Nos dijeron que el petróleo estaba condenado a convertirse en una reliquia del siglo XX. Que los automóviles eléctricos, las energías renovables, las baterías y la transición energética reducirían progresivamente su importancia hasta convertirlo en un combustible del pasado.
Gobiernos y empresas anunciaron fechas para abandonar motores de combustión, los grandes fondos comenzaron a hablar de inversiones verdes y las principales potencias prometieron economías descarbonizadas. Sin embargo, basta que el precio del barril vuelva a superar los cien dólares para descubrir una realidad bastante menos romántica: el mundo puede imaginar un futuro sin petróleo, pero todavía no sabe funcionar sin él. Este cierre de septiembre volvió a demostrarlo.
El Brent ronda los 103 dólares por barril y acumuló durante el mes un incremento cercano al 14 por ciento, en medio de las tensiones en Medio Oriente, dificultades en los flujos energéticos y una incertidumbre geopolítica que inmediatamente se trasladó a los mercados. No hizo falta que desapareciera el petróleo. Bastó la posibilidad de que pudiera escasear para que gobiernos, empresas e inversionistas volvieran a mirar obsesivamente el precio de cada barril.
Ahí está la enorme contradicción de nuestro tiempo. Nunca habíamos invertido tanto en energías alternativas y nunca habíamos hablado tanto de transición energética, pero el petróleo continúa teniendo capacidad para alterar la inflación mundial, modificar las decisiones de los bancos centrales, encarecer el transporte, elevar los costos de los alimentos y cambiar las expectativas de crecimiento de países enteros. No es simplemente una fuente de energía. Sigue siendo una pieza central de la economía global. El error ha sido confundir transición con sustitución inmediata.
El crecimiento de las energías renovables es real. También lo es el avance de los vehículos eléctricos y de las tecnologías de almacenamiento. Pero la economía mundial continúa utilizando enormes cantidades de hidrocarburos para mover mercancías, fabricar productos, producir fertilizantes, transportar personas y mantener actividades industriales.
La transición está ocurriendo, pero lo hace sobre una infraestructura económica construida durante más de un siglo alrededor del petróleo. Y esa dependencia tiene consecuencias políticas. Cada vez que una región productora entra en crisis, el resto del mundo descubre su vulnerabilidad. Las potencias pueden hablar de autonomía estratégica, pero siguen pendientes de lo que ocurre en estrechos marítimos, oleoductos y terminales situados a miles de kilómetros.
Una instalación atacada, una ruta amenazada o una negociación diplomática que fracasa puede modificar en horas el precio de una materia prima que termina influyendo prácticamente en todo. El petróleo tiene además una característica especialmente incómoda: su precio se transmite rápidamente al ciudadano. Una persona puede ignorar durante semanas una disputa diplomática en Medio Oriente, pero la entiende perfectamente cuando llenar el tanque cuesta más.
Después llegan los efectos indirectos. El transportista paga más combustible, la empresa incrementa sus costos, trasladar alimentos resulta más caro y una parte termina incorporándose al precio final. El conflicto que parecía lejano aparece de pronto en el supermercado.
Por eso las crisis energéticas son también crisis políticas. Los gobiernos conocen perfectamente esa relación. Cuando el precio de los combustibles sube demasiado, aparecen subsidios, reducciones fiscales, liberación de reservas estratégicas y presiones sobre los productores. Lo curioso es que muchos de esos mismos gobiernos llevan años prometiendo reducir el consumo de combustibles fósiles. Quieren que abandonemos el petróleo, pero cuando escasea hacen todo lo posible para conseguir más. No es necesariamente hipocresía. Es dependencia. Y reconocerla debería ser el primer paso para diseñar una transición energética seria.
El problema es que durante años se presentó esa transición como una batalla moral entre energías buenas y malas, cuando en realidad se trata de una transformación económica, tecnológica e industrial extraordinariamente compleja. Sustituir petróleo significa desarrollar generación eléctrica, redes de transmisión, almacenamiento, minerales críticos, infraestructura de recarga y nuevas cadenas productivas.
También significa responder qué ocurrirá con millones de empleos y con países cuyas finanzas dependen profundamente de los hidrocarburos. Nada de eso sucede mediante discursos. Europa aprendió esa lección cuando sus vulnerabilidades energéticas quedaron expuestas por las crisis geopolíticas. China también la conoce y por eso, mientras desarrolla gigantescas capacidades renovables y domina buena parte de las cadenas de producción de paneles solares y baterías, continúa preocupándose por garantizar suministros tradicionales.
Estados Unidos se convirtió en un enorme productor de petróleo y gas al mismo tiempo que desarrolla tecnologías limpias. Las grandes potencias entendieron algo que en el debate público suele olvidarse: la seguridad energética exige tener alternativas antes de renunciar a aquello que todavía sostiene la economía. México debería comprenderlo también. Somos un país productor de petróleo, pero al mismo tiempo importamos combustibles y dependemos de una compleja integración energética con Estados Unidos.
Tenemos un enorme potencial solar y eólico, pero necesitamos redes, almacenamiento e inversiones suficientes para aprovecharlo. La discusión no debería reducirse a defender Pemex o combatirlo, ni a escoger ideológicamente entre petróleo y renovables.
La verdadera pregunta es qué sistema energético necesita México para garantizar precios competitivos, seguridad de suministro y capacidad industrial durante las próximas décadas. Porque la energía también determina competitividad.
Una empresa puede tener trabajadores capacitados, tecnología y acceso a mercados, pero si carece de electricidad suficiente o enfrenta costos excesivos, difícilmente podrá competir. En la carrera por atraer nuevas inversiones, los países que ofrezcan energía confiable tendrán una ventaja enorme. Los que conviertan el asunto en una batalla política permanente terminarán pagando el costo.
El petróleo tampoco desaparecerá porque decidamos que resulta incómodo. Probablemente irá perdiendo participación conforme otras tecnologías ganen terreno, pero ese proceso tomará tiempo y estará lleno de contradicciones. La demanda puede reducirse en algunos sectores y mantenerse en otros. Nuevas tecnologías sustituirán determinados usos mientras otros permanecerán durante años.
La transición será precisamente eso: una transición. Lo irresponsable sería comportarnos como si ya hubiera terminado. Cada nueva crisis petrolera funciona como una prueba de realidad. Nos recuerda que el sistema energético mundial continúa siendo vulnerable y que transformar una economía global de esta magnitud requiere algo más que fechas anunciadas en una conferencia climática. Requiere inversión, tecnología, infraestructura y, sobre todo, una política energética capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno. El petróleo todavía manda porque construimos alrededor de él buena parte del mundo moderno. Cambiar ese mundo es posible y probablemente inevitable.
Pero mientras no exista una alternativa suficientemente amplia, barata, confiable y disponible, cada crisis volverá a mostrarnos la misma contradicción. Podemos anunciar una y otra vez el final de la era petrolera. Podemos prometer automóviles eléctricos, ciudades verdes y economías descarbonizadas. Pero mientras un barril tenga capacidad para alterar la inflación, mover las bolsas, modificar tasas de interés y preocupar a gobiernos enteros, el petróleo seguirá recordándonos quién conserva el poder. No porque el futuro le pertenezca. Sino porque el presente todavía depende de él.
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