La edil advirtió que se investigan presuntas irregularidades administrativas, desvíos de recursos públicos y conflictos de interés que podrían derivar en responsabilidades tanto administrativas como penales
La regidora Melissa Madero lanzó un posicionamiento contundente al señalar la necesidad urgente de justicia en Puerto Vallarta, al tiempo que anunció que ya trabaja con autoridades estatales y federales en la recopilación de información sobre posibles actos de corrupción dentro del actual gobierno municipal.
La edil advirtió que se investigan presuntas irregularidades administrativas, desvíos de recursos públicos y conflictos de interés que podrían derivar en responsabilidades tanto administrativas como penales.
Las indagatorias, según explicó, no se limitan a un área específica, sino que alcanzan a diversas dependencias y actores del Ayuntamiento, incluyendo al propio presidente municipal Luis Ernesto Munguía González, así como a funcionarios de distintos niveles, regidores, organismos descentralizados y áreas clave como Comunicación Social, el DIF Municipal, COMUDE y Cultura.
Este señalamiento exhibe un patrón preocupante de opacidad y manejo cuestionable de los recursos públicos durante la actual administración.
Como parte de estas acciones, Madero informó que ya presentó ante el Congreso del Estado de Jalisco una solicitud formal de juicio político contra Munguía González, argumentando presuntas violaciones graves y sistemáticas a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
La solicitud también pide analizar la posible aplicación de sanciones, que podrían incluir la destitución e inhabilitación del alcalde, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y el nivel de inconformidad con la gestión municipal.
La regidora fue enfática al señalar que Puerto Vallarta no puede seguir bajo un gobierno marcado por la opacidad, el silencio y el manejo incierto del dinero público.
En un mensaje claramente crítico hacia la administración actual, sostuvo que la ciudadanía merece claridad, respuestas y un ejercicio del poder responsable, advirtiendo que cualquier funcionario que haya abusado de su cargo deberá enfrentar consecuencias legales, sin privilegios ni impunidad.
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