Un total de diez personas han sido detenidas por los hechos violentos registrados tras la marcha ciudadana del domingo en el Centro Histórico de Guadalajara, convocada para exigir agua de mejor calidad.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que cinco de los arrestados fueron identificados como presuntos responsables de lanzar bombas molotov y provocar incendios en los accesos al Congreso del Estado y al Palacio de Justicia.
El saldo también incluye seis civiles atendidos por personal médico y 17 policías estatales lesionados, ninguno de gravedad, aunque en el balance inicial se reportaron 18 elementos atendidos. Asimismo, seis personas requirieron atención por parte de paramédicos y dos fueron trasladadas a unidades médicas.
Los daños materiales ocasionados en edificios públicos, plazas y establecimientos comerciales podrían superar los 15 millones de pesos, estimó Zamora.
Entre los sitios afectados se encuentran Palacio de Gobierno, el Congreso estatal, el Poder Judicial, Plaza Liberación y Plaza de Armas; además, seis comercios reportaron afectaciones por actos de rapiña, por lo que las autoridades anunciaron que buscarán respaldar a sus propietarios para reparar las pérdidas.
En paralelo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que mantiene abierta una investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos y pidió esclarecer la presunta participación de infiltrados en las movilizaciones del 11 y 18 de octubre.
Según el organismo, asistentes a la protesta denunciaron la presencia de grupos que habrían lanzado petardos contra manifestantes, mientras que más de mil personas continuaron posteriormente hacia Palacio de Gobierno en una concentración que la Comisión describió como pacífica.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció la participación de quienes se manifestaron sin recurrir a la violencia y sostuvo que su administración tomó en cuenta las exigencias ciudadanas relacionadas con la calidad del agua.
Sin embargo, atribuyó los disturbios a intereses políticos que, afirmó, buscan generar inestabilidad en la entidad.
El mandatario reiteró que los trabajos para mejorar el suministro y la calidad del agua continúan, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La CNDH, a su vez, señaló que dará seguimiento a las personas sujetas a proceso y expresó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco no respondió a una solicitud de reunión ni entregó un expediente requerido durante cinco días de diligencias.
Sobre el autor
