El Ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta dificultades financieras que ya repercuten en la prestación de servicios públicos y en la continuidad de programas sociales, de acuerdo con declaraciones del regidor Víctor Manuel Bernal Vargas.
El edil señaló que la administración encabezada por Luis Ernesto Munguía González mantiene pasivos de corto plazo con proveedores por aproximadamente 403 millones de pesos, situación que también estaría complicando el cumplimiento de compromisos económicos.
Entre los servicios afectados se encuentran las Clínicas del Doctor Tucán, que permanecen cerradas desde hace más de un mes.
Aunque inicialmente el alcalde atribuyó el cierre a una auditoría, Bernal Vargas indicó que existe un adeudo pendiente con uno de los proveedores, lo que apunta a dificultades para mantener la operación de este programa municipal.
En materia educativa, el regidor también advirtió que continúan pendientes diversos apoyos destinados a estudiantes, entre ellos uniformes, calzado, mochilas y tabletas electrónicas que fueron anunciados durante 2025.
Explicó que la entrega de estos beneficios correspondía a un convenio entre el municipio y el Gobierno de Jalisco, pero la parte municipal no se ha cumplido, presuntamente por falta de recursos.
Asimismo, mencionó que el presupuesto contemplaba alrededor de 18 millones de pesos para este rubro y que todavía existe una deuda con el proveedor del año pasado.
La falta de apoyos ha generado preocupación entre padres de familia y comunidades escolares que esperaban recibir los materiales comprometidos.
Otro de los programas afectados es el seguro escolar, cuya contratación no se concretó debido a que la licitación fue declarada desierta ante la falta de participantes interesados, según explicó Bernal Vargas.
Esta situación ha encendido las alertas entre padres y docentes, especialmente después de que se reportaran accidentes de estudiantes que podrían requerir cobertura médica.
El panorama expuesto por el regidor refleja los desafíos que enfrenta el gobierno municipal para sostener sus programas y cumplir con los compromisos adquiridos, mientras persisten los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y las medidas que se implementarán para regularizar los pagos y restablecer los servicios suspendidos.
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