La empresa Pacific Lifestyle Propertis acusa a las autoridades de restringir el acceso a sus especialistas que pretenden reforzar las torres de la polémica estructura
La empresa Pacific Lifestyle Properties denunció que autoridades estatales y municipales de Protección Civil y Bomberos impidieron el acceso de especialistas que pretendían realizar trabajos preventivos para apuntalar las torres del condominio Punta Paraíso, ubicado en San Pancho, Bahía de Banderas.
De acuerdo con la desarrolladora, esta situación contribuyó al deterioro de las estructuras, que han registrado colapsos parciales.
Tras más de 20 días de la clausura definitiva del complejo, la compañía aseguró que continuará con su defensa jurídica para evitar la demolición y proteger el patrimonio de los propietarios.
El conflicto se mantiene luego de que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negara, el 7 de octubre de 2026, el amparo solicitado por la empresa en el expediente 756/2025.
Entre los argumentos de la resolución se encuentra que las construcciones se ubican en terrenos ganados al mar y que el título de concesión no autorizaba la edificación de inmuebles.
Sin embargo, Pacific Lifestyle Properties sostiene que una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitida el 30 de septiembre pasado, reconoció la validez de la autorización en materia de impacto ambiental, por lo que considera necesario tomar en cuenta los distintos criterios jurídicos y técnicos relacionados con el predio.
Uno de los principales puntos de controversia es la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y los Terrenos Ganados al Mar (TGM), así como la fecha en que se reconoció oficialmente esta última condición.
La desarrolladora argumenta que las torres fueron construidas en noviembre de 2017 y que la delimitación de la superficie como terrenos ganados al mar ocurrió hasta 2018, mientras que la referencia oficial vigente desde abril de 2015 forma parte de los argumentos considerados en otros procedimientos.
Ante las diferencias entre las resoluciones, la compañía anunció que agotará las vías institucionales disponibles para defender su postura e intentar impedir la demolición del complejo, cuya situación legal permanece en disputa después de más de seis años de controversia.
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