa proteger el interés general y ofrecer mayores garantías de que quien solicita la confianza ciudadana está en condiciones de ejercerla responsablemente.
También conviene distinguir entre los poderes públicos. El Legislativo representa la pluralidad de la sociedad y su riqueza radica precisamente en esa diversidad. El Ejecutivo, en cambio, concentra funciones de dirección y conducción del Estado. Esa diferencia permite preguntarse si ambos deberían exigir exactamente los mismos estándares para acceder a sus responsabilidades.
A ello se suma la crisis de credibilidad de los partidos políticos. En muchos países han dejado de ser vistos como auténticos vehículos de representación ciudadana para convertirse en estructuras enfocadas en preservar cuotas de poder. Aunque las candidaturas independientes ampliaron las opciones, siguen enfrentando obstáculos estructurales que limitan una competencia realmente equitativa.
La igualdad de oportunidades también merece atención. Resulta difícil hablar de competencia democrática cuando algunos aspirantes llegan a las campañas con años de exposición pública financiada con recursos del Estado o aprovechando posiciones de poder que les brindan ventajas frente al resto de los ciudadanos. La equidad electoral exige reglas claras, fiscalización efectiva y condiciones que privilegien las propuestas, la trayectoria y los méritos sobre la propaganda o el uso indebido de recursos públicos.
Las urnas otorgan legitimidad de origen, pero no garantizan capacidad para gobernar. Las elecciones posteriores permiten corregir errores, aunque muchas veces los daños institucionales, económicos o sociales provocados por un mal gobierno tardan años, incluso generaciones, en repararse.
Por ello vale la pena abrir una discusión serena y profundamente democrática. No para restringir derechos ni levantar barreras excluyentes, sino para fortalecer la calidad de los gobiernos y proteger el interés colectivo. La democracia debe seguir siendo incluyente, pero también debe aspirar a que quienes ejerzan el poder cuenten con las capacidades que exige una responsabilidad de esa magnitud.
Desde luego, ninguna reforma legal sustituirá jamás el papel de una ciudadanía informada. Las democracias no mejoran únicamente porque cambian las leyes; mejoran cuando los ciudadanos analizan, participan, deliberan y exigen con responsabilidad.
El desafío de nuestro tiempo ya no consiste sólo en defender la democracia, sino en elevar la calidad de sus gobiernos. Las instituciones pueden perfeccionarse y los sistemas electorales modernizarse, pero nada será suficiente si los ciudadanos renuncian a informarse y a evaluar con rigor a quienes buscan su voto.
Porque las elecciones deciden quién gobierna; la ciudadanía decide cómo se gobierna. Esa vigilancia permanente es la mejor garantía de gobiernos honestos, competentes y eficaces.
Al final, la pregunta más importante no es quién ganó una elección. La verdadera interrogante es si quien recibió la confianza de la sociedad estaba realmente preparado para honrarla. Sólo cuando la legitimidad democrática se acompaña de capacidad, experiencia, integridad y compromiso con el bien común, la democracia cumple plenamente su propósito.
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