La Profepa presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias formales contra instalaciones y estructuras destinadas a actividades comerciales en zona federal, incluyendo un tanque de gas y un sanitario
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias correspondientes por hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con el uso y ocupación ilegal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Durante el recorrido, personal de la Profepa en Nayarit identificó y documentó diversas instalaciones y estructuras destinadas a actividades comerciales ubicadas en áreas de playa y Zofemat. Entre ellas se registraron dos ocupaciones con superficies aproximadas de 47.95 y 69.35 m², respectivamente, algunas dentro de superficies concesionadas a terceros cuyos titulares habían denunciado la ocupación de dichas áreas por personas distintas a los concesionarios.
En una de las ocupaciones también se observaron costales colocados sobre la zona de playa, un tanque de gas LP y un sanitario, cuyos desechos, de acuerdo con lo asentado en el acta correspondiente, eran vertidos hacia la arena. Los hechos fueron documentados mediante registro fotográfico, coordenadas geográficas, características físicas y superficies ocupadas, elementos que fueron integrados a las actuaciones correspondientes. El operativo contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
De manera paralela a las denuncias presentadas ante la FGR, la Profepa dará continuidad a las actuaciones administrativas que correspondan dentro de su ámbito de competencia, con el propósito de verificar el cumplimiento de la legislación federal aplicable y contribuir a la protección y adecuado uso de las playas y de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
La Profepa continuará realizando acciones de vigilancia en Sayulita y otros puntos del litoral de Nayarit para atender denuncias ciudadanas, detectar posibles ocupaciones irregulares y actuar, dentro de sus atribuciones, ante obras, actividades o aprovechamientos que pudieran contravenir la legislación ambiental y la normativa aplicable a los bienes nacionales.
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