El enfrentamiento de Donald Trump con los medios de comunicación sería mucho más sencillo de entender si todavía viviéramos en una época en la que unas cuantas cadenas de televisión y periódicos decidían qué información llegaba al público. Pero ese mundo desapareció. Hoy un presidente puede comunicarse directamente con millones de personas, un video falso puede recorrer el planeta antes de que un periodista consiga verificarlo y cualquier ciudadano con un teléfono tiene capacidad para producir contenidos que hace apenas veinte años requerían una redacción completa. Por eso el conflicto entre Trump y la prensa tradicional es solamente una parte de una batalla mucho mayor: quién controla el relato de la realidad.
La pregunta parece exagerada hasta que observamos cómo consumimos información. Cada vez menos personas esperan el noticiero nocturno o compran un periódico para conocer lo ocurrido durante el día. Las noticias llegan mediante redes sociales, videos cortos, mensajes reenviados, podcasts, influencers, canales partidistas y algoritmos que aprenden rápidamente qué nos indigna, qué nos entusiasma y qué nos mantiene mirando una pantalla. En ese ecosistema, la verdad compite en condiciones bastante desfavorables. Una mentira espectacular puede difundirse en segundos, mientras una verificación requiere tiempo. Una acusación cabe en diez palabras; explicar por qué es falsa puede necesitar diez párrafos. Y mientras los periodistas comprueban documentos, consultan fuentes y buscan contexto, millones de personas ya compartieron la primera versión.
Trump comprendió esa transformación antes que buena parte de la clase política estadounidense. Su relación con los medios siempre ha sido paradójica: los critica ferozmente, pero domina como pocos la lógica que los mueve. Sabe generar titulares, provocar reacciones y colocar temas en la conversación pública. Incluso sus ataques contra periodistas terminan ocupando horas de televisión y páginas enteras de periódicos. Pero ahora existe un elemento adicional: los gobiernos ya no necesitan necesariamente a los medios tradicionales para comunicar sus mensajes. Pueden construir sus propios canales y dirigirse directamente a sus seguidores, sin intermediarios y, sobre todo, sin preguntas.
No existe nada extraordinario en que un gobierno comunique sus acciones. Todos los gobiernos modernos tienen oficinas de comunicación, páginas oficiales, redes sociales, transmisiones y mecanismos para explicar sus políticas. El problema aparece cuando la comunicación gubernamental pretende convertirse en sustituto del escrutinio periodístico. Una cosa es contar lo que hace el gobierno y otra permitir que alguien pregunte lo que el gobierno preferiría no contestar. Ahí reside una diferencia fundamental entre propaganda e información. La primera muestra aquello que favorece al emisor. La segunda debería intentar presentar también aquello que lo incomoda.
Los gobiernos naturalmente quieren presumir sus éxitos. Difunden inversiones, empleos, obras, acuerdos y resultados. Pocas veces producen comunicados titulados “Nos equivocamos”. Precisamente por eso existe el periodismo independiente: para contrastar la versión oficial con otras fuentes y ofrecer al ciudadano elementos adicionales para formarse una opinión. Pero esa función solamente puede defenderse si los medios recuperan algo que han perdido: confianza. Durante años, buena parte del periodismo occidental creyó que su prestigio institucional era suficiente para conservar credibilidad. Ya no lo es. Millones de personas sospechan de los medios tradicionales, cuestionan sus agendas y consideran que determinadas redacciones se han convertido en actores políticos. Ignorar esa percepción sería un grave error; también lo sería concluir que, porque los medios cometen errores, la alternativa debe ser creerle directamente al gobernante.
El poder no es una fuente neutral y nunca lo ha sido. Un presidente tiene intereses políticos, una oposición también los tiene y una empresa posee intereses económicos. Precisamente por eso una sociedad democrática necesita múltiples fuentes de información capaces de vigilarse y contradecirse mutuamente. La pluralidad puede ser incómoda y también produce ruido, pero la alternativa es mucho más peligrosa: una sola versión de los acontecimientos. Y en este punto aparece un elemento que hará todavía más complejo el problema: la inteligencia artificial.
Ya es posible producir imágenes, voces y videos falsos con un nivel de realismo que hace cada vez más difícil distinguir lo auténtico de lo fabricado. En una campaña política, una crisis internacional o una protesta social, unos cuantos minutos pueden ser suficientes para que un contenido manipulado provoque consecuencias antes de que alguien consiga demostrar su falsedad. El problema del futuro quizá no sea solamente que la gente crea noticias falsas. Puede ser algo todavía peor: que deje de creer en cualquier noticia.
Ese escenario resulta especialmente conveniente para el poder. Cuando todo puede ser falso, cualquier evidencia incómoda puede presentarse como una fabricación. Una grabación verdadera puede ser denunciada como inteligencia artificial, un documento auténtico puede calificarse de montaje y una investigación periodística puede rechazarse simplemente afirmando que proviene de un medio enemigo. La desconfianza absoluta termina produciendo ciudadanos incapaces de compartir una realidad común y, sin una realidad común, resulta muy difícil sostener una democracia.
Podemos discrepar sobre impuestos, migración, seguridad, comercio o política exterior. Esa discusión forma parte de cualquier sociedad libre. Pero para debatir necesitamos aceptar primero determinados hechos verificables. Si cada grupo posee sus propias noticias, sus propios datos y hasta su propia versión de los acontecimientos, la política deja de ser una discusión sobre soluciones y se convierte en una lucha entre realidades paralelas. Ahí está el verdadero peligro de la guerra de Trump contra los medios. No porque el presidente estadounidense sea el primer gobernante que confronta periodistas, ni porque los medios sean instituciones intocables. Deben ser cuestionados, vigilados y obligados a corregir sus errores. El peligro está en normalizar la idea de que cualquier información incómoda puede descartarse simplemente porque proviene de una fuente que no nos gusta.
Hoy puede hacerlo Trump. Mañana lo hará otro presidente. Después cualquier gobernador, alcalde, empresario o funcionario podrá sostener que solamente acepta como legítimos a quienes reproducen su versión de los hechos. Por eso la defensa de la libertad de prensa no debería confundirse con la defensa corporativa de los medios. Son cosas distintas. Podemos exigir un periodismo mucho mejor y al mismo tiempo defender su derecho a incomodar al poder. De hecho, deberíamos hacer ambas cosas.
Los medios necesitan recuperar rigor, transparencia y una separación mucho más clara entre información y opinión. Deben reconocer errores con la misma visibilidad con que publicaron la información equivocada. Necesitan escuchar a sociedades que dejaron de sentirse representadas por determinadas redacciones y comprender por qué millones de personas prefieren creerle a un creador de contenido desconocido antes que a un periódico con cien años de historia. Pero los gobiernos también deben entender algo elemental: comunicar no significa controlar. Una democracia necesita presidentes capaces de soportar preguntas incómodas y periodistas capaces de aceptar críticas. Ninguno debería reclamar el monopolio de la verdad.
Porque al final esta batalla no pertenece a Trump, a CNN, a Politico ni a ninguna cadena de televisión. Pertenece a los ciudadanos. Son ellos quienes necesitan información para decidir, votar, exigir cuentas y comprender qué hacen quienes gobiernan en su nombre. Y cuando el poder comienza a decidir qué versión merece ser escuchada, la primera víctima no es el periodista al que dejan fuera de una sala. Es el ciudadano al que dejan sin posibilidad de conocer la otra versión.
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