Donald Trump nunca ha ocultado su animadversión hacia buena parte de los medios de comunicación estadounidenses. Los acusa de mentir, perseguirlo políticamente, manipular información y actuar como adversarios antes que como periodistas. Es una batalla que comenzó mucho antes de su regreso a la Casa Blanca y que le ha resultado políticamente rentable. Pero la confrontación ha entrado ahora en un terreno diferente: ya no hablamos solamente de un presidente que ataca a la prensa desde un micrófono o desde sus redes sociales. Hablamos del poder utilizando su capacidad institucional para decidir qué medios pueden cubrirlo y cuáles deben quedarse afuera.
La decisión de retirar el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico llevó el enfrentamiento hasta los tribunales. Los medios sostienen que fueron castigados por el contenido de su cobertura; la administración argumenta que el acceso a determinados espacios presidenciales no constituye un derecho ilimitado y ha invocado también razones relacionadas con la seguridad. Un juez federal ordenó temporalmente restituir las acreditaciones mientras continúa el litigio. Todavía no existe una resolución definitiva sobre el fondo, pero el episodio plantea una pregunta que trasciende a Trump: ¿puede un gobernante escoger a los periodistas que lo cubren dependiendo de si le gusta o no lo que publican?
La respuesta importa porque los periodistas no tienen derecho a ser amigos del presidente. Tampoco deberían asumirse como sus enemigos. Su responsabilidad consiste en informar sobre él, cuestionarlo, verificar sus afirmaciones y, cuando existan elementos para hacerlo, exhibir contradicciones o decisiones cuestionables. Pueden hacerlo bien o mal. Pueden equivocarse. Pueden tener líneas editoriales perfectamente identificables y hasta sesgos evidentes. Los ciudadanos tienen derecho a criticarlos, dejar de consumirlos o desconfiar de ellos. El presidente también puede hacerlo.
Lo distinto es utilizar los instrumentos del Estado para castigarlos.
Y aquí conviene hacer una precisión porque el debate estadounidense se ha contaminado tanto por la polarización que pareciera obligatorio escoger entre Trump y los medios. No es así. Defender la libertad de prensa no significa sostener que CNN, Politico o cualquier otra organización periodística siempre tenga razón. Tampoco implica negar que el periodismo estadounidense atraviesa una profunda crisis de credibilidad.
Ha cometido errores importantes. La frontera entre información y opinión se ha vuelto borrosa en algunos espacios. Existen periodistas convertidos en figuras políticas, comentaristas que presentan interpretaciones como si fueran hechos y audiencias que solamente consumen aquello que confirma lo que ya creen. Las empresas informativas, además, tienen intereses económicos y compiten ferozmente por audiencias en un mercado donde la indignación suele producir más tráfico que la explicación.
Trump ha sabido explotar esas debilidades como pocos políticos contemporáneos.
Su expresión “fake news” dejó de ser únicamente una acusación contra determinada información falsa y terminó convirtiéndose en una etiqueta para desacreditar medios completos. Para millones de sus seguidores, la confrontación con la prensa constituye incluso una prueba de autenticidad: si determinados medios atacan al presidente, interpretan que eso confirma que está enfrentándose al establishment.
El problema comienza cuando esa narrativa deja el terreno político y entra al institucional.
La Casa Blanca no pertenece al presidente que temporalmente la ocupa. Es la sede del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Los periodistas acreditados no ingresan para recibir un favor personal del mandatario, sino para informar sobre decisiones tomadas por funcionarios públicos. Convertir ese acceso en premio por buena conducta editorial produciría una consecuencia bastante evidente: los medios tendrían incentivos para suavizar sus coberturas con tal de conservarlo.
Entonces la censura ni siquiera necesitaría una ley.
Bastaría la amenaza de cerrar una puerta.
El precedente resulta más importante que los nombres involucrados. Quien hoy celebra que Trump excluya a un medio considerado hostil debería preguntarse si aceptaría exactamente la misma facultad cuando gobierne alguien situado en el extremo político contrario. Las reglas democráticas no pueden depender de quién ocupa temporalmente el poder.
Ese es precisamente el sentido de las libertades: proteger derechos incluso cuando resulta incómodo hacerlo.
También explica la reacción de otras organizaciones informativas. El conflicto dejó de ser exclusivamente una disputa entre Trump y tres medios para convertirse en una discusión sobre las condiciones bajo las cuales la prensa puede cubrir al gobierno. No todas las empresas periodísticas estadounidenses tienen la misma línea editorial. Algunas han sido abiertamente críticas del presidente; otras mantienen posiciones más favorables. Pero permitir que la administración establezca criterios basados en el contenido abre una puerta que después podría utilizar cualquier otro mandatario.
Los precedentes sobreviven a los gobernantes.
Trump, además, posee una habilidad extraordinaria para convertir sus enfrentamientos con los medios en acontecimientos políticos. Cada disputa refuerza ante sus seguidores la imagen de un presidente dispuesto a combatir a las élites informativas. Los medios responden, el conflicto aumenta, crece la audiencia y ambos terminan alimentando una relación de confrontación que lleva años funcionando.
Pero gobernar no es conducir un programa de televisión.
La Presidencia posee instrumentos que ningún periodista tiene. Controla agencias, presupuestos, información clasificada y una enorme maquinaria institucional. Por esa diferencia de poder, la responsabilidad del gobernante frente a la crítica necesariamente debe ser mayor.
Eso no exonera al periodismo.
Una noticia incorrecta debe corregirse. Una acusación necesita pruebas. La separación entre información y opinión debería recuperar claridad. La credibilidad periodística no se protege invocando la libertad de expresión cada vez que alguien cuestiona una cobertura; se protege haciendo buen periodismo.
Pero esa responsabilidad no puede ser determinada por el gobierno.
El presidente puede responder, criticar, desmentir, exhibir errores e incluso acudir a los tribunales cuando considere que existe una causa jurídica. Lo que resulta peligroso es que la autoridad pueda decidir qué periodistas merecen acceso dependiendo del trato que recibe de ellos.
Porque el poder siempre encontrará razones para preferir preguntas cómodas.
Y una prensa que solamente formula preguntas cómodas quizá siga llamándose prensa.
Pero habrá dejado de cumplir su función más importante.
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