Con un presupuesto de egresos superior a los 3 mil 100 millones de pesos para este 2026, nadie se explica por qué el ayuntamiento de Puerto Vallarta está literalmente en la quiebra financiera arrastrando deudas con todo tipo de proveedores y prestadores de servicios.
Si en cada sesión de ayuntamiento el alcalde Luis Munguía consigue casi por unanimidad la aprobación de sus regidores para todo tipo de proyectos y programas, no se entiende el por qué el ayuntamiento es incapaz de cumplir con sus compromisos financieros más básicos.
El primer gran tropiezo ocurrió con el tema de la concesión del servicio de recolección de basura, cuando Luis Munguía se empeñó en otorgar una licitación a todas luces terriblemente cara, comprometiéndose a pagar más de 23 millones de pesos cada mes a la empresa Red Ambiental, la cual finalmente decidió cancelar el contrato ante la falta de pago de más de 240 millones de pesos.
Aunque la concesión era por 15 años, Red Ambiental sólo aguantó 15 meses y optó por renunciar a la concesión, reclamando un adeudo millonario que seguramente en unos cuantos años más terminará costándole al pueblo vallartense cientos de millones más, pero para entonces Luis Munguía ya estará retirado de la política con su futuro económico completamente resuelto.
Ante este caótico escenario financiero la solución de Luis Munguía fue convertir al ayuntamiento en una agencia de colocaciones para garantizar a sus amigos y familiares el pago puntual de su quincena durante los tres años de gobierno.
Apenas en diciembre pasado el cabildo aprobó la creación de 27 cargos de alto nivel, entre gerencias y direcciones, incrementando de manera obscena la ya de por sí inflada nómina municipal.
Mención aparte merece el área de Comunicación Social, donde el cabildo aprobó un presupuesto de más de 16 millones de pesos para servicios de relacionados con la difusión del ejercicio gubernamental, pero resulta que a la gran mayoría de medios de comunicación que tienen convenios con el ayuntamiento no se les ha cumplido con sus pagos.
Pese a que la ley establece que el ayuntamiento deberá publicar en el sitio de Transparencia todo lo relacionado con los gastos de comunicación social, durante lo que va de esta administración no se ha publicado ni un solo informe sobre la manera en que se ha ejercido el presupuesto de comunicación social.
Y es que al alcalde Luis Munguía se le ocurrió una idea genial: en lugar de transparentar cada peso destinado a la comunicación social decidió entregar todo el presupuesto a una pagadora, la cual supuestamente le regresaría al ayuntamiento todo el dinero en efectivo para que se repartiera entre los medios de comunicación con convenios con el ayuntamiento.
De esta forma ilegal se ha perdido por completo el rastro de 16 millones de pesos que están yendo a parar a los bolsillos de funcionarios municipales que a cuentagotas entregan migajas a algunos medios privilegiados, mientras que el resto sigue esperanzado a que algún día finalmente se le paguen los adeudos.
Lo anterior amerita la intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, porque estamos ante un gravísimo delito de desvío de recursos públicos solapado por la Gerente de Comunicación Social Karina Macías y la directora de Comunicación Brenda Montiel, quienes se han convertido en cómplices al prestarse a este desvío criminal de recursos públicos.
¿Pero por qué a pesar de tantas denuncias públicas de corrupción el alcalde Luis Munguía sigue tan campante en su cargo? En primer lugar, por la protección que le brinda el gobernador Pablo Lemus, quien a pesar de ser de un partido diferente ha mostrado una gran simpatía por el alcalde de Puerto Vallarta.
En segundo lugar, Munguía cuenta con la complicidad de los principales líderes empresariales de Puerto Vallarta, quienes han preferido proteger sus negocios particulares antes que exigirle honestidad y eficacia al gobierno municipal.
Aunque el municipio se está cayendo a pedazos por la corrupción y la inseguridad, los empresarios de Puerto Vallarta están muy complacidos con Luis Munguía porque los ha convertido en socios y por lo tanto en cómplices del atraco a Puerto Vallarta.
Recientemente el cabildo vallartense otorgó en comodato por 20 años a la empresa GOVACASA cinco predios municipales que en conjunto representan 9,300 metros cuadrados en la delegación de Lasa Mojoneras. Se trata de áreas verdes municipales que han quedado en el interior del fraccionamiento Vivento, dándole una enorme plusvalía a este desarrollo.
Uno de los socios fundadores de GOVACASA es el notario público Fernando Castro, actual presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, quien prefiere sacar beneficio personal guardando silencio ante los abusos de Luis Munguía en lugar de ejercer como una voz crítica.
Otro empresario es el empresario panadero Arnulfo Ortega, quien cobra como regidor y en cada sesión avala calladamente las iniciativas del alcalde sin importar el gran daño que se le está haciendo al municipio. Arnulfo Ortega fue exhibido el año pasado por haber hecho el negocio de la rosca de reyes gigantesca facturada al municipio mediante otro empresario pastelero para no aparecer como beneficiario.
De esa manera, gobernando sin contrapesos, Luis Ernesto Munguía ha convertido a Puerto Vallarta en un municipio fallido cuando apenas ha concluido la primera mitad de su trienio, lo que nos hace temer sobre un costo catastrófico e irreversible conforme se acerque el final de su administración.
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