Hubo un tiempo en que una advertencia de Washington bastaba para sacudir gobiernos, desplomar monedas o modificar decisiones políticas al otro lado del planeta. Una amenaza de sanciones económicas podía obligar a negociar, mientras la posibilidad de una intervención militar provocaba movimientos diplomáticos inmediatos. Ese poder no ha desaparecido, pero algo está cambiando en las relaciones internacionales: los ultimátums se multiplican, las represalias se anuncian con creciente estridencia y, sin embargo, los resultados son cada vez menos concluyentes.
Las grandes potencias siguen siendo capaces de causar enormes daños. Lo que ya no consiguen con la misma facilidad es transformar esa capacidad en obediencia.
La contradicción resulta particularmente visible en la política exterior de Donald Trump. El presidente estadounidense ha convertido los aranceles, las sanciones y las advertencias públicas en instrumentos habituales de negociación. Su apuesta consiste en elevar el costo de la resistencia hasta que el adversario considere más conveniente aceptar sus condiciones. En ocasiones obtiene concesiones, pero también encuentra gobiernos que han aprendido a resistir, buscar alternativas o simplemente esperar a que Washington modifique su posición.
China constituye el ejemplo más evidente. Después de sucesivas confrontaciones comerciales, amenazas arancelarias y negociaciones entre Trump y Xi Jinping, las dos mayores economías del planeta continúan atrapadas en una rivalidad que ninguna parece capaz de resolver mediante presiones unilaterales.
Washington puede dificultar el acceso chino a determinadas tecnologías y mercados. Pekín, por su parte, dispone de una poderosa capacidad industrial, cadenas de suministro estratégicas y una influencia comercial que alcanza prácticamente todos los continentes. Ambos tienen instrumentos para perjudicarse, pero ninguno puede imponer sus condiciones sin exponerse a consecuencias económicas considerables.
Por eso las treguas comerciales se han convertido en una forma de administrar el conflicto, no necesariamente de resolverlo. Se anuncian acuerdos, se suspenden temporalmente medidas y se celebran encuentros presidenciales, mientras las diferencias estructurales permanecen intactas.
La disputa ya no consiste únicamente en determinar quién vende más productos. Está en juego el control de tecnologías, minerales estratégicos, infraestructura digital, inteligencia artificial y rutas comerciales. En semejante escenario, amenazar resulta relativamente sencillo; conseguir que el adversario renuncie a sus intereses fundamentales es otra historia.
Rusia ofrece una expresión todavía más inquietante de este fenómeno.
La Unión Europea acaba de aprobar un nuevo conjunto de sanciones contra personas y entidades vinculadas principalmente con la industria militar rusa. La intención es debilitar la capacidad de Moscú para sostener su ofensiva contra Ucrania, especialmente mediante restricciones sobre componentes y cadenas de producción de armamento.
Sin embargo, la guerra continúa y las sanciones acumuladas durante años no han conseguido obligar al Kremlin a abandonar sus objetivos militares.
Eso no significa que las restricciones sean inútiles. Pueden encarecer operaciones, limitar suministros, dificultar transacciones y reducir capacidades productivas. El problema aparece cuando se confunde el daño económico con la posibilidad de obtener automáticamente una decisión política.
Un gobierno puede estar dispuesto a soportar pérdidas extraordinarias si considera que lo que está en juego afecta su supervivencia, su seguridad o su posición estratégica.
Y mientras Europa endurece sus restricciones, Washington ha optado por permitir temporalmente determinadas exportaciones rusas de diésel, en una maniobra que busca abrir espacios de negociación y aliviar tensiones energéticas. La decisión ha provocado incomodidad entre aliados de Ucrania, porque muestra hasta qué punto las necesidades económicas pueden modificar la aplicación de medidas presentadas anteriormente como instrumentos de presión.
El mensaje resulta contradictorio: se castiga a Rusia para obligarla a cambiar de conducta, pero también se le ofrecen incentivos comerciales con la esperanza de conseguir que vuelva a negociar.
La diplomacia puede requerir ambas herramientas. Lo cuestionable es presentar cada giro como una demostración definitiva de fortaleza cuando, en realidad, revela las dificultades para encontrar una salida.
