En septiembre del año pasado publiqué dos artículos en los que di a conocer la forma en que una empresa desarrolladora se negó a devolverme 600 mil pesos que yo había pagado como enganche de un terreno en un fraccionamiento de la ciudad.
Tras el incumplimiento de los plazos de entrega del terreno, principalmente por el atraso en la introducción de los servicios básicos, decidí cancelar de común acuerdo el contrato de compra-venta y firmamos un convenio para la devolución del citado anticipo en tres mensualidades.
Por desgracia se venció el plazo estipulado en el convenio y la empresa jamás me reintegró el dinero en cuestión, sin explicación de por medio; simplemente me daban largas al principio asegurando que “la próxima semana sin falta se le hace un pago”, hasta que ya ni siquiera me dieron explicaciones.
Simplemente se negaron a pagar.
Esa situación me impulso a denunciar públicamente la forma en que muchos vendedores de bienes raíces literalmente te engañan prometiendo cosas que no está en sus manos cumplir.
Con el ánimo de no generar un conflicto con la empresa desarrolladora, mi denuncia pública se centró en el papel que juegan los vendedores de terrenos, quienes a cambio de una comisión te embarcan en una aventura que no siempre termina bien.
La inmediata respuesta a mis dos publicaciones me llegó al día siguiente mediante un WhatsApp de Osiris Johana Mejía Batista, quien se ostentó como abogada del desarrollador deudor y me citó a dialogar en su oficina al día siguiente.
Justo al llegar a la cita comprobé que la oficina en cuestión correspondía al despacho de abogados Santa María, propiedad de Maximiliano Lomelí Cisneros, donde fui atendido por la joven abogada.
Resumido en pocas palabras, la abogada Mejía me informó que su representado estaba en la mejor disposición de llegar a un acuerdo conmigo y que a más tardar el día siguiente me estaría presentando una propuesta de acuerdo.
Pero lo que me llegó no fue una propuesta de pago, sino algo totalmente inesperado: tres días después de mi encuentro con la empleada de Maximiliano Lomelí Cisneros llegaron a mi casa varias personas ostentosamente armadas preguntando por mí.
Al no encontrarme en ese momento, los sujetos se retiraron sin mayor explicación, lo cual generó un profundo estado de pánico en mi familia. Después supe que eran agentes de la Fiscalía, aunque nunca se identificaron como fiscales, simplemente mostraron sus armas y preguntaron por mi, retirándose sin mayor explicación.
Luego de algunas gestiones logré confirmar de qué se trataba: el empresario desarrollador dueño del fraccionamiento en cuestión, el que se negaba a pagarme 600 mil pesos por la cancelación de la compra-venta, me había denunciado penalmente ante la Fiscalía por el presunto delito de amenazas y atentado contra la dignidad de las personas.
Me acusaba de haberlo difamado en redes sociales y haber puesto en riesgo su vida y la de su familia al exponer públicamente sus datos personales, por lo que pedía una orden de restricción en mi contra y una condena de cárcel por representar una amenaza real para su seguridad física y la de su familia.
Al final de la denuncia penal destacaban dos firmas, además de la del desarrollador que se negó a pagarme mi dinero: la del abogado Maximiliano Lomelí Cisneros y la de Osiris Jhoana Mejía Bautista, pese a que ésta última me aseguró que ella no litigaba derecho penal.
Una rápida revisión al cuerpo de la denuncia en mi contra arrojó que no había ni un solo elemento que me incriminara, porque ni siquiera al día de hoy he mencionado el nombre del desarrollador en alguno de mis artículos publicados.
Simplemente se trató de una abusiva jugada legal para tratar de asustarme, para ponerme de rodillas ante un empresario que por alguna razón decidió no pagarme mi dinero. Fue una artimaña de Maximiliano Lomelí para ajustar cuentas del pasado que siente tengo con él.
Lejos de asesorar profesionalmente a su cliente haciéndole ver que lo justo y lo decente era devolverme mis 600 mil pesos, lo embarcó en una chicanada legaloide para tratar de meterme a la cárcel, lo cual evidentemente no prosperó.
Pero queda para la reflexión la forma en que muchos abogados no se detienen ante nada con tal de cobrar sus agravios, y por supuesto sus jugosos honorarios, así sea pasando por encima de la ley.
Es julio del 2026, día 15 para ser exactos. Un anciano de nombre Juan Ramírez López es desalojado de su propiedad tras perder un largo litigio en contra de su nieta.
El suceso indignó a toda la sociedad vallartense porque un hombre de la tercera edad había sido despojado del patrimonio de toda su vida. Junto a él estaba Maximiliano Lomelí Cisneros, el abogado que aseguraba estar dispuesto a todo con tal de revertir esa barbaridad.
En los siguientes días Lomelí Cisneros desplegó una enorme campaña mediática para generar odio contra la nieta, hija y yerno de don Juan por haberlo presuntamente despojado de su patrimonio.
Tras haber perdido todas las instancias legales, Maximiliano Lomelí Cisneros decidió que el único recurso que le quedaba era litigar en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Lo veo en los noticieros, con Susana Carreño en la radio, rompiéndose las vestiduras por la forma abusiva en la que un anciano había sido despojado por sus mismos familiares.
Ayer mismo en las afueras de la Fiscalía, en compañía de don Juan, Lomelí Cisneros denunció una vez más el abuso de poder en contra de su representado, quien como parte del mismo juicio fue llamado a declarar en calidad de imputado.
Una vez más, como buen abogado que es, Max Lomelí le recomendó a su defendido no presentarse a declarar, aunque eso lo ponga en rebeldía. Ante la incapacidad de ganar el pleito con la ley en la mano, prefiere seguir litigando en las redes sociales, tratando de obligar a los jueces a tomar decisiones al margen de la ley sólo para quedar bien con las multitudes.
Extraña moralidad la de este abogado, que por un lado sale a la calle a denunciar un atropello en contra de un adulto mayor, y por la otra pide que se me encarcele cuando yo, que legalmente también soy un adulto mayor, pido a un desarrollador que me pague lo que me debe.
Veo a Susana Carreño dándole trato de gran estadista a Max Lomelí en sus programas de radio, al mismo que defiende los intereses de algunos desarrolladores que han despojado de su patrimonio a muchos de los vallartenses que la misma Susana defiende.
La realidad es que ambos pertenecen al mismo grupo político, son alfiles del Grupo Universidad y tal vez el año entrante los veamos haciendo mancuerna en algún proyecto político electoral.
Conocí a Max Lomelí hace casi 40 años, era un buen muchacho pero el dinero lo cambió. Hasta una estación de radio se compró, aunque el juguete le salió muy caro y apenas lo mantuvo unos meses.
Lástima por mi, que nunca estuve del lado correcto de su historia. Me hubiera gustado tenerlo de mi lado defendiendo mis intereses ante los embates de un desarrollador. Qué suerte tiene don Juan de ser amigo de Max, pero no le caería mal conseguirse un buen abogado.
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