Otra vez Cuba. Otra vez el mismo libreto con actores distintos —o a veces ni tan distintos— y el mismo desenlace: apretar hasta asfixiar y luego sorprenderse de que el paciente no camine. En las primeras semanas de 2026, Washington decidió subir el volumen del castigo. El presidente Donald Trump firmó el 30 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana y, como cereza retórica del pastel, declaró que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La frase no es nueva. El tono sí es más agresivo. Y el contexto, mucho más cruel.
Porque Cuba no atraviesa un mal momento cualquiera. Lleva al menos cinco años en una crisis profunda, corrosiva, que se cuela por cada rendija de la vida cotidiana. No hay combustible suficiente para mover el país; la electricidad se va con una regularidad que ya ni indigna, solo cansa; la economía se encogió hasta volverse una camisa imposible; la migración se volvió una válvula de escape masiva. En ese escenario, anunciar que se castigará a quien venda petróleo a la isla no es una decisión técnica ni un gesto simbólico: es una sentencia.
¿Amenaza excepcional? ¿A quién, exactamente? ¿A qué flota, a qué arsenal, a qué capacidad ofensiva? Cuba, con apagones de ocho horas y hospitales sin insumos, no parece el villano de una película de espías. Pero la política estadounidense hacia la isla rara vez se ha llevado bien con la lógica. Ha sido, más bien, una mezcla de obsesión, revancha histórica y cálculo electoral.
El decreto de Trump no solo apunta a La Habana. Envía un mensaje claro a terceros: comerciar con Cuba tiene costo. Es una forma de extraterritorialidad disfrazada de defensa nacional. Y no importa si el país sancionado es pequeño o grande, aliado o neutral; la advertencia está hecha. El cerco se aprieta por fuera porque por dentro ya no hay mucho más que apretar.
El impacto inmediato fue la preocupación, que en Cuba se vive como una sombra permanente. Combustible y electricidad no son lujos; son la base mínima para que una sociedad funcione. Sin energía no hay transporte, ni industria, ni alimentos refrigerados, ni servicios básicos. Castigar el acceso al petróleo en un país que ya camina con muletas es empujarlo por el precipicio.
Desde Washington se insiste en que las sanciones buscan presionar al gobierno cubano para que cambie. El problema es que, en la práctica, quienes pagan la cuenta son los de siempre: la gente común. El mecánico que no puede trabajar porque no hay luz, la enfermera que llega a su turno en bicicleta, el anciano que pasa la noche en vela esperando que regrese el ventilador. La historia lo ha demostrado una y otra vez: el bloqueo —porque así se vive, más allá del nombre que se le ponga— no democratiza, no moderniza y no libera. Empobrece.
Hay, además, una paradoja que pocos quieren mirar de frente. Estados Unidos declara a Cuba “amenaza excepcional” mientras ignora amenazas reales y comprobables a su seguridad, dentro y fuera de sus fronteras. La etiqueta sirve para justificar medidas duras, para mantener viva una narrativa que rinde frutos políticos en ciertos estados clave, para alimentar la idea de un enemigo persistente que nunca termina de caer. Es una política congelada en el tiempo, incapaz de leer el presente.
El endurecimiento de 2026 llega, además, cuando América Latina atraviesa un momento de reacomodos. Países que no necesariamente simpatizan con el modelo cubano tampoco ven con buenos ojos la imposición de castigos a terceros por comerciar. El decreto de Trump tensará relaciones, obligará a tomar decisiones incómodas y, de paso, reforzará la percepción de que Washington sigue prefiriendo el garrote al diálogo.
En Cuba, mientras tanto, la noticia se traduce en horas sin luz y en colas más largas. No hay épica posible cuando el refrigerador está vacío. El discurso de resistencia puede sostenerse un tiempo, pero la vida diaria no se alimenta de consignas. Cada medida que restringe el acceso a energía empuja a más personas a irse, a más familias a separarse, a más jóvenes a perder la fe en cualquier futuro posible dentro de la isla.
Quienes defienden el decreto dirán que la culpa no es de Estados Unidos, que el problema es el sistema cubano, su ineficiencia, su cerrazón. Hay algo de verdad en eso. Cuba necesita reformas profundas, urgentes, valientes. Pero castigar el combustible no acelera las reformas; las hace más difíciles. No abre espacios; los clausura. No fortalece a la sociedad civil; la deja sin herramientas.
Lo más preocupante es la normalización del daño. El anuncio se consume como una nota más en el flujo informativo global, compite con guerras, elecciones y escándalos, y pronto se olvida. Pero en la isla sus efectos se sienten cada día. El silencio internacional, cómodo y distante, termina siendo cómplice.
Estados Unidos tiene todo el derecho a definir su política exterior. Lo que no tiene es la obligación de repetir los errores del pasado. Medio siglo de sanciones no logró el objetivo declarado. Insistir ahora, en un momento de fragilidad extrema, no parece una estrategia: parece una vendetta.
Cuba no es una amenaza excepcional. Es un país exhausto. Y tratar el agotamiento como si fuera un ataque solo garantiza más sufrimiento y menos soluciones. Tal vez ya va siendo hora de que, desde Washington, se atrevan a probar algo distinto. Porque apretar más el nudo no lo desata; solo deja menos aire para respirar.
Opinión.salcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1
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