Europa tampoco escapa a esta contradicción. Necesita mantener la presión sobre Moscú, fortalecer su defensa y reducir dependencias estratégicas, pero debe hacerlo mientras enfrenta problemas de competitividad, tensiones presupuestarias y desacuerdos entre sus propios integrantes. Su capacidad para actuar como bloque depende de consensos que no siempre resultan fáciles de construir.
La guerra en Ucrania ha demostrado que disponer de recursos económicos superiores no garantiza resultados rápidos frente a un adversario dispuesto a prolongar el enfrentamiento.
Pero sería un error concluir que las amenazas han perdido toda eficacia. La fuerza militar estadounidense continúa siendo extraordinaria, las sanciones financieras pueden paralizar sectores enteros y las restricciones comerciales afectan profundamente a economías vulnerables. La diferencia está en que el poder necesita algo más que capacidad de castigo para producir resultados políticos duraderos.
Necesita credibilidad, objetivos alcanzables y una estrategia que explique qué ocurrirá después de la amenaza.
Cuando un ultimátum no se cumple, su autor pierde autoridad. Cuando se repite constantemente, deja de provocar sorpresa. Y cuando las sanciones se convierten en una condición permanente de las relaciones internacionales, los países afectados comienzan a construir mecanismos para reducir su dependencia de quienes las imponen.
China y Rusia han desarrollado formas de cooperación económica que buscan disminuir su exposición a determinadas restricciones occidentales. Otros gobiernos diversifican mercados, buscan nuevos proveedores o negocian simultáneamente con potencias rivales.
No todos tienen la misma capacidad para hacerlo. Las economías pequeñas siguen siendo particularmente vulnerables. Pero el fenómeno revela que la presión también genera respuestas de adaptación.
Existe, además, un costo que frecuentemente desaparece de los discursos presidenciales. Las guerras comerciales pueden traducirse en productos más caros, inversiones pospuestas y empleos amenazados. Las sanciones energéticas repercuten en precios internacionales, transporte y producción industrial. Las tensiones militares obligan a destinar recursos crecientes a defensa mientras permanecen necesidades sociales sin resolver.
Los gobiernos anuncian medidas contra sus adversarios, pero una parte de la factura termina llegando a sus propios ciudadanos.
Lo verdaderamente preocupante es que la política internacional parece acostumbrarse a esa dinámica. Cada desacuerdo produce una nueva advertencia; cada advertencia exige una respuesta más contundente y cada respuesta alimenta la siguiente confrontación.
La negociación comienza a confundirse con una competencia para determinar quién puede elevar más el tono sin retroceder.
Trump ha contribuido a consolidar ese estilo, aunque no es su único protagonista. Xi Jinping utiliza el peso económico de China para defender sus intereses estratégicos. Vladimir Putin combina presión militar, resistencia económica y cálculo diplomático. Europa recurre a su capacidad regulatoria y comercial para influir sobre gobiernos y empresas.
Todos entienden que el poder continúa siendo indispensable. Lo que ninguno ha conseguido demostrar plenamente es que su ejercicio, por sí solo, pueda garantizar estabilidad.
La historia ofrece numerosos ejemplos de imperios y potencias que confundieron la capacidad de intimidar con la posibilidad de gobernar los acontecimientos. Podían ganar batallas, imponer bloqueos o castigar economías, pero terminaban descubriendo que la resistencia política no siempre desaparece cuando aumentan los costos.
Hoy ocurre algo semejante, aunque con armas más sofisticadas, economías interdependientes y consecuencias potencialmente mucho más graves.
El mundo no se ha vuelto inmune a las amenazas. Sigue temiéndoles, y con razones suficientes. Pero numerosos gobiernos han aprendido que ceder ante cada advertencia puede resultar tan peligroso para sus intereses como resistirla.
Esa es la paradoja de nuestro tiempo: nunca habían existido tantos instrumentos para ejercer presión internacional y, sin embargo, las grandes potencias encuentran crecientes dificultades para transformar esa presión en acuerdos estables.
La verdadera fortaleza de un país no debería medirse por la cantidad de sanciones que anuncia ni por la severidad de sus ultimátums, sino por su capacidad para conseguir resultados sin convertir cada diferencia en una crisis.
Porque cuando todos amenazan y nadie consigue imponer una solución, el problema deja de ser quién tiene más poder.
El problema es quién será capaz de utilizarlo con inteligencia.
Opinionsalcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1
Sobre el autor